A pedido de un juez, la empresa Alcoholes del Uruguay (Alur) entregó información de las ofertas que se presentaron para la construcción de una planta de etanol en Paysandú. Quienes recibieron los documentos fueron los empresarios que acusaron a la sociedad anónima estatal de sobreprecios en el costo de esa obra.
Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa, demandados ante la Justicia por Alur y por el ex presidente de Ancap y actual candidato a la vicepresidencia Raúl Sendic luego de haber cuestionado el proceso competitivo, solo recibieron cinco de las ofertas, según dijeron a Búsqueda. La información que obtuvieron, sostienen, confirma que hubo una “sobrefacturación monstruosa” y que el proceso estuvo “direccionado” para que ganara la española Abengoa (Teyma en Uruguay).
Las acusaciones sobre los precios que se manejan para la obra surgieron a mediados de 2012, cuando el senador blanco Jorge Saravia dijo que sospechaba de una “maniobra” por la cual alguien “se lleva 50 palos verdes”, dado que no le cerraban los números (Búsqueda Nº 1.665). Luego Pérez Morgan y Correa concurrieron al Senado, donde hablaron de una sobrefacturación “monstruosa”. Como consecuencia, Alur y Sendic presentaron dos demandas contra ellos, una por “difamación” y la otra por “calumnias”. Aunque Alur mantenía la reserva sobre las cotizaciones presentadas, el 13 de junio el juez Pedro Salazar relevó a la empresa del secreto para que entregara esa información.
La planta de etanol ya está en construcción y se prevé que empiece a operar antes de fin de año. Producirá cada año 70.000 metros cúbicos de etanol a partir de sorgo para incorporar a las naftas. Usará 200.000 toneladas de grano que implicarán 50.000 hectáreas de cultivo. Además podrá producir alimento animal.
Alur invitó a ocho empresas para que presentaran sus cotizaciones. Según la información oficial, esas empresas fueron Abengoa, Elecnor, Praj, De Smet, APTI, Maguin, ICM y De Smet Ballestra. En mayo el presidente de Alur, Leonardo de León, informó a Búsqueda que seis de ellas presentaron ofertas que cumplían las condiciones; ICM presentó un estimativo que no fue tenido en cuenta y De Smet Ballestra no participó. El directivo dijo que la planta implicaría una inversión de U$S 73,3 millones y la obra civil U$S 9 millones, lo que suma los U$S 82,3 que cotizó Abengoa, la ganadora. A eso se suman las obras “periféricas”, que correrán por cuenta de Alur. De acuerdo a los datos de la sociedad anónima estatal, el monto total de la obra es de U$S 147 millones.
Ofertas.
Consultados por Búsqueda, los empresarios vinculados a la compañía brasileña Serrana Bioenergy afirmaron que van a “respetar” lo que les pidió el juez de mantener reserva sobre los “aspectos técnicos” de las ofertas, pero consideran que tienen “libertad de hablar sobre los temas económicos”.
En ese sentido, Pérez Morgan sostuvo que las ofertas “son todas de 40 o 45 millones de dólares”, que es lo que él sostenía que costaba la planta. Sin embargo, las autoridades “no explican cómo llegan a 80 millones”, que es aproximadamente el monto al que aumenta cuando se consideran los servicios de ingeniería.
Según Pérez Morgan, la diferencia entre el costo de la planta y el total cotizado incluye rubros por montos con “oscilaciones absurdas que van de U$S 800.000 a U$S 20 millones”.
Pérez Morgan y Correa afirmaron que solo recibieron cinco ofertas (Abengoa, Elecnor, Praj, De Smet y APTI), y que algunas de ellas fueron presentadas por otras empresas. En concreto, dicen que la oferta de la estadounidense APTI en realidad es de la española Isolux Corsán, cuyo tecnólogo es APTI.
Además, afirmaron, “hay ofertas que vienen sin firma, con copias simples”. Los empresarios sostienen que las de Abengoa, Elecnor y Praj “son las tres ofertas reales” y la de la empresa india Praj “fue la más barata”, aunque no fue adjudicada.
