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El resultado de la elección en la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) del 29 de agosto ocupó un segundo plano informativo pese a que produjo revolucionarios cambios de fondo e incertidumbres. Resulta absurdo que al ciudadano le atraigan más las elecciones en los clubes de fútbol, las inconducentes pullas partidarias, o los enfrentamientos guionados entre efímeras estrellas del mundo local del espectáculo, que el acontecer gremial de quienes en los tribunales definen sus asuntos familiares, comerciales y penales.
Es claro que la actividad gremial no se vincula directamente con las sentencias, pero también que estas tienen un anclaje en las leyes que aplican los jueces, sobre las cuales siempre opinan, ideológica y jurídicamente, antes de que se voten. Este gremio también ejerce presión sobre el sistema político, básicamente, en cuestiones económicas que los afectan, y ante la Suprema Corte de Justicia buscan marcar la cancha porque la batuta se agita en el Palacio Piria. Por esa razón algunos jueces actúan como lobbistas para intentar ubicar en el máximo organismo judicial a ministros afines a sus intereses o ideología, como ocurre hoy con la ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Selva Klett. Si se concreta su pase de organismo, estará en la Corte hasta el 1º de abril de 2026, cuando cumplirá 70 años.
Las urnas establecieron un cambio radical en la directiva de AMU, que estuvo dominada en los últimos 26 años por las históricas listas 1 y 2. Se repartieron el poder hasta que ahora se rompió el bipartidismo. Sin antecedentes y pese a una breve campaña electoral irrumpió arrolladora la lista 1994. Esa identificación refiere al año 1994, cuando se fusionaron las gremiales de Montevideo y el interior. El número parece ser una exhortación a la unión de los jueces.
Los últimos datos de 2018 indican que hay 515 magistrados en actividad, de los cuales votaron 404. Una amplia mayoría le dio la espalda a la lista 2, hasta hace poco poderosa. La pérdida de respaldo responde a cuatro razones: a) la lista 1994 recogió varios postulados habituales de la 2 desde antes de la lucha electoral, varios de sus dirigentes protestaron enérgicamente contra la forma de aplicar el impuesto salarial del Covid-19; b) influyó la desaparición de los jueces legos del interior, soporte electoral histórico que conformaba mayorías con algunos jueces letrados del interior y de la capital. Esa lista tenía una fuerte influencia en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU), en cuyos cursos se forman obligatoriamente los futuros jueces; c) la desaparición del predominio en la presidencia de AMU de jueces penales (por ejemplo, José Balcaldi, Dardo Preza, Eduardo Borges, Anabella Damasco y Rolando Vomero) debido a la reforma del proceso penal que catapultó a los fiscales, y d) carecieron de una candidatura de peso. Infructuosamente, intentaron que Balcaldi —un referente desde antes de la fusión y primer presidente de AMU— volviera a ser candidato, pero no aceptó.
La nueva lista también captó a exvotantes de la lista 1, vencedora en las elecciones de 2016 y 2018, cuando instaló en la presidencia a Alberto Reyes, ministro de un tribunal de apelaciones penal. Ahora también venció con 162 votos, aunque con el agua al cuello. La lista 1994 recibió 149 votos, por lo cual la diferencia es de solo 13 votos. En su derrumbe la lista 2 tuvo apenas 78 votos, lo que marca el riesgo de su desaparición.
Con ese resultado la directiva de nueve miembros se integrará con cinco jueces de la lista 1, tres de la lista 1994 y uno de la lista 2: Cristina Cabrera (presidenta); Graciela Gatti (vicepresidenta); Xenia Pedrozo (secretaria), Rossana Posse (tesorera); Valentina Rivadavia, Alexandra Facal, Javier Gandini, Alejandra Alvez y Lilián Elhorriburu (vocales).
La elección consolidó un cambio radical e irreversible: el peso de las mujeres en la magistratura trasladado al gremio. En la cabeza de las tres listas estuvieron mujeres: en la 1 la ministra de un tribunal de apelaciones civil, Cristina Cabrera, en la 2 la jueza de familia especializada Lilián Elhorriburu y en la 1994 la jueza civil Alexandra Facal. Ese peso se proyecta a la nueva directiva, entre los nueve integrantes solo hay un hombre: Gandini.
Sobre el total de 515 magistrados, las mujeres son 334. Entre los 50 ministros de los tribunales de apelaciones (escalón previo a la Corte o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo) las mujeres son 30 y los hombres 20. Estas diferencias aumentarán con el paso del tiempo. De cualquier manera, AMU es ya el único gremio en la historia del país dominado por mujeres sin antagonismos de género, pero también sin que las organizaciones feministas u otros gremios destaquen esa circunstancia, tal vez porque a diferencia del resto de los gremios los jueces se mantienen ajenos a las afinidades partidarias.
Habrá que esperar para conocer qué decisiones adopta AMU sobre temas centrales, como por ejemplo en los concursos de oposición y méritos para los ascensos en la carrera judicial establecidos en 2019 por la Ley Nº 19.830. Se trata de un tema clave para la transparencia de la carrera judicial que tuvo el apoyo explícito de la lista 1994. La Corte aún no implementó esos concursos. Sembró incertidumbre cuando el año pasado anunció que había comenzado a estudiar “diligencias preparatorias” para una eventual acción de inconstitucionalidad contra la ley, según lo anunció Búsqueda.
La directiva saliente de AMU había apoyado la reforma. Ahora Cabrera evitó pronunciarse cuando fue consultada por El Observador. Argumentó que la posición del gremio debe surgir de una asamblea extraordinaria. ¿Qué incidencia puede tener una asamblea sobre una ley, más allá de expresar conformidad o discrepancia?
Luego de su reacción inicial contraria a la ley, la Corte se llamó a silencio. Probablemente para evitar enfrentarse al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de cara a obtener un presupuesto satisfactorio para el Poder Judicial.
Un silencio similar al que asumió frente a los dichos del senador Guido Manini Ríos cuando acusó a los jueces de prevaricadores corruptos en las causas penales de militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Solo AMU, desde la directiva que acaba de cesar, respondió con energía para defender la independencia, honestidad e imparcialidad de los jueces.
