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Un medio construye —u horada— su prestigio cada vez que informa a la sociedad sobre un hecho de interés público. Los errores dañan la confianza, pero la honestidad al reconocerlos y retractarse paga, es parte de la dinámica del oficio. Pero otra cosa es cuando no se trata de un error, sino de una práctica reñida con la ética periodística. Ahí el daño puede llegar a ser irreparable.
Eso es lo que parece estar sucediendo en el canal de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad. El director de los informativos, Lucas Silva, presentó renuncia después de constatar que la presión de las autoridades del canal iba en aumento y tenía como fin principal favorecer la cobertura que el medio realiza sobre las actividades de la intendenta Carolina Cosse. El episodio fue informado por varios medios durante los últimos días y confirmado por Búsqueda. Silva actuó guiado por su ética periodística y, pese a la incertidumbre que puede tener quien deja un trabajo en un sector en el que no abunda, decidió renunciar.
Su salida es un golpe para la credibilidad de TV Ciudad, en el que ya se han sucedido otros episodios similares desde que asumió la actual administración, como la renuncia del antecesor de Silva, Eduardo Preve, y del exdirector Federico Dalmaud. Es de perogrullo que un medio estatal no puede ser una herramienta del gobierno de turno para favorecerse políticamente. Al contrario, el manejo de los recursos públicos siempre tiene que ser equitativo y transparente y más si se utilizan para seleccionar y difundir información de interés ciudadano. Sería deseable que Cosse, quien tiene aspiraciones presidenciales, dé señales correctas en ese sentido tras este episodio. Este es el momento de hacerlo, cuando se está iniciando la campaña electoral, para que queden bien claras las reglas de juego.
Lo ocurrido en TV Ciudad, además, expone la falta de una discusión seria sobre el rol de los medios públicos en Uruguay. Si la decisión es tener medios de comunicación estatales, un debate que parece saldado, es tiempo de asegurarles la independencia técnica y financiera necesarias para desempeñar su papel. Debe haber normas claras en las designaciones, en los mecanismos de contralor y en la rendición de cuentas.
Hay ejemplos a nivel internacional sobre este punto que valdría la pena explorar, como la BBC en Reino Unido, NRK en Noruega y TV2 en Dinamarca. En los dos últimos casos, una encuesta del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, de la Universidad de Oxford, indica que más del 80% de las personas en esos países creen que los medios públicos, a los que evalúan como independientes del poder político, son “importantes para la sociedad” y para ellos de manera individual. Son una voz más que aporta al debate y que sus ciudadanos valoran.
Hoy en Uruguay no hay mecanismos legales que aseguren la independencia de los medios estatales de los poderes políticos de turno. Es un problema que ahora se ve en Montevideo, pero del que no están exentos los demás medios públicos. Las buenas intenciones anunciadas a comienzos del período por el presidente de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, de seguir mecanismos parecidos a los de la BBC chocaron, en parte, con la falta de presupuesto. Pero también enfrentó otro problema importante: fue designado por cuota política y eso puede limitar su accionar.
La enorme mayoría de los políticos y gobernantes, aunque no siempre actúan en consecuencia, suelen destacar la importancia en democracia de un periodismo que se ejerza con independencia y libertad. Es una buena señal que así ocurra porque eso diferencia positivamente a Uruguay de otros países de la región y del mundo. Pero el periodismo es uno solo, se ejerza en medios privados o públicos. Los principios valen para todos. Es hora de empezar a aplicarlos.
