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Con alarmante frecuencia, en el mundo del fútbol lo esencial pasa a un segundo plano. Mientras la sociedad es desbordada por la violencia, la corrupción y la pérdida de valores, el deporte es invadido por intereses corporativos, pasionales o mafiosos, que suelen ocultar intereses subalternos.
El 20 de julio, el juez de Cerro Largo, Enrique Falco, procesó sin prisión a ocho jugadores de Cerro y a tres de Cerro Largo por “riña en espectáculo deportivo”. También sin prisión procesó por “lesiones” a un neanderthal (uno de los futbolistas) que arrojó una piedra a la tribuna e hirió en la cara a un hincha.
Pero los goles, la manija sobre algunos ídolos con pies de barro y la ceguera pasional arrumbarán esta noticia. Como ocurrió en noviembre de 2000 luego de que el ex juez penal Pablo Eguren procesara por riña con prisión a diez jugadores de Nacional y Peñarol y al director técnico aurinegro.
El fiscal de Cerro Largo, Alfredo Ruiz, señaló algo tan medular como inadvertido: “No tuvimos ninguna colaboración de la gente del fútbol, porque es un círculo muy cerrado y no van a denunciar a otro jugador, a personas allegadas o a gente de la seguridad del club. Sabíamos que iba a ser así”.
Ruiz, cuya función en el Ministerio Público es defender los intereses de la sociedad, desnudó en este caso lo que nadie combate y parece irreversible: el insólito blindaje de los llamados “códigos del fútbol”, “códigos del vestuario” o “códigos de la tribuna”.
En definitiva, códigos mafiosos que un día sí y otro también reivindican algunos dirigentes, técnicos, jugadores e hinchas. Los minusválidos morales que van pintando de negro una actividad deportiva que debería ser una fiesta multicolor.
En la mayoría de las instituciones esos hechos no se combaten. Solo conozco un caso —y la excepción confirma la regla—: el del presidente de Central, Gerardo Sotelo, cuando hace un tiempo trancó fuerte a un belicoso hincha de su cuadro que agredió a un dirigente de Rocha. Le prohibió el ingreso a las instalaciones palermitanas, pese a que la barra brava lo presionó.
El Tribunal de Penas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a los jugadores de la riña en Cerro Largo con suspensiones de entre tres y cinco partidos. Benévolo, si la sanción significa disuasión.
¿Que el Tribunal de la AUF está constreñido por los límites del Código de Penas? Pues bien, que alguien de ese mundo de guapos, en el que abundan juristas y magistrados, proponga modificarlo si se atreve a desafiar a los conspiradores. Porque en el fútbol actúan “los que ponen lo que hay que poner” y cobardes patotas y no hay ninguna diferencia entre esos hechos y la barbarie de los delincuentes que acosan a los ciudadanos. Y para estos se reclaman penas mayores o bajar la edad de imputabilidad.
¿Qué sucedería si empleados de una empresa cualquiera agredieran a empleados o consumidores de empresas rivales? No sólo serían procesados, sino que sus empleadores —avergonzados de tener en sus plantillas a energúmenos de esa calaña— los despedirían.
En el fútbol los empleadores actúan al revés. Olvidan que los jugadores son empleados de la empresa (que no es suya, sino de los socios) y que son personas públicas. Tanto, que otras empresas —incluso las del Estado— los toman como referencia para publicitar sus productos. Se transforman en ejemplo para niños y adolescentes que usan camisetas con sus nombres y los persiguen en busca de un autógrafo.
Lo sucedido en esta insignificante filial de la mayor multinacional del mundo, la FIFA, abona las suspicacias sobre un deporte convertido cada vez más en un gran negocio en el que especuladores, comerciantes, vanidosos o narco lavadores hacen su agosto a costa de millones de giles con cuyas emociones juegan.
Hace poco, el Supremo Tribunal de Justicia de Suiza demostró que el ex presidente de la FIFA, João Havelange, y su ex yerno Ricardo Teixeira —más de 20 años presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)— aceptaron sobornos multimillonarios durante la organización de mundiales de fútbol. La noticia también se arrumbó.
Havelange y Teixeira son los mismos que, como otros, han sido adulados por autoridades de la sede local de la multinacional, por representantes uruguayos en organizaciones internacionales del fútbol y por gobernantes que los recibían bajo palio. ¿Se debe a un reparto de tajadas? ¿O sólo se trata de un servilismo rastrero?
Un escándalo en la liga universitaria de fútbol (americano) acaba de dejar al descubierto abusos sexuales de un entrenador que la influyente Universidad de Pensilvania ocultó durante años para no dañar su imagen.
El presidente de la liga, Mark Emmet, aseguró que “el fútbol nunca volverá a ponerse por encima de otros valores como la educación y la protección de nuestros jóvenes”. Y cuestionó “la filosofía que hizo prevalecer la victoria y la heroicidad deportiva sobre la integridad, la honestidad y la responsabilidad”.
¿Otro país? ¿Otro deporte? ¿Otra dimensión? Sin duda, pero la esencia y los bienes a proteger son los mismos que en Cerro Largo.
