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Una pareja de partidarios de la dictadura cubana arremetió contra exiliados políticos de ese país que desde hace tiempo se manifiestan en las inmediaciones de la feria de Tristán Narvaja. Reclaman libertad mediante el reparto de folletos y la exhibición de pancartas: “Cuba libre” y “No más presos políticos”.
Los reproches de la pareja —por sus dichos, también opositores al actual gobierno uruguayo— fueron agresivos y discriminadores, en especial, por parte de la mujer. Se manifestaron con expresiones pasibles de sanción penal si algún fiscal los identifica en los videos que recogió Montevideo Portal al informar sobre el apoyo del Partido Colorado a los exiliados.
Las afrentas de estos energúmenos no representan el sentimiento general, histórico y actual de la población sobre los inmigrantes, considerados buenos trabajadores, serios y dedicados. Sin embargo, esto no implica que no exista discriminación y que las leyes vigentes sean insuficientes.
El martes 20, durante una jornada académica sobre este tema, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, afrodescendiente, dejó clara su posición: “La discriminación está en esta sala (…). ¿Cuántos negros hay con formación como para estar acá hoy?”.
Remarcó que Uruguay se destaca por el respeto a los derechos humanos “pero en el aspecto étnico-racial estamos muy lejos. Se discrimina en forma cruel”, sostuvo, según una crónica de Macarena Saavedra en Búsqueda (Nº 2.230).
Para no quedarnos con una visión localista vale recordar que en 2020, según el Banco Mundial (BM), “Uruguay es el país más igualitario de América Latina pero todavía hay grupos que siguen siendo susceptibles de ser excluidos y enfrentan oportunidades desfavorables, como son, especialmente, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las mujeres (en particular, las jefes de hogar) y personas trans”.
El BM no cita a los judíos porque no integran los grupos más afectados que valoró, aunque periódicamente son pasibles de xenofobia. La semana pasada un hincha de Nacional fue condenado por incitación al odio (artículo 149 del Código Penal) al hacer varias publicaciones antisemitas y discriminatorias en Twitter previas al enfrentamiento de su club de básquetbol con Hebraica Macabi.
Fue sancionado con seis meses de prisión en libertad a prueba, deberá fijar residencia, presentarse una vez por semana en la Policía para realizar servicios comunitarios, no puede salir del país y debe someterse a un tratamiento psicológico sobre la violencia.
Durante el encuentro académico, el ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno, Luis Charles, presentó un proyecto de ley para crear el delito de discriminación. La promoción de esa iniciativa legal, inusual cuando no inexistente entre magistrados, propone sancionar la discriminación pura y directa que no está específicamente regulada.
La legislación penal vigente castiga hechos efectivos y la incitación al odio, como ocurrió en el caso del hincha de Nacional, pero no la discriminación, un vacío que para Uruguay ha merecido observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
Charles, con 34 años como magistrado y 31 en la materia penal, razonó que la discriminación, entendida como un trato de inferioridad a una persona o grupo por motivos de raza, sexo, ideas políticas o religión “atraviesa todo”. Remarcó que no produce solo muertes o lesiones físicas, sino que también puede provocar depresión, baja autoestima y afectar el desempeño laboral, entre otras consecuencias negativas.
La iniciativa, que será presentada en el Poder Legislativo por la senadora Rodríguez, propone sancionar con penas de entre tres y 18 meses de prisión “a quien impida el acceso a un empleo, ascenso o mejora” en este, revela la nota de Búsqueda.
También busca castigar a quien prohíba el ingreso o la permanencia en establecimientos comerciales, medios de transporte, espectáculos, actividades deportivas en cualquier servicio público o privado por el color de la piel, la religión, el origen étnico-radial o la orientación o la identidad sexual de una persona.
De aprobarse también serán sancionados los responsables de páginas web que sean notificados sobre el carácter discriminatorio de alguno de sus contenidos y que pese a esa advertencia no lo den de baja.
Durante la cita académica estuvieron presentes integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público, docentes locales e internacionales y algunos legisladores. Salvo matices, nadie cuestionó la iniciativa.
¿Cómo es posible que desde la restauración democrática en 1985 ningún partido político, representado desde entonces por centenares de legisladores, entre ellos, decenas de juristas, se haya preocupado por solucionar la carencia penal que ahora impulsa Charles?
