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A comienzos de octubre deduje que si el candidato de Cabildo Abierto resultaba electo senador y la Justicia pedía su desafuero continuaría en ese cargo hasta las próximas elecciones. “Manini inmune hasta 2024”, titulé, basado en la coyuntura política y en la ley. Me quedé corto. Debí decir que su inmunidad podría extenderse hasta 2029 si es reelecto en las próximas elecciones.
Su desafuero, que el viernes 1º solicitó el fiscal Rodrigo Morosoli, deben decidirlo los senadores electos el 27 de octubre. Para que prospere es necesario el voto de los dos tercios (21 votos) del total de componentes del Senado, como lo establece el artículo 114 de la Constitución. La inmunidad rige “desde el día de su elección hasta el de su cese”. Por esa razón la jueza Marcela Vargas cursó el pedido a través de la Suprema Corte de Justicia. El expediente quedará congelado hasta que haya una resolución legislativa.
Con el actual mapa político reunir 21 votos es una entelequia por varias razones. En la coalición multicolor —como la ha definido Luis Lacalle Pou— es seguro que la amplia mayoría de blancos (10 senadores) y colorados (4 senadores) no lo votarán. Menos aún los tres de Cabildo Abierto. Si Lacalle Pou gana el balotaje, tanto él como los colorados necesitarán el apoyo cabildante como el agua un sediento. Ya han negociado puntos comunes.
Tampoco en la izquierda abrevará el desafuero. Quizá algún senador pretenda mantener a rajatabla la posición histórica de la izquierda: defensa de los derechos humanos y castigo a los culpables entre quienes José Nino Gavazzo es emblemático.
Un razonamiento comprensible. La imputación del fiscal se origina en que cuando Manini Ríos era comandante en jefe del Ejército omitió voluntariamente su obligación de denunciar a la Justicia declaraciones (un delito) de Gavazzo ante el Tribunal de Honor Militar. Admitió que en 1973 tiró al río Negro el cadáver de Roberto Gomensoro, militante Tupamaro muerto bajo tortura. Fue el primer asesinado luego del golpe de Estado.
Pero aunque algún senador frenteamplista apoye el desafuero, el panorama lo domina ampliamente el MPP con 13 senadores, a quienes su comandante en jefe, José Mujica, ya les pasó línea.
Como a varias de las elucubraciones de Mujica muchos las reciben como si fueran de Aristóteles; en este caso hizo un razonamiento tan extraño como disparatado para justificar que no votará. Argumentó que el fiscal “victimizó” a Manini Ríos y que al imputarlo Morosoli lo “levantó” (le dio relieve). En consecuencia votarlo sería “dar manija” en su favor, razonó. “Tan bobo no soy”, remarcó en Quién es quién de Diamante FM. Muchos de sus votantes aceptarán ese razonamiento. Otros, aunque recelosos, cumplirán con la obediencia debida. Hasta que se muera, lo que diga Mujica es palabra santa.
Lo de ahora se da de bruces con lo que expresó el año pasado en un comité de base del Parque Rodó: “Los famosos fueros para lo único que hay que conservarlos es para la lengua y la garganta. No cortarle la opinión, aunque se diga cualquier disparate, es el derecho de opinión de los legisladores. Más claro: si tenés que ir en cana (por algo que no sea una opinión) del forro, marche”.
Para Lacalle Pou será un trago amargo. Si gana el balotaje, para fortalecer su gobierno con mayorías parlamentarias, no le queda otro camino político que dejar de lado su voluntad de limitar el desafuero. Lo planteó en momentos de denuncias de corrupción contra integrantes del gobierno.
En 2006, como diputado, presentó un proyecto de ley con ese objetivo. Decía que los legisladores “podrán ser acusados penalmente por los delitos que fueren pasibles de haber cometido, no pudiendo invocar ningún tipo de fueros o inmunidades”.
El proyecto de dos artículos –que hoy claramente comprende a Manini Ríos— añadía que “en el supuesto de que a un senador o representante la Justicia competente le atribuya la comisión de un delito y decrete el procesamiento con prisión, el mismo quedará automáticamente suspendido en sus funciones debiendo ser sustituido por su respectivo suplente”. No tuvo suficiente respaldo. En 2011 como senador retomó la iniciativa y aunque algunos lo apoyaron tampoco prosperó.
El 11 de octubre, cuando el desafuero de Manini Ríos sobrevolaba sobre el sistema político, en Fácil desviarse de la radio Del Sol, el candidato colorado Ernesto Talvi afirmó: “Si la Justicia pide el desafuero de alguien no nos queda otra que votarlo”. En el mismo momento el ahora senador comunista Oscar Andrade afirmó que votaría el desafuero.
En definitiva, por la razón que fuere, hay varios dispuestos a tragar sapos y culebras y no votarlo. Un dirigente frenteamplista y un lacallista a quienes consulté sobre las contradicciones coincidieron, palabra más o menos, en sus respuestas: “El paso del tiempo hace que en política todo se olvide”.
La formalidad del trámite demorará la definición. Los nuevos senadores asumirán el 15 de febrero, pero el pedido de desafuero ingresará al Senado por la Comisión de Constitución y Legislación. Luego pasará el plenario. En consecuencia, la decisión se tomará bastante después de que asuma el nuevo presidente y luego de que haya conformado su gobierno.
