Siempre con la puerta B

A ese complejo vínculo entre ciencia y política hizo alusión el doctor Rafael Radi al ser entrevistado en el quinto encuentro de Desayunos Búsqueda, en donde recordó que el combo que funcionó de manera bastante virtuosa durante la pandemia, más allá de las naturales distancias, no se había traducido en una cercanía más consistente entre ambos universos, el de la ciencia y el de la política. Y, por eso se lamentaba Radi, esa cercanía era cada vez más necesaria y relevante en la sociedad capitalista del conocimiento en la que vivimos.

Por su parte Diego Sanjurjo llega al Ministerio del Interior como representante del sector colorado Ciudadanos. Lo hace también desde una perspectiva que es técnica, ya que además de politólogo es experto en políticas públicas en materia de seguridad y cuenta con una sólida formación al respecto. De alguna manera, Sanjurjo sería aquí el equivalente al GACH: conoce el estado de la materia y se propone mejorar la evidencia existente para poder tomar medidas efectivas al respecto.

A la vez, Sanjurjo ha vivido en los últimos tiempos un conflicto que ha tomado estado público con quien también fuera asesor del ministro Heber, Juan Andrés Ramírez Saravia. Este, además de amenazar con “cagar a trompadas” a Sanjurjo, dijo respecto al reciente informe presentado por el politólogo de Ciudadanos: “A mí no me va a explicar un literario o un académico que vivió en Europa toda la vida que el problema de las cárceles son las drogas”. Uno se pregunta con toda sinceridad si gente que maneja este nivel de violencia verbal es adecuada para asesorar en un ministerio cuya función es reducir los niveles de violencia social. Pero, de nuevo, esa es precisamente la distancia que va entre la ciencia y la política, entre creer que algo “es así” y confirmarlo de manera empírica, entre hacer las cosas al tuntún o basándose en la evidencia.

Obviamente, en estos líos se cruzan cuestiones típicas de una coalición de gobierno en donde no todos piensan lo mismo y no siempre están de acuerdo con el camino a seguir. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucedía entre el GACH y el gobierno durante la pandemia, el mundo político no parece muy interesado en darle pelota a lo que dice la evidencia que intenta desarrollar Sanjurjo. ¿Y qué dice la evidencia, que por cierto no es demasiado específica para Uruguay? Que la mera represión y el encarcelamiento en las pésimas condiciones actuales no van en la dirección de solucionar el delito y el narcotráfico. Que sin una mirada integral (que no equivale a tener mano blanda) los esfuerzos contra la violencia social son tan estériles como la lucha contra las drogas lanzada por Nixon en 1971.

A diferencia de lo que ocurría en la pandemia, cuando la evidencia se iba construyendo cada día, a medida que nuevos datos eran procesados, en materia de delito esa evidencia existe y, aunque no abunda específicamente para Uruguay, está bastante contrastada. Por más que los partidarios de la mano dura sin más enloquezcan en las redes, el punitivismo como única estrategia no suele arrojar los resultados esperados. Los problemas complejos no tienen soluciones simples, por más que eso indique el mapa político de algunos.

Y esa es una de las razones principales de que la distancia entre lo político (representado por el ministro Heber) y lo científico (representado por su asesor Sanjurjo) en este tema plantee una urgencia cada vez mayor. Preso de su visión previa, en la que durante 15 años criticó al Frente Amplio por su supuesta permisividad con “los chorros”, el Partido Nacional, el Herrerismo en particular, no logra articular una paleta de medidas que vaya más allá del punitivismo e integre la complejidad del problema. Ojo, como tampoco lograron integrarla, a pesar de sus mejores intentos, las administraciones previas.

Así, desde el ministerio y salvo excepciones parecen conformarse con repetir fórmulas que, de manera contrastada, no han dado buenos resultados allí donde fueron aplicadas. Y esto es precisamente el reino de lo político por encima de lo científico, que no es más que una variante (igual de peligrosa, aunque por otros motivos) de aquello de lo político por encima de lo jurídico. La política tiene su papel, sin la menor duda, pero una buena política pública es aquella que se basa en la evidencia disponible y que se esfuerza por construir esa evidencia cuando esta no existe o no es adecuada. Las cosas no se arreglan a las trompadas o basándose en la intuición personal.

Se ha discutido bastante si hace falta tener un GACH o su equivalente para seguridad y casi para cualquier área sensible de la gestión pública. No sé si es necesario, pero sí sé que me alcanzaría con que se le diera un mínimo de pelota a quien se toma el esfuerzo de razonar el problema, trata de medirlo, acotarlo y contrastarlo con quienes lo han solucionado de mejor manera que nosotros. Esa es una buena manera de no aferrarse a dogmas ideológicos que no han dado resultado, algo que hasta donde logro entender es una de las peores formas de hacer política. A los ponchazos y con fe en el realismo mágico de creer que haciendo siempre lo mismo se puede obtener resultados distintos.

Las amenazas de trompadas y los insultos son una muestra de debilidad aún más poderosa que la existencia de contradicciones entre el ministro y su asesor. Porque subrayan de manera escandalosa la distancia que va entre la fe política y el conocimiento científico. Y ahí yo me quedo siempre con la puerta B.