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Una persona merece respeto cuando cumple principios esenciales, entre otros, la palabra empeñada, la dignidad y la honestidad. Es así tanto para el ciudadano de a pie como para el gobernante, quien, como integrante del Estado, tiene impedimentos, como es no inmiscuirse en las sentencias judiciales, especialmente si son de otro país.
El lunes 7, el canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó tener “plena certeza de que María va a cumplir con la sentencia” que le había impuesto la jueza española Cristina Marrero para que entregara a su hija de 7 años a su padre, a quien se la había arrebatado en 2016.
Expresó lo razonable: Uruguay debe mantenerse al margen del fondo de la sentencia. María y su hija estaban “refugiadas” en el Consulado, donde recibían visitas de familiares y amigos. Tertulias consentidas con la excusa de entretener a la niña que estaba allí por una decisión exclusiva de su madre, quien conocía la sentencia. El fallo es la consecuencia del secuestro cometido por María.
Aunque el ministro afirmó que no tomaría partido, en apenas 48 horas cambió. El miércoles 9 anunció que María y su hija permanecerían en el Consulado: “Nosotros no la vamos a echar”. Le propuso a la jueza modificar su fallo con una nueva sentencia que “allane el camino de acuerdo a los derechos del niño”. Como “solución intermedia” le sugirió que la niña no quedara a cargo de la madre ni del padre sino de sus abuelos. No dijo si maternos o paternos.
En su errático tránsito hacia un tremendo papelón fue sumando disparates: “No queremos que la Justicia española tome acciones contra la madre por desacato”. No solo le aconsejó a la jueza española cómo modificar su sentencia civil, sino que le expresó lo que pretendía, un eventual desacato por la desobediencia abierta cometida de María.
Omitió —seguramente a propósito— que María puede ser imputada en España por el delito de sustracción ilegal de menores. Se pena con 2 a 4 años de prisión y la inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años, según el artículo 255 bis del Código Penal de ese país.
¿Por qué cambió su opinión en dos días? Tras sus declaraciones del lunes 7 fue atosigado por el INAU (“estamos en permanente contacto”, admitió su presidenta, Marisa Lidner, en Teledoce), el Mides y organizaciones hembristas cuyas dirigentes militan en el partido de gobierno.
Con el disfraz de proteger a la niña estas organizaciones la convirtieron en un instrumento partidario. Flechan el curso informativo e inducen en error para confundir al ciudadano honesto sobre decisiones judiciales de aquí y de allá. La verdad es una sola por más que el domingo 13 hayan montado una melodramática conferencia de prensa con llantos mediáticos que probablemente conmueven a varios.
La cuestión es que solo la ley puede cambiar lo ocurrido.
El director para Asuntos Consulares del ministerio, el embajador de cuota política Jorge Muiño, también intervino como “gestor” de las organizaciones. Presionaron al ministro: ¿¡Falta poco para las elecciones, vamos atrás en las encuestas y querés echarte encima a las feministas!? Se impusieron los lobbies, me comentó una fuente cercana al ministro.
A la resistencia se sumaron los cónsules en Barcelona, Juan Pablo Tagliafico y Pedro Valenzuela. Le solicitaron a Nin Novoca que la niña y su madre permanecieran dentro del Consulado. Alentaron el desacato a la orden judicial. Justicia cero.
El arrogante desafío del canciller a la jueza española fue una grosera injerencia. Una violación a la soberanía española, que desprestigia a un gobierno que optó por montarse en la sensiblería.
Nin Novoa ni siquiera meditó sobre la advertencia que la Asociación de Magistrados de Uruguay les hizo a esas organizaciones, al INAU y al Mides. Fue cuando entre 2016 y 2018 presionaban a los jueces para que no ordenaran el retorno a España de la menor secuestrada.
Les recordó los principios de Naciones Unidas sobre la independencia judicial y la plena autoridad de los jueces para decidir. También que los gobernantes no pueden efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en un proceso judicial. Y es tan válido para los procesos en Uruguay como para los de España.
El PIT-CNT se sumó a los dislates: “Ni la Justicia uruguaya ni la española supieron garantizar la seguridad de la madre y su hija”. Mentirosa imputación. La sentencia en Uruguay tiene la garantía de tres instancias con el voto de 9 jueces (entre ellos cinco mujeres) y de una jueza en España.
Cuando a la española le informaron sobre el desafío de Nin Novoa, reaccionó. Al mediodía del viernes 11 le notificó a María que tenía un “improrrogable plazo de dos horas como máximo hasta las 14:00 (hora española)” para que ese mismo día “entregue la menor a los Mossos d´Escuadra (policía autonómica catalana)” uno de cuyos vehículos estaba en la puerta del Consulado.
Aunque no tenía por qué hacerlo, Marrero le advirtió a María que si no cumplía podría incurrir “en un delito de desobediencia a la autoridad judicial (desacato) o, en su caso, otros”. Entonces abandonó el Consulado. Acompañada de una psicóloga, la niña fue trasladada hasta el domicilio de su padre a la localidad de Vielha, a cuatro horas de Barcelona.
La información periodística poco ha mencionado sobre el padecimiento del padre desde 2016. Nunca lloró ante cámaras. En cambio, lo han machacado con que “fue denunciado por abusos sexuales”, lo que no se probó ni en Uruguay ni en España. Se demostró que algunos dibujos que presuntamente eran pruebas de abusos fueron adulterados.
Tras recibir a la niña, el padre tuvo una reacción racional. Declaró a Telemundo que pretendía “construir” una relación sana con la niña y con María. “Yo no quiero que se quede sin su madre”, afirmó.
Ahora los familiares de María que viven en Barcelona se quejan de que nadie les informa sobre cómo está la niña. Otra vez la emocionalidad. Basta con que tomen un ómnibus, viajen hasta Vielha (a un costo de 36 euros por tramo) y la vean en la casa del padre.
Vista la actuación del canciller en este teleteatro, sería bueno que alguien le recordara lo ocurrido en 1649, cuando el tiránico rey de Inglaterra Carlos I fue derrocado y condenado a morir decapitado. Para evitarlo reclamó su derecho divino a ser perdonado. El tribunal replicó: “Ninguna persona está sobre la ley”.
