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Un grupo integrado por siete dependencias estatales entiende que en el actual período de gobierno se debe encontrar una solución a los miles de viviendas abandonadas —en especial en Montevideo—, y resolver la situación social de las familias que ocupan predios de manera ilegal.
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El equipo de trabajo compuesto por el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo, INAU, Intendencia de Montevideo, los municipios B y C, y la Defensoría del Vecino, plantea en un informe que se deben generar “oportunidades de vivienda social rehabilitando las fincas abandonadas en áreas centrales de la capital”. Además, sostiene que se deben promover “capacidades en las familias pobres y excluidas que ocupan las fincas abandonadas”, para el “acceso y permanencia en las áreas centrales en un hábitat digno y en condiciones de formalidad”.
Para “aprovechar” los inmuebles abandonados con destino a proyectos de vivienda social, la comisión plantea varios caminos jurídicos: la expropiación, el remate en el que el Estado sea el mejor postor, o la aprobación de un proyecto de ley a estudio en Diputados. Esa iniciativa legal, elaborada por los diputados del Frente Amplio Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni, plantea que si el propietario del inmueble incumple por un lapso superior a 5 años los deberes de conservar y cuidar el bien (previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial), este podrá ser declarado como abandonado y vacante.
El proyecto comenzará a ser estudiado en agosto, comentó a Búsqueda el diputado Asti. Una propuesta similar había sido presentada por el propio Asti en la legislatura pasada pero no llegó a votarse. De hecho, este es el octavo proyecto de ley desde la restauración democrática que aborda este tema, según consignó el diario “El País” en un informe a fines de junio.
El lunes 13, la Comisión Asesora de Vivienda presentó una serie de informes sobre el área para los próximos cinco años. Esta comisión fue creada en 1968, pero fue convocada por primera vez en el 2005 y luego en 2010. Está dirigida por la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) e integrada por varios organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Su cometido es asesorar a la Dinavi para la elaboración de los Planes Quinquenales de Vivienda que se remiten al Parlamento al inicio de cada administración, en el marco de los planes de desarrollo económico y social del Poder Ejecutivo.
Paradoja.
En el documento sobre “inclusión social y recuperación de fincas abandonadas-ocupadas”, elaborado por las siete reparticiones estatales, los autores señalan la “paradoja” que se da en las zonas centrales de Montevideo debido a que mientras hay un número importante de inmuebles abandonados, expuestos al desmantelamiento, y a la ocupación irregular, a la vez existe un “déficit endémico de viviendas accesibles a la población de modestos recursos”.
El grupo de trabajo sostiene que las opiniones “son casi unánimes” en cuanto a que no siga creciendo esa “mancha urbana” y en que es necesario “rehabilitar y densificar” las mejores zonas de la ciudad donde ya hay servicios de todo tipo.
En el documento se mencionan los números que surgen de la investigación sobre Inmuebles Visiblemente Abandonados en territorio de los municipios B (Ciudad Vieja, Cordón, Centro, Barrio Sur, Parque Batlle, entre otros barrios) y C (Reducto, Aguada, Jacinto Vera, Brazo Oriental, entre otros) realizada por la Defensoría del Vecino de Montevideo en el año 2014. Según esa investigación, hay 339 padrones en estado de abandono. Esa cantidad son 15 manzanas en la zona centro de la ciudad y servirían para construir casi 2.400 viviendas de tamaño medio. El 30% de esos edificios están tapiados, sin explotación ni información visible sobre ofrecimiento en venta o alquiler; al menos 20% pertenecen a una persona jurídica y 145 de ellos están en condiciones de riesgo inminente desde el punto de vista constructivo. En todo el país hay unas 50.000 viviendas abandonadas.
El grupo de trabajo señala la importancia de instalar un programa específico para la inclusión social de las familias en situación de pobreza e indigencia en las áreas centrales de la ciudad.
Se plantean alternativas habitacionales transitorias para las familias que viven en la periferia o que ocupan viviendas abandonas. Entre ellas se propone un subsidio para pago del alquiler (por dos años), garantías de alquiler en convenio con la Contaduría General de la Nación, “alquileres sociales de propiedades del Estado” o piezas en pensiones privadas.
También se plantean alternativas habitacionales permanentes que “deberán” surgir en su mayoría de fincas recuperadas.
Dentro de las propuestas, una refiere a que en inmuebles abandonados se construyan viviendas por ayuda mutua o autoconstrucción y otra propone la adjudicación de viviendas del nuevo plan quinquenal, así como la designación de cupos en edificios del Ministerio de Vivienda. Una tercera alternativa es la compra de vivienda usada a través del convenio con la Agencia Nacional de Vivienda para relocalizaciones, lo que supone una solución “eventualmente más rápida, pero haría que —por los costos del mercado— las familias se trasladen principalmente a la periferia de Montevideo o su área metropolitana”.
