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La Presidencia evalúa enviar a la Justicia el caso que enfrenta al empresario deportivo Francisco Casal con la Dirección General Impositiva (DGI) luego de recibir informes técnicos que sostienen que puede haber habido “errores” en perjuicio de Casal en las actuaciones llevadas adelante desde el año 2002.
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Según confió a Búsqueda una alta fuente del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía recibió informes “que contradicen los dictámenes emitidos oportunamente que habían llevado a la DGI a formular denuncias ante la Justicia y a obtener de la Justicia determinadas interdicciones sobre empresas del grupo”.
Entonces la Presidencia hizo consultas técnicas y recibió dictámenes que van “en el mismo sentido” que la información que había llegado al Ministerio: “Que cabe la posibilidad de que las actuaciones llevadas a cabo hubieran tenido errores”.
Los jerarcas consideran que como es posible que la administración haya cometido un error, al decidir qué hacer frente ello podría quedar en situación de “juez y parte”.
Entonces la Presidencia quiere acudir a una institución “objetiva e imparcial” para que decida “qué pasó, si hubo error y de quién es la responsabilidad”, dijo otro de los informantes, y evalúa presentar el caso ante la Justicia, aunque para eso faltan los informes finales y el “acto administrativo definitivo”.
Desde 2002 Casal y la DGI mantienen un diferendo sobre el pago de impuestos: el organismo recaudador sostiene que el empresario, además del impuesto sobre la transferencia de futbolistas al exterior, debería pagar el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio, y estima que debe al Estado unos U$S 100 millones. Casal lo niega.
En el año 2008 una jueza embargó al empresario y a empresas y personas allegadas a él por U$S 25 millones.