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El fiscal de Corte, Jorge Díaz, resolvió junto al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, iniciar un sumario con separación del cargo al fiscal civil de tercer turno Enrique Viana por “incumplir con la obligación de concurrir a las audiencias”, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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Si bien la resolución que da inicio al sumario aún no está firmada, Búsqueda supo de diversas fuentes que esa decisión “ya está tomada” después de que un dictamen realizado por el fiscal inspector Luis Pacheco detectara que Viana concurrió apenas a tres audiencias en 2013 y a tres audiencias en lo que va de 2014, cuando la ley orgánica del Ministerio Público establece la obligatoriedad de que los fiscales concurran a todos los actos de servicio.
Esa política fue anunciada por Díaz al Parlamento antes de asumir su cargo, con el argumento de que es necesario que los fiscales le “vean la cara” al justiciable antes de tomar una decisión porque la inmediación mejora “notablemente” la administración de justicia.
Una de las primeras acciones que tomó el nuevo fiscal de Corte al asumir fue impulsar una modificación en la ley orgánica en la que se establece esa obligación y la necesidad de que los fiscales vivan en la zona en la que se desempeñan. Para controlar el cumplimiento de esos deberes se creó, además, el cargo de fiscal inspector. En la misma línea se crearon en el Ministerio Público 48 cargos de fiscales adscriptos para que el equipo de las fiscalías tuviera suficiente personal para asistir a las audiencias, entre otras actividades.
Recientemente la Fiscalía de Corte inició un sumario con separación del cargo y retención de la mitad de los haberes al fiscal civil de octavo turno, Luis Franzoni, por incumplir con la obligación de asistir a las audiencias. Ahora esa situación se repite en el caso del fiscal Viana. Un fiscal nacional percibe un ingreso nominal mensual de unos $ 130.000.
Según supo Búsqueda, al momento de la inspección Viana le expresó a Pacheco que es cierto que no concurre a todas las audiencias porque según su criterio únicamente es necesario concurrir a las audiencias de los “asuntos más trascendentes” y a aquellas en las que el régimen procesal establece expresamente como preceptiva la presencia del Ministerio Público, como las que implican una autorización para viajar, el incumplimiento de visitas o las que se realizan al amparo del Código de la Niñez y la Adolescencia.
A su juicio, la modificación introducida al artículo 33 de la ley orgánica del Ministerio Público no modificó “en lo sustancial” el régimen procesal vigente. Por lo tanto, a su criterio, el fiscal, “en ejercicio de su independencia técnica”, puede optar por dictaminar por escrito sin necesidad de estar en las audiencias. Agregó que tampoco cumplió con la obligación de comunicar los expedientes tramitados en 2013 porque no cuenta con un programa informático que posibilite el conteo de expedientes discriminados por materia.
Con respecto al cumplimiento de los deberes funcionales de Viana, las fuentes señalaron que el fiscal inspector Pacheco señaló que Viana cumple con los deberes de residencia, asistencia diaria al despacho y expedición de dictámenes en tiempo y forma. Su declaración jurada de bienes e ingresos se encuentra al día y no registra incompatibilidad funcional por otro tipo de trabajo o impedimento alguno. También se indica que Viana ha subrogado por un largo período a la fiscalía civil de cuarto turno.
Sin embargo, la inspección subraya que el representante del Ministerio Público no cumple con la obligación de asistir a las audiencias, ya que una inspección del “vistero de audiencias” arrojó como resultado que Viana únicamente tiene tres dictámenes emitidos en audiencia en 2013, tres en lo que va de 2014 y una asistencia a audiencia en la que no se registra emisión de dictamen.
Para el inspector, aun teniendo en cuenta el “particular criterio” que tiene Viana en cuanto a la norma legal, “no parece verosímil” que solo haya realizado seis dictámenes en audiencia en casi dos años, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de las vistas corresponden a temas menores, como autorizaciones de viaje.
Fiscal verde.
El fiscal Viana ha adquirido desde hace varios años un alto perfil público, sobre todo debido a sus acciones en contra de la contaminación de plomo en La Teja, de la instalación de la fábrica de celulosa de UPM (ex Botnia), de la empresa Dirox y de la minera Aratirí, entre otros emprendimientos, lo que le ha valido el apodo en el ambiente judicial de “fiscal verde”.
En los últimos días, la SCJ comunicó a Viana que dará trámite a un recurso de inconstitucionalidad que el fiscal había presentado en octubre de 2013 contra la ley de minería de gran porte. Al presentar el recurso el fiscal argumentó que la norma es inconstitucional porque es una ley “con nombre y apellido”, por lo que a su juicio violenta el artículo 47 de la Constitución y el principio de igualdad.
Hasta ahora todas las acciones de inconstitucionalidad que ha presentado Viana han sido rechazadas por la corporación. Así sucedió, por ejemplo, cuando el fiscal impugnó la creación del cargo de fiscal inspector. También han sido desestimados sus planteos de llevar a casación acciones de amparo que fueron rechazadas por los tribunales.
Si bien algunos de sus planteos han prosperado en primera instancia, la gran mayoría han sido revocados cuando llegan a los tribunales.
Viana ingresó al Ministerio Público en 1991 como fiscal departamental de Artigas, en 1993 pasó a desempeñarse en la Fiscalía de Paysandú y en 1998 asumió como fiscal nacional civil de octavo turno. Posteriormente fue designado en la Fiscalía de Aduana y desde setiembre de 1999 ocupa su actual destino.
