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    jueves 13 de junio de 2024

    Los médicos de las tabacaleras

    Nº 2255 - 14 al 20 de Diciembre de 2023

    Aunque hoy probablemente pocos lo recuerden, hubo un tiempo en que algunos médicos cuestionaban el papel negativo del tabaco en la salud de los fumadores o, incluso, recomendaban fumar. Y es que, si bien fumar no fue considerado algo peligroso o negativo durante más de medio siglo, fue en fechas tan recientes como 1979 que un puñado de médicos aceptó ser financiado por las tabacaleras con el objetivo principal, subrayado por Colin H. Stokes, antiguo presidente de la tabacalera R. J. Reynolds y convocante de esos profesionales, de desarrollar “un amplio cuerpo de datos científicamente bien fundamentados, útil para defenderse de los ataques a la industria”.

    Los estudios desarrollados por esos médicos afirmaban, entre otras cosas, que el consumo de tabaco no necesariamente estaba vinculado al cáncer de pulmón, el endurecimiento de las arterias y el envenenamiento por monóxido de carbono. Que esas ideas, que eran el respaldo de los pesados impuestos que tenía el tabaco ya entonces, carecían de fundamento científico. “Reynolds y otros fabricantes de cigarrillos hemos reaccionado ante estas afirmaciones no demostradas científicamente, intensificando nuestra financiación de la investigación objetiva de esas cuestiones”, afirmaba orgulloso Stokes.

    La idea de que una industria se encargue de crear su propia “evidencia” puede parecer rara o excesiva. Sin embargo, eso es lo que hacen todas las industrias del mundo cuando tienen recursos para hacerlo y tienen, a la vez, un fuerte interés en conservar sus márgenes de ganancia. Por eso durante décadas fueron médicos, actores, odontólogos y celebridades varias quienes se encargaron de protagonizar las campañas publicitarias de la industria tabacalera. Algo que nos resulta completamente a contramano hoy, era moneda corriente hace no tanto. Y, de hecho, de formas quizá un poco menos alevosas, sigue siendo moneda corriente hoy.

    Algo así ocurre cuando el noticiero central de un canal abierto informa sobre la decisión del Poder Ejecutivo de contemplar los reclamos realizados por la plataforma sueca Spotify, diciendo que finalmente esta no deberá pagar dos veces por el mismo contenido. Es decir, comprando sin el menor rigor periodístico lo que Spotify ha venido declarando desde hace meses, cuando inició su campaña de marketing contra los cambios que se introdujeron en la Rendición de Cuentas. Cualquiera que se haya tomado la molestia de mirar el asunto de cerca debería saber que no existe ese doble pago del que habla Spotify, sino que se trata de dos derechos distintos. Uno de ellos, el de intérprete, que ya se paga en el ámbito analógico (discos y radios de aire) y que fuera directamente jopeado cuando los sellos firmaron con plataformas como Spotify. Lo que implica, claramente, responsabilidad de los sellos, callados en todo este entuerto.

    Una multinacional que, alcanza con hacer dos clics en internet, ha sido cuestionada en muchas partes del mundo por lo opacos que son los acuerdos que suscribe con sellos y artistas. Ya solo eso debería lograr que el periodista se cuestionara sobre la necesidad de mirar desde una perspectiva tercera, una que no se limite a reproducir el marketing de la empresa, que es, obviamente, parte interesada y no neutra. Ojo, esto no implica asumir automáticamente como bueno lo que fue votado por unanimidad por un Parlamento soberano en respuesta a la solicitud de un lobby, pequeño, pero lobby al fin, como es el de las gestoras de derechos de músicos intérpretes. Pero sí debería bastar para cuestionarse sobre si el tabaco es tan inocuo como nos dice su industria.

    La estrategia de Spotify fue excelente: presentarse no como una empresa que busca, razonablemente, el beneficio, sino como una cuyo modesto cometido es seguir “conectando artistas con fans y apoyando el crecimiento de la industria local”. Fueron meses de bombardeo mediático y personal (no pago Spotify y, sin embargo, recibí varias apesadumbradas cartas suyas) en donde se desplazaba el eje del conflicto a la zona que más le conviene a la empresa: yo conecto al usuario con el arte, lo que ocurra con una parte no menor de esos artistas y sus derechos no es asunto mío. Así, ya no discutimos sobre los derechos de los intérpretes, sino que asustamos con nuestro retiro a los usuarios, que son muchos más y no tienen la menor idea (ni tienen por qué) de qué son los derechos de intérprete. Mejor aún, logramos el apoyo de un montón de músicos que tampoco saben lo que son los derechos de intérprete, porque estos jamás se han pagado en la única industria musical que ellos conocen, la digital. ¿Por qué Spotify comenzó su campaña cuando la ley era vaga y ni siquiera eran mencionados en ella? Porque puede, porque tiene el tamaño y la capacidad de presionar Estados, como ya lo hizo antes Google en España y Australia

    El texto redactado por el Poder Ejecutivo, que sustituye la vaguedad aprobada en el Parlamento, aclara que son los productores los responsables del pago a los intérpretes, en un auténtico gol en contra para los silenciosos sellos discográficos. “Los terceros que pongan a disposición dichos fonogramas o grabaciones audiovisuales o que los comuniquen al público, en ningún caso estarán obligados a pagar dicha remuneración ni serán objeto de reclamación alguna en virtud de los citados artículos”, excluyendo de manera explícita a “los intermediarios de internet por contenidos de terceros y aquellas plataformas digitales que ponen a disposición o comunican al público contenidos generados o subidos por sus usuarios”. Un texto perfectamente funcional al mundo desregulado que imponen las multinacionales digitales, tal como es funcional el vínculo entre empresa y empleado en Rappi o PedidosYa: lucro con tu trabajo, no quiero legislación local que entorpezca mi lucro y declaro que mi trabajo es acercar partes y nada más.

    Hay una línea muy delgada y fina entre ser un gobernante pragmático y uno que simplemente cobra al grito del lobby de turno. Algo de eso tuvo la redacción de los artículos incluidos en la Rendición de Cuentas, una redacción imprecisa y genérica que se limitaba a reconocer derechos y que, conociendo el paño multinacional, podía dar lugar a quejas como la de Spotify. La enmienda del Poder Ejecutivo es un poco más precisa pero también peca de ser un cobro al grito, el que pega de manera estratégica una poderosa multinacional, conocida por sus prácticas poco transparentes: no es posible saber a ciencia cierta cuánto paga Spotify a cada artista por cada reproducción.

    Ojalá el episodio sirva para entender el costo de la mala técnica legislativa, demostrada en el articulado original votado. También para poner en evidencia el escaso profesionalismo demostrado por los distintos actores, e incluyo acá a los músicos que no tienen idea de cómo funcionan los derechos que los protegen y que, según la feliz expresión de Martín Buscaglia, se comportaron como “víctimas del síndrome de Estocolmo”. Pero, por favor, no concluyamos que los enfermos de cáncer de pulmón son culpables por querer curarse y que el tabaco es una maravilla sin efectos colaterales. Por más que eso digan las tabacaleras y sus médicos a sueldo.