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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tendrá una mayor flexibilidad para contratar a organizaciones que atiendan a personas en situación de vulnerabilidad si se aprueba un artículo de la Rendición de Cuentas. Con esa medida, el gobierno busca evitar las constantes observaciones que el Tribunal de Cuentas aplica sobre esa Secretaría de Estado.
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El Mides es de los organismos que reciben más observaciones del Tribunal de Cuentas, en especial por sus contratos con organizaciones sociales que se dedican a la gestión de los refugios para personas que viven en la calle.
Para subsanar, el Mides incluyó un artículo en el proyecto de Rendición de Cuentas que ingresa este fin de semana al Parlamento en el que se solicita que se “flexibilicen los plazos” para poder hacer esas contrataciones, según explicó a Búsqueda la directora de Protección Integral en Situaciones de Vulnerabilidad del ministerio. La flexibilidad se pide para la contratación de monotributistas y cooperativas con quienes el Mides opera.
Al comparecer a mediados de junio en la Comisión de Población de Diputados, la ministra Marina Arismendi adelantó a lo legisladores que realizarían esta propuesta, aunque aclaró que no será “para cualquier cosa”. “Pedimos que se faciliten algunos procedimientos” para evitar las observaciones del Tribunal de Cuentas cuando se contrata a organizaciones para la gestión de refugios.
Las gestiones de los refugios “traen como consecuencia licitaciones, contrataciones, alquileres y cuestiones que muchas veces no son del agrado del Tribunal de Cuentas. Y yo digo acá qué es lo que hago, porque no estoy ocultando nada: si tengo que elegir entre poner a una mujer con niños en un hotel o dejarla en la calle, aunque sé que eso lo va a observar el Tribunal de Cuentas, me va a observar el Tribunal de Cuentas. Y yo les voy a decir a sus integrantes: ‘Tienen razón, perdonen, pero yo voy a reiterar el gasto’”, dijo la ministra.
Que el Tribunal de Cuentas intervenga al Mides por gastos fuera de la normativa es algo normal, según autoridades del organismo de contralor. “Prácticamente, en todas las sesiones tenemos expedientes vinculados a ese ministerio”, dijo en mayo del año pasado el ministro Ruperto Long al portal Ecos. En varios casos, el Mides reiteró el gasto pese a las observaciones, agregó el jerarca.
Los principales cuestionamientos del tribunal al Mides pasan por el principio de ejecución, es decir, a cuando se comienza a pagar un servicio sin que el proceso de contratación se complete. Es lo que pasa generalmente con los refugios. El Mides comienza a pagar a la organización pese a que el expediente no finalizó su recorrido. También se observa el gasto al realizar compras directas cuando deberían llamar a licitación, según la normativa.
Cambios en la sociedad.
En la comisión de Diputados, Arismendi relató a los legisladores las dificultades por las que pasan para abrir refugios. “En algunas cosas la sociedad cambió para mal”, dijo, y se refirió a los problemas que surgen cuando deben alquilar un local para recibir a gente que vive en la calle. “Ningún dueño de casa que la ponga en alquiler, ni ninguna inmobiliaria, se desmelenan por alquilarnos a nosotros, y menos con precios que pudieran ser aceptables, o, aunque no fueran aceptables, como también hemos alquilado. Y después hay vecinos para los que todo está muy lindo, pero dicen: ‘No me lo pongas en la esquina’”.
“Estas son las cosas nuevas que surgen y si no hubiéramos trabajado para tener 48 centros; si no hubiéramos trabajado en esta modalidad a la que referimos; si no hubiéramos atacado esta cosa nueva que aparece de los campamentos, todas estas personas estarían en la calle”, afirmó.