N° 1689 - 22 al 28 de Noviembre de 2012
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn los años 60 las canciones de protesta de Joan Baez irrumpieron en los escenarios de Estados Unidos y sacudieron a un poder político casi absoluto; de inmediato fue investigada por los servicios de inteligencia. No sólo porque sus letras le hacían zancadillas al sistema y despertaban a una sociedad adormecida, sino también por sus agudos asertos, algunos de los cuales trascienden el tiempo: “Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Hace una semana me resultó inevitable rememorar a Baez. Con sorpresa, desconcierto y un retrogusto amargo leí que el miércoles 14 el senador oficialista Alberto Couriel apoyó desde su banca a un político brasileño condenado por corrupción y asociación ilícita.
Pese a tener 23 años de ejercicio legislativo, 77 de edad y una amplia experiencia, el senador se lanzó a una piscina vacía para defender a José Dirceu, el poderoso ex ministro de la Presidencia del gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por una escandalosa compra de votos en el Congreso entre 2003 y 2005 para favorecer proyectos del ex presidente. El faro regional ideológico comenzó a apagarse.
Dirceu fue sentenciado por el Tribunal Supremo de su país a 10 años y 10 meses de prisión. La seducción y el ejercicio del poder modifican la ética y los principios: en 1968 fue a prisión por enfrentarse a la dictadura militar. Luego se exilió en México y Cuba y más tarde participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT).
¿Qué camino eligió Couriel para respaldarlo?: leyó una carta que dijo haber recibido del corrupto. En realidad es un texto que Dirceu escribió en su blog y que recorrió el mundo.
Para defenderse el condenado apela a los lugares más comunes y manidos de los políticos sorprendidos con las manos en la masa: que fue condenado “sin pruebas”, que “entré y salí del gobierno sin patrimonio” y que “nunca practiqué ningún acto ilícito o ilegal como dirigente del PT, como parlamentario ni como ministro de Estado”.
Como también es habitual, atribuye su enjuiciamiento a “la presión de los medios de comunicación” y contradice a su correligionaria, la presidenta Dilma Rousseff. A fines de 2011, en medio del escándalo, la presidenta destacó que prefiere “el ruido a veces doloroso de la prensa libre al silencio de las dictaduras”. Y no fue casualidad que lo dijera con el marco de la entrega de los premios de derechos humanos.
El senador uruguayo justificó ante sus pares la lectura de la presunta carta para que “la sociedad latinoamericana tenga conocimiento del punto de vista” de Dirceu. Vergüenza ajena.
Admitió que con su discurso pretendía “ayudar” al condenado pero aclaró que no está en contra de lo que decida el Poder Judicial brasileño (Búsqueda Nº 1.688).
Pese a esa aclaración de respeto por el fallo judicial, su disertación —en la que hizo propias las excusas de Dirceu—, buscó indirectamente descalificar la sentencia y se inmiscuyó como integrante de un poder en la soberanía del poder de otra nación.
En ningún momento leyó los fundamentos de la sentencia del “juicio del siglo”. Sólo le interesó la campana solitaria en favor de su amigo.
De haber citado la condena hubiera podido informar que afirma que “la responsabilidad del procesado es extremadamente elevada. Él se valió de sus posiciones de mando y prominencia (prestigio, preponderancia, influencia) tanto en el Partido de los Trabajadores como en el gobierno federal” al incurrir en delitos de corrupción.
“El reo (Dirceu) debió haber ejercido en forma política y republicana su cargo”, indica el juez redactor Joaquim Barbosa, y señala al revolucionario reconvertido en corrupto como el que “escogía a quien recibía la propina (la coima)”. Por lo mismo antes había sido indicado por el fiscal como el “jefe de la cuadrilla” de ocho dirigentes políticos, también condenados.
Barbosa advirtió que al liderar y articular la mencionada asociación ilícita, Dirceu “puso en riesgo la separación de poderes”, ya que utilizó su cargo para perpetrar “un crimen que causó una lesión gravísima a la democracia”. Nada menos.
Pese a ello Couriel creyó adecuada su alocución impulsado quizá por solidaridad política o ideológica, en pago de algún favor del pasado, o tal vez mimetizado con las burdas muletillas con las que algunos de sus colegas se empeñan en defender lo indefendible.
¿Cuál sería su reacción si un senador brasileño apoyara desde su banca al Partido Nacional que denunció ante la Justicia a integrantes del gobierno investigados por estafa y abuso de funciones por el caso Pluna, o respaldara alguna condena contra alguno de sus correligionarios? Con toda razón protestaría y exigiría explicaciones oficiales.
Lo que él hizo en la media hora previa no es diferente a esas hipótesis, aunque pretendiera disfrazarlo mediante la lectura de una “carta” y que, para cubrirse, expresara su respeto por la justicia brasileña. Su actuación indica lo contrario.
No le vendría mal repasar varios principios éticos y los de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho: es fundamental como garantía de la paz, para proteger los derechos humanos y fomentar el desarrollo de las naciones.
Y de paso releer a Joan Baez.