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A los ojos de muchos uruguayos, los supermercados que funcionan en el país pueden parecer grandes, cuando en realidad son “chicos” si se los compara con locales similares de otras partes del mundo. Eso “acota” su impacto positivo sobre la productividad, la generación de empleos y la instalación de otros comercios en sus inmediaciones.
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Así lo afirma Leandro Zipitría en un análisis publicado en la última edición de la revista de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo que se basa en una investigación que realizó ese economista junto a Fernando Borraz, Daniel Ferrés y Juan Dubra.
Zipitría acepta que la “entrada de supermercados tiende a expulsar a una parte de los pequeños competidores y fomentar el ingreso o la reconversión de otros”.
Pero luego remarca que la instalación de los súper tiene “efectos positivos” sobre el comercio en general, entre otras razones porque crea “más empleos de los que destruye”.
Las restricciones a la apertura de supermercados “han demostrado tener consecuencias perjudiciales para el empleo y la productividad y en algunos casos han sido contraproducentes para los propios comercios minoristas”, lo cual —apunta el investigador— “es pertinente para Uruguay”.
En términos de productividad, Zipitría explica que los supermercados se caracterizan por realizar importantes inversiones en centros de distribución, facturación, control de stock y en los propios establecimientos. Indica que ello permite “incrementar la productividad del trabajo, en relación a los demás comercios”. El “tamaño de los supermercados explica gran parte de la productividad”, afirma.
Agrega que si se verifican “grandes diferencias” en la productividad laboral eso posibilita que algunos supermercados sean “más eficientes”, lo que se “traduciría en menores precios” al público.
Impacto.
A fines de 2010 había en Uruguay 345 supermercados, de los cuales 201 se ubicaban en Montevideo, 39 en Canelones, 36 en Maldonado y el resto se distribuía entre los demás departamentos, que en general no tienen más de media docena, según cifras del MEF recogidas por Zipitría. La amplia mayoría de esos comercios tiene menos de 10 cajas.
Se refiere al hipermercado Géant —que cuenta con un salón de ventas de 11.000 metros cuadrados— como una excepción.
A la luz de esos datos, el economista concluye que el relativamente reducido tamaño de los supermercados en Uruguay limita el “impacto positivo” que en general los comercios de grandes superficies tienen sobre algunas variables como es la apertura de otro tipo de negocios. “Dado que el tráfico que generan está acotado, ello no induce el ingreso de otros comercios en la zona cercana”, afirma. También “acota los efectos positivos sobre la productividad” y la “generación neta de empleo”, añade.
Para el autor, esto se vincula con la regulación vigente para el sector. Por ley funcionan comisiones departamentales de protección de la micro, pequeña y mediana empresa comercial y artesanal que asesoran a las Intendencias Municipales sobre el impacto que tiene la ampliación o el establecimiento de un supermercado con una superficie mayor a los 200 metros cuadrados destinados a la venta.
Zipitría, que integró dichas comisiones entre 2006 y 2009 en representación del Poder Ejecutivo, opina que la normativa “no recoge” un “efecto clave”: los incrementos de productividad que generan estos emprendimientos en los sectores donde operan.
“Si bien no hay evidencia empírica específica para Uruguay, la literatura señala que estas empresas son fuente de incrementos en la productividad. Por tanto, limitar su ingreso o expansión repercute en forma directa sobre la productividad del sector. En momentos en los que las tasas de desempleo se encuentran en sus niveles más bajos históricamente, el crecimiento de la oferta de bienes y servicios tiene que surgir de importantes mejoras en la productividad del trabajo. Más aún, los emprendimientos más resistidos son los de mayor tamaño, los que son a su vez los más productivos”, comenta en el análisis.
En una línea similar se manifestó Dubra, otro de los autores del estudio, quien sostuvo en una columna publicada el lunes 11 en el suplemento “Economía & Mercado” de “El País” que la ley “está protegiendo cosas que no debería proteger” y que la misma debería ser “más permisiva” con la instalación de “grandes superficies”.
