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La pandemia de coronavirus puso todo patas para arriba y cambió la agenda y las prioridades en el mundo y también en Uruguay. Temas como la seguridad pública, que en la reciente campaña electoral aparecía como lo más impostergable, quedaron relegados en la psiquis ciudadana. Las falencias al respecto cometidas en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio prácticamente le dieron el triunfo electoral a la coalición multicolor, encabezada por el actual presidente, Luis Lacalle Pou. Varias veces repitió Lacalle Pou antes de asumir que no tendría ningún reparo ni culpa en ejercer la autoridad que le corresponde al máximo y que daría un apoyo importante a las fuerzas del orden, en lugar de hacerlos sentir “los malos de la película”. Y lo está cumpliendo.
Durante el primer año, el gobierno se mostró convencido de ejercer con más firmeza la autoridad y darles un espaldarazo a la Policía y los resultados empiezan lentamente a mejorar. Como parte de esa nueva forma de afrontar el problema, se eligió para el Ministerio del Interior un liderazgo claro y firme, con peso propio, como es el del ministro Jorge Larrañaga.
Claro que el nuevo ministro se encontró, igual que su predecesor, Eduardo Bonomi, con un mundo mucho menos inocente que el de otros tiempos, donde el narcotráfico, las pandillas, los agujeros negros que derivan de la educación y las pocas oportunidades económicas hacen que sea inevitable el crecimiento de la delincuencia. En las campañas electorales los políticos apelan a cierta inocencia de la población, haciendo creer que la solución es simplemente administrar el poder con más eficiencia, pero suponemos que ellos saben que la situación es mucho más complicada y desafiante.
Según la información del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad manejada por el Ministerio del Interior, se ha iniciado un descenso de todos los delitos durante el último año, pero los últimos meses fueron muy particulares por la pandemia. No se puede atribuir a ese único motivo la baja, pero es probable que sea uno de los principales.
Lo que muestran las cifras es que, tomando el período de marzo del 2020 a enero 2021 y comparándolo con el mismo período del 2019 al 2020, los homicidios bajaron 20,86%, las rapiñas 12,03% y los hurtos 18,99%. Menos importante es la baja del flagelo de la violencia doméstica (5,89%) y del abigeato (4,09%). Se compara también los resultados entre los meses de enero únicamente, donde la baja es aún mayor en todos los rubros, pero el tiempo dirá qué continuidad tienen esos datos.
Se viene un año muy difícil, con los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria cuya negatividad es difícil de pronosticar. Sobre lo que no hay dudas es que la caída de la economía y el crecimiento del desempleo no pasarán desapercibidos. En este punto hay que destacar que un referente en temas de economía como Ignacio de Posadas —con más visión que la mayoría— vea la necesidad de crear un Plan Marshall para la recuperación de nuestro país. El horizonte se presenta complicado, especialmente cuando el equipo económico parece haber elegido un camino de negación. Cuando un alcohólico no reconoce que tiene un problema, la solución a su enfermedad se aleja decididamente y así también ocurre con los gobernantes.
Los números pueden estar un tanto alterados o no, pero todavía son incipientes. Lo que es alentador es la actitud del Poder Ejecutivo para encarar el tema de la seguridad. Pero no debe distraerse ni un minuto, estamos ante una sociedad mucho más complicada, mucho menos inocente como dijimos antes. Se agrega que en el tema económico el gobierno no ha dado en la tecla que reclama la crisis, pensando más en promesas de mejora que en una mirada con lupa a la realidad. Elegimos la disposición del gobierno a ejercer su autoridad y apoyar a sus equipos como factor para el optimismo. Hay que saber que no precisamos creer en comparaciones con el pasado, necesitamos sentirnos seguros.
