Sucia teoría de la conspiración

Aunque le dediqué tiempo y paciencia no logré que me respondiera si conocía a los protagonistas, los fundamentos de la demanda, en qué se basa, si sabe qué es un juicio civil por cobro de honorarios, por qué se pide citar al presidente José Mujica y a otros gobernantes, y si tiene certeza y argumentos para fundamentar tamaña denuncia. Desconcertado, me miró como un autista y escupió: “¡No me compliques la vida con pavadas y sutilezas! ¡Si citan a gente del gobierno es porque lo quieren joder y chau!”. La culpa de su reacción de borrego no es solo suya. Parte de quienes, desde una corrupción dialéctica, alimentan esa fantasía en su beneficio abusando del ciudadano de a pie. Nadie podría convencer a mi pariente porque, como a muchos, le meten la cabeza dentro de un caparazón con su interior más chico que su cráneo. Tampoco le interesa saber la verdad. (Búsqueda, Nº 1.776)

Como los quejosos oficialistas fueron varios, vale plantear algunas interrogantes:

¿Cómo se explica que el abogado de Rocca, Héctor di Giácomo, militante socialista, asesor legal de la bancada legislativa de ese partido y ex integrante del gobierno de Tabaré Vázquez, busque perjudicar a este gobierno y a su candidato en connivencia con sectores políticos y empresariales?

¿Es sensato afirmar, como insinuó Guerrero, que el socialismo se haya aliado con la oposición y que entre todos armaran esta demanda para perjudicar a los sectores políticos de quienes participaron en esa reunión?

Si esa conspiración existe, ¿cómo se explica que entre quienes se propone citar estén los socialistas Pedro Apezteguía y Daniel Olesker? ¿O acaso la “maldad” es de un sector de ese partido?

En función del argumento desarrollado por Guerrero, si luego de dejar su actual función fuera contratado para demandar a una persona y los testigos clave fueran de este gobierno, ¿evitaría citarlos aunque perjudicara a su cliente? ¿O sólo aceptaría demandas que incluyan a políticos de la oposición?

¿A nadie se le ocurre que un abogado, tenga la ideología que tenga, pueda actuar profesionalmente en defensa de los intereses de un cliente basándose en pruebas? Ejemplos abundan; basta mirar alrededor. Atribuirle a Di Giácomo mala fe y deshonestidad es delictivo.

A fin de cuentas, ¿para qué preocuparse si, como dice Vázquez, en las giras nadie le pregunta por la corrupción en el “caso Pluna”?

Las reacciones parecen producto de una mezcla de irresponsabilidad, desesperación, impaciencia, incertidumbre o miedo. No quiero pensar en complicidad. Cada vez que un gobernante o dirigente político resulta involucrado en un juicio se agita la intencionalidad política y se anteponen los intereses partidarios a los de la gente. ¡Obscena inmoralidad; valga la redundancia!

El sistema judicial se ha convertido en los últimos años en una tercera instancia definitoria de las pujas partidarias. Pero no por una judicialización de la política —ese trillado caballito de batalla— sino porque, pese al aumento de la corrupción, las violaciones a la ley, la soberbia y el temor impiden controlar y controlarse aunque se siga metiendo la pata y la mano en la lata. Por eso aumentan los conflictos entre justicia y política. Los políticos buscan ampliar su área de control y beneficiarse del ejercicio de ese poder, o beneficiar a sus aliados o contribuyentes. Como las sentencias firmes demoran, para engañar a votantes ciegos como mi obtuso pariente, desarrollan sucias teorías conspiratorias.

Olvidan que contra su pretensión de ampliar su área de poder y control, del otro lado están los jueces y los fiscales, cuyo mayor desafío en esta época de degradaciones y arbitrariedades es defender su independencia, al ciudadano y evitar la descomposición del sistema democrático.