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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) creó meses atrás una “brigada de intervención” en el marco de la misión de paz en el Congo para desarrollar ofensivas militares en ese país. Al poco tiempo, resolvió que los cascos azules apostados en Mali “emprendan operaciones directas” contra grupos terroristas que supongan una amenaza para la seguridad.
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El gobierno uruguayo está preocupado por estas decisiones, porque considera que el Consejo de Seguridad cruzó “una línea roja”, abre la posibilidad de que los cascos azules pierdan la protección del Derecho Internacional Humanitario y pone en discusión la futura participación de Uruguay en nuevas misiones.
“Estamos muy preocupados con cómo esta evolución puede afectar los tres principios sobre los que descansa el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: el consentimiento del Estado receptor de una misión, la imparcialidad y el uso de la fuerza en legítima defensa o defensa del mandato” establecido para la misión, dijo el director para Asuntos Políticos de la Cancillería, Martín Vidal, el viernes 15 durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales, organizada por Amnistía Internacional y la Fundación Friedrich Ebert Uruguay para analizar el rol de Uruguay en sus primeros seis meses como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
Vidal dijo que la “tendencia” que está tomando el Consejo de Seguridad en temas de misiones de paz —el órgano máximo de decisión de la ONU— es “una cuestión delicada” porque puede afectar la “integridad física” de los soldados. Recordó que hay una opinión legal de la Secretaría de la ONU que advierte que los cascos azules que lleven adelante ofensivas militares “estarían siendo parte del conflicto y perdiendo la protección del Derecho Internacional Humanitario”.
“El uso de la fuerza para proteger civiles no es algo que está en cuestión, menos para Uruguay”, dijo Vidal. “Pero el uso de la fuerza para realizar operaciones ofensivas en las que no necesariamente esté en riesgo la población civil es una línea roja que, para nosotros, ha sido pasada en estos casos”.
Para el jerarca de la Cancillería, al prosperar esta interpretación sobre el trabajo de los cascos azules en el terreno, se puede “poner en riesgo la participación futura en misiones de paz si políticamente o jurídicamente se analiza que se traspasaron umbrales de los que la sociedad uruguaya podría aceptar”.
Uruguay es uno de los países que más personal aportan a los contingentes de Naciones Unidas —más de 1.500— si se tiene en cuenta el tamaño de su población.
“No son adecuadas”.
Uruguay dejó plasmada su preocupación por el tema durante la sesión del Consejo de Seguridad del 29 de junio. Ese día el organismo aprobó por unanimidad una resolución en la que renovó la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (Minusma) y le dio un “mandato” especial para desarrollar actividades militares.
A fines del 2012 un grupo afiliado a Al Qaeda tomó el poder en Mali después de una guerra civil. Al poco tiempo aplicaron una interpretación estricta de las leyes islámicas. Las mujeres estaban obligadas a cubrir su cuerpo casi por completo, estaban prohibidas la música y la televisión. Los transgresores eran castigados con latigazos, lapidación o amputaciones. El gobierno de Francia, del que Mali había sido colonia, intervino militarmente y logró derrocar al gobierno islamista. Recién en 2015 hubo un acuerdo de paz entre los grupos que se disputaban el poder y la ONU dispuso una misión para mantener la estabilidad.
En la resolución de junio, el Consejo expresó su “preocupación por la inestable situación de la seguridad, en especial por la reciente expansión de las actividades terroristas y otras delictivas al centro y sur de Mali, así como por la intensificación de la violencia en el centro” del país. Decidió aumentar la “dotación de fuerza” de la Minusma “hasta un máximo de 13.289 efectivos militares y 1.920 agentes de Policía”. Autorizó a la misión “a utilizar todos los medios necesarios para llevar a cabo su mandato” y le solicitó que “adopte una actitud más proactiva y firme en la ejecución” de sus tareas.
Al organismo le preocupan, en particular, los atentados terroristas, que en la resolución denomina “amenazas asimétricas”. Por eso mandata a los cascos azules a “prever y atajar las amenazas y tomar medidas firmes y activas para hacer frente a los ataques asimétricos contra los civiles o el personal de las Naciones Unidas, asegurar una respuesta rápida y eficaz a las amenazas de violencia contra los civiles y prevenir el regreso de elementos armados a esas zonas, emprendiendo operaciones directas solo cuando se trate de amenazas graves y creíbles”.
Uruguay apoyó la resolución, pero luego fundamentó su voto y criticó la nueva estrategia del Consejo. “Las operaciones de mantenimiento de la paz, debido a su composición y su carácter, no son adecuadas para participar en operaciones militares de lucha contra el terrorismo”, dijo el embajador Elbio Rosselli durante la sesión. E insistió: “La proactividad de una operación de mantenimiento de la paz no debe traducirse en acciones o ataques preventivos en el campo de la lucha contra el terrorismo porque se estaría cambiando la naturaleza de lo que significa una operación de mantenimiento de la paz”.
Rosselli explicó que votaba a favor de la resolución porque la situación en Mali era “muy particular”, pero que Uruguay no estaba de acuerdo con que otras misiones de paz asuman la misma estrategia.
Fuentes de Cancillería dijeron a Búsqueda que esa discusión podría repetirse en los próximos días como consecuencia de la inestabilidad en Sudán del Sur, donde ya hay cascos azules. “Tenemos que ver qué resolución se plantea en el Consejo de Seguridad”, añadió una de las fuentes, “para ver si Uruguay la acompaña”.