De la información recibida por Pérez Morgan y Correa surge que las ofertas de la planta rondan un valor de U$S 40 millones y con los servicios y obras de ingeniería suben a valores entre U$S 63 y 99 millones. La que ganó ofertó 82 millones y el monto final declarado por Alur es de U$S 147 millones, que incluye las obras periféricas, que las va a hacer Alur por su cuenta.
Según Pérez Morgan, “los periféricos son una caldera, los silos, el tratamiento de efluentes y otros”. Calcula en el entorno de los U$S 16 millones su costo total.
“A U$S 147 millones no llegan nunca, y con todos los elementos que nos dan acá no tenemos duda”, aseguró el empresario uruguayo radicado en Brasil.
“Como nosotros dijimos, hay una sobrefacturación monstruosa y esto está todo direccionado para Abengoa, no hay duda. Hay falta de transparencia”, opinó.
Correa dijo que “los elementos aportados por los denunciantes lo reafirman, e incluso surgen otros más preocupantes”.
“Calumnia”.
El lunes 21, Pérez Morgan y Correa no se saludaron con Sendic cuando se cruzaron dos veces en la sala de espera del juzgado penal de 17º turno, en el cuarto piso de la sede de la calle Juan Carlos Gómez.
La audiencia por la denuncia de Sendic contra los empresarios por “calumnias” se desarrolló de forma que cada uno declaró ante el juez Carlos García por separado. El candidato a vicepresidente presentó la demanda porque entiende que los hechos “se distorsionaron maliciosamente y provocan un daño a su imagen, porque son contrarios a la ética, al buen accionar y al buen nombre con ánimo e intención de ofender”, lo que está previsto en el artículo 179 del Código Penal, dijo a Búsqueda una fuente vinculada al caso.
En la audiencia Sendic ratificó la denuncia y la amplió aportando un bibliorato con varias notas periodísticas en las que los denunciados “en reiteradas oportunidades persistieron con la intención de seguir ofendiendo”.
De acuerdo a la versión de Sendic, se hizo un llamado internacional a “las ocho empresas del mundo que construyen plantas”, se presentaron las ocho y se formó una comisión asesora que no integró Sendic. Esa comisión resolvió “en función de elementos técnicos, y ninguna de las siete que quedaron por el camino objetó el proceso”.
La fiscal Raquel González le preguntó cómo llegó la convocatoria de los denunciados al Senado y Sendic respondió que tiene entendido que fue a través de Saravia. Además el ex presidente de Ancap dijo que uno de los integrantes de la empresa para la que trabajan los denunciados es cuñado del ex diputado frentista Esteban Pérez (Movimiento de Participación Popular) y “hacían sus vínculos” a través de él.
“La versión que dieron en la comisión es levantada a los tres días en la prensa. Allí se empieza a generar la ‘noticia criminal’”, dijo a Búsqueda el abogado de Sendic, Gumer Pérez. “Eso tiene un efecto amplificador”.
“Acá lo que no se puede juzgar es el proceso de licitación”, agregó el jurista. “El objeto de este juicio es probar si hay calumnia”.
Cuando salió del juzgado, Sendic hizo declaraciones a la prensa. “Se puede o no estar de acuerdo con la gestión que hemos hecho en Ancap, pero nadie, y no lo vamos a permitir, nadie puede poner en tela de juicio nuestro honor —afirmó—. Hemos tomado decisiones muy importantes y siempre hemos cuidado de que todas estén en el marco de las normas”.
“Son ellos los que tienen que demostrar (...) que hubo sobrefacturación y sobreprecio en esa planta. Nosotros estamos absolutamente tranquilos de ese proceso de adjudicación que se llevó adelante, (...) de que hemos hecho lo mejor para Ancap y para Alur en ese caso, y por eso hemos traído esta denuncia al juzgado”, sostuvo Sendic.
