Los médicos de las tabacaleras

Los estudios desarrollados por esos médicos afirmaban, entre otras cosas, que el consumo de tabaco no necesariamente estaba vinculado al cáncer de pulmón, el endurecimiento de las arterias y el envenenamiento por monóxido de carbono. Que esas ideas, que eran el respaldo de los pesados impuestos que tenía el tabaco ya entonces, carecían de fundamento científico. “Reynolds y otros fabricantes de cigarrillos hemos reaccionado ante estas afirmaciones no demostradas científicamente, intensificando nuestra financiación de la investigación objetiva de esas cuestiones”, afirmaba orgulloso Stokes.

Una multinacional que, alcanza con hacer dos clics en internet, ha sido cuestionada en muchas partes del mundo por lo opacos que son los acuerdos que suscribe con sellos y artistas. Ya solo eso debería lograr que el periodista se cuestionara sobre la necesidad de mirar desde una perspectiva tercera, una que no se limite a reproducir el marketing de la empresa, que es, obviamente, parte interesada y no neutra. Ojo, esto no implica asumir automáticamente como bueno lo que fue votado por unanimidad por un Parlamento soberano en respuesta a la solicitud de un lobby, pequeño, pero lobby al fin, como es el de las gestoras de derechos de músicos intérpretes. Pero sí debería bastar para cuestionarse sobre si el tabaco es tan inocuo como nos dice su industria.

La estrategia de Spotify fue excelente: presentarse no como una empresa que busca, razonablemente, el beneficio, sino como una cuyo modesto cometido es seguir “conectando artistas con fans y apoyando el crecimiento de la industria local”. Fueron meses de bombardeo mediático y personal (no pago Spotify y, sin embargo, recibí varias apesadumbradas cartas suyas) en donde se desplazaba el eje del conflicto a la zona que más le conviene a la empresa: yo conecto al usuario con el arte, lo que ocurra con una parte no menor de esos artistas y sus derechos no es asunto mío. Así, ya no discutimos sobre los derechos de los intérpretes, sino que asustamos con nuestro retiro a los usuarios, que son muchos más y no tienen la menor idea (ni tienen por qué) de qué son los derechos de intérprete. Mejor aún, logramos el apoyo de un montón de músicos que tampoco saben lo que son los derechos de intérprete, porque estos jamás se han pagado en la única industria musical que ellos conocen, la digital. ¿Por qué Spotify comenzó su campaña cuando la ley era vaga y ni siquiera eran mencionados en ella? Porque puede, porque tiene el tamaño y la capacidad de presionar Estados, como ya lo hizo antes Google en España y Australia

El texto redactado por el Poder Ejecutivo, que sustituye la vaguedad aprobada en el Parlamento, aclara que son los productores los responsables del pago a los intérpretes, en un auténtico gol en contra para los silenciosos sellos discográficos. “Los terceros que pongan a disposición dichos fonogramas o grabaciones audiovisuales o que los comuniquen al público, en ningún caso estarán obligados a pagar dicha remuneración ni serán objeto de reclamación alguna en virtud de los citados artículos”, excluyendo de manera explícita a “los intermediarios de internet por contenidos de terceros y aquellas plataformas digitales que ponen a disposición o comunican al público contenidos generados o subidos por sus usuarios”. Un texto perfectamente funcional al mundo desregulado que imponen las multinacionales digitales, tal como es funcional el vínculo entre empresa y empleado en Rappi o PedidosYa: lucro con tu trabajo, no quiero legislación local que entorpezca mi lucro y declaro que mi trabajo es acercar partes y nada más.

Hay una línea muy delgada y fina entre ser un gobernante pragmático y uno que simplemente cobra al grito del lobby de turno. Algo de eso tuvo la redacción de los artículos incluidos en la Rendición de Cuentas, una redacción imprecisa y genérica que se limitaba a reconocer derechos y que, conociendo el paño multinacional, podía dar lugar a quejas como la de Spotify. La enmienda del Poder Ejecutivo es un poco más precisa pero también peca de ser un cobro al grito, el que pega de manera estratégica una poderosa multinacional, conocida por sus prácticas poco transparentes: no es posible saber a ciencia cierta cuánto paga Spotify a cada artista por cada reproducción.

Ojalá el episodio sirva para entender el costo de la mala técnica legislativa, demostrada en el articulado original votado. También para poner en evidencia el escaso profesionalismo demostrado por los distintos actores, e incluyo acá a los músicos que no tienen idea de cómo funcionan los derechos que los protegen y que, según la feliz expresión de Martín Buscaglia, se comportaron como “víctimas del síndrome de Estocolmo”. Pero, por favor, no concluyamos que los enfermos de cáncer de pulmón son culpables por querer curarse y que el tabaco es una maravilla sin efectos colaterales. Por más que eso digan las tabacaleras y sus médicos a sueldo.