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El Ministerio del Interior pretende conocer cuál es el efecto en la seguridad pública de las cámaras personales que usan los policías y cómo se puede cambiar su uso para mejorar las cifras de delitos. La iniciativa se da en un contexto particular: mientras la cantidad de cámaras va en aumento para intentar abarcar a todos los efectivos, algunas instituciones han observado a la Policía por un supuesto mal empleo de la tecnología.
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El ministerio realizó un llamado para la contratación de una consultoría externa que incluye la capacitación en el tema a los formadores de la Policía Nacional, la elaboración de un manual didáctico y entrevistas en profundidad a funcionarios policiales y a ciudadanos. El manual explicará conceptos sobre justicia procesal y legitimidad policial, citará la legislación nacional en la materia y también repasará buenas prácticas en departamentos de Policía extranjeros.
Respecto a lo operativo, la consultoría debe proveer una guía para el mantenimiento que los efectivos deben hacer a las cámaras y defnir su uso según el contexto donde se da, de acuerdo al llamado al que accedió Búsqueda.
En la actualidad hay alrededor de 2.000 cámaras personales en la Policía Nacional. Comenzaron a utilizarse de forma piloto en 2013 en la Dirección de Información Táctica y en el Grupo de Reserva Táctica para filmar allanamientos, manifestaciones, desalojos, registros de lugares, vigilancias y partidos de fútbol y básquetbol. Su empleo fue extendiéndose a otras actividades policiales y los equipos se aplican hoy en operativos que incluyen controles de tránsito y ferias barriales.
Las últimas cámaras tienen botón de disparo de fotos, protección antivandálica, un tiempo mínimo de grabación de nueve horas, capacidad de grabación con poca luminosidad y el lenguaje del sistema operativo en español. Fueron adquiridas mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser destinadas a la Policía Comunitaria Orientada a Problemas y al Programa de Alta Dedicación Operativa.
El objetivo del ministerio es que todos los policías puedan salir a la calle con una cámara digital colgada de un arnés en sus uniformes, para lo cual prevé recibir otro préstamo del BID y comprar 600 unidades más a utilizarse en tareas de prevención y control del delito. El apoyo económico de ese organismo se da en el marco de un programa de seguridad internacional que lidera y busca reducir el delito —particularmente las rapiñas y la violencia doméstica— en ciertos territorios socioeconómicamente complejos de Montevideo.
El banco ha remarcado oficialmente que la compra de las cámaras tiene como objetivo “el aumento de la justicia procesal policial, así como de la legitimidad de la institución por parte de la ciudadanía”, ya que están “destinadas a reducir abusos y proveer garantías, tanto por parte de funcionarios policiales como por parte de ciudadanos”.
Justamente, los dispositivos han generado polémica respecto a su legitimidad luego de que el año pasado la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay planteara en el Parlamento que la Policía no utiliza la tecnología para registrar la totalidad de sus procedimientos, por lo que en ocasiones lo que se graba está editado y no tiene validez legal. Aseguraron que así es posible para la Policía cometer irregularidades y abusos en sus procedimientos. Una crítica similar realizó también en el Poder Legislativo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).
En marzo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, organismo dependiente del Inddhh, planteó en un informe la “necesidad de regular el empleo de cámaras corporales de video para filmar operativos policiales en respaldo a los derechos de las personas detenidas y del propio personal policial”. En el documento sostenía que, antes de que se incorporen más cámaras, la Policía debía diseñar un protocolo sobre su activación y quiénes tienen la facultad de realizarla.
“El manejo de los momentos de grabación resulta un factor esencial teniendo presentes los riesgos de la captura parcial de imágenes o que se facilite una versión en la que solo se registra una parte de la intervención. Se recomienda al Ministerio del Interior avanzar en una definición precisa del uso de las cámaras corporales por la Policía que contemple quiénes tienen la potestad de hacer las grabaciones, cómo se regula el encendido y apagado de las cámaras y cómo se accede a los contenidos estableciendo un registro de quiénes lo hacen”, planteó el mecanismo.
El Inddhh pidió al ministerio información sobre si existían protocolos vinculados al uso de las cámaras, pero no obtuvo respuesta. En la Policía Nacional hay desde 2017 una orden de servicio escrita con carácter obligatorio que regula la utilización de los equipos.
