Fueron cuarenta y cuatro figuras políticas. No solo los recibió. Su bienvenida fue más afectuosa que el clásico apretón de manos recurrente en los ámbitos protocolares. A cada uno lo saludó con un abrazo o un beso o, en algunos casos, con mayor efusividad. El objetivo no se quedaba solo en la negociación, lo principal era escuchar. En menos de 12 horas, el presidente Tabaré Vázquez citó a más de cuatro decenas de dirigentes políticos para atender los problemas imprevistos que su gobierno está enfrentando. Las dificultades en seguridad y los desastres en varios departamentos de Uruguay por inundaciones y vientos huracanados, llevaron al jefe de Estado a asumir un rol más protagónico que el que acostumbra a mostrar.
Al día siguiente interrumpió el descanso para convocar de carácter urgente al Consejo de Ministros en la residencia presidencial de Suárez. Allí analizaron la situación de Dolores, que el mandatario fue a corroborar en persona al día siguiente del tornado. Semanas antes había reunido a una delegación multisectorial para trabajar el tema del consumo de alcohol. Y esta semana volvió a reunirse, primero por el tema de seguridad, y luego con los 19 intendentes por las afectaciones causadas por el clima.
En todos los casos Vázquez dispuso conferencias de prensa y habilitó las preguntas de los medios de comunicación.
“El presidente no para y el gobierno está muy activo. Se trata de una atención política a los temas. Acá no hay lugar a interpretaciones de jugadas políticas. Eso tiene que quedar claro. Hay un gobierno preocupado y ocupado”, explicó a Búsqueda el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.
El jerarca de gobierno explicó que por más que se hayan incorporado temas en la agenda de gobierno —como la situación de los inundados y los departamentos afectados— el mandatario no planteó en ningún momento postergar el resto de los asuntos de gobierno.
Hasta el momento lo único que se postergó fue el Consejo de Ministros abierto en un pueblo fronterizo entre Treinta y Tres y Lavalleja previsto para el fin de semana en que se ocasionó el tornado en Dolores. El gobierno decidió suspenderlo por sensibilidad y Vázquez se trasladó a la ciudad de Mercedes para ofrecer apoyo a las víctimas.
El lunes 2 el mandatario comunicó que el Consejo de Ministros suspendido se realizará bajo las mismas características el 23 de mayo.
“Este gobierno está trabajando técnica y políticamente la situación. Lejos estamos de hacer política con un tema de tal sensibilidad. Lo primero es una clara característica de un jefe de Estado. Lo segundo es —desde mi humilde opinión— criticable”, dijo Roballo.
Críticas y atención.
Las críticas desde la oposición al gobierno por la situación de inseguridad se incrementaron a principios de abril. La mayoría de los partidos políticos reclamó la renuncia del ministro del Interior Eduardo Bonomi. Vázquez escuchó los reclamos y citó a todos los partidos políticos.
Primero les aclaró que no está en sus planes pedirle la renuncia a Bonomi. Luego les dijo que el solo hecho de convocar a todos los partidos políticos implicaba un cambio de rumbo en la seguridad. A partir de allí se inició un intenso trabajo para instrumentar medidas concretas.
Con la decisión del gobierno, las críticas de la oposición por seguridad se aplacaron. También los pedidos de renuncia de Bonomi.
La misma situación se dio con los intendentes. La semana pasada en la reunión del Congreso de Intendentes los jefes comunales blancos y colorados criticaron al Poder Ejecutivo por falta de atención. Reclamaron la presencia de Vázquez y demandaron más recursos.
Vázquez conversó al respecto con su equipo de trabajo y citó a los 19 intendentes a la Torre Ejecutiva. En la reunión, celebrada ayer miércoles, el presidente les informó que no hay más margen para partidas extra presupuestales, pero que el gobierno ideará un “Plan Nacional Estratégico Vial con la participación de los jefes comunales”. Allí también se aplacaron las criticas.
Confusión.
“Estamos de acuerdo en aplicar el Código del Proceso Penal en su totalidad”, dijo Vázquez al comenzar la conferencia de prensa con todos los partidos políticos con representación parlamentaria más Novick.
La comisión que celebró su tercera reunión en la Torre Ejecutiva recibió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Ambos expusieron sobre un tema que Vázquez considera clave para la política de seguridad: la reforma del Código del Proceso Penal.
De acuerdo a la última Ley de Presupuesto, una parte de la reforma comenzaría a regir en 2017, y el resto en 2019. Inicialmente se había aprobado que toda la reforma empezara en 2017, pero había una dificultad clave: falta de dinero. Simple de resolver, pero complejo para un gobierno que está apretado con los gastos.
Para la satisfacción de los representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía, el jefe de Estado asumió el martes el compromiso político de implementar la reforma y adelantó algo inesperado hasta para el propio ministro de Economía, Danilo Astori: que destinaría más fondos para la reforma.
Para Vázquez es crucial aplicar el nuevo Código en su totalidad. “Decirlo así es simple. Ponerlo en práctica es más complejo. Hay que poner recursos humanos, porque hay que tener lugares edilicios donde funcionar, y complejo porque se necesitan recursos económicos”, explicó. Pero dejó plasmado su compromiso: “El gobierno se compromete a incluir en la próxima Rendición de Cuentas los recursos económicos para que este proceso se pueda poner en marcha”, afirmó. El presidente informó que los fondos estarán disponibles en enero de 2017 y que a partir de esa fecha la Corte y la Fiscalía tendrán seis meses para implementar los cambios. Dijo también que una consultoría evaluará cuánto dinero se precisa para aplicar la reforma.
Su planteo fue transmitido en vivo por los cuatro canales de televisión en los informativos del horario central. Esto desconcertó al equipo económico del gobierno, que no estaba al tanto del anuncio.
También sorprendió a los ministros de la Corte y al fiscal general, que se retiraron de la reunión luego de hacer sus exposiciones y no estaban al tanto de lo que había acordado después el presidente con los representantes de la oposición.
De todas formas, la información generó confusiones. Fuentes de la Fiscalía dijeron a Búsqueda que quedó claro que el Código se implementará de forma completa en 2017. Esto incluye el aspecto de la reforma que se había postergado para 2019: la oralidad y publicidad de las audiencias. Además afirmaron que el Ejecutivo acordó aplicar el mecanismo de procesos abreviados, que descongestionará los procesos por audiencias orales, extender el principio de oportunidad y aplicar las medidas alternativas.
Díaz dijo a Búsqueda que tiene una “enorme satisfacción de que todos los partidos políticos junto al Poder Ejecutivo hayan acordado que el Código entrará en vigencia en 2017”. La Fiscalía “asumió el compromiso de estar preparada, y lo va a estar”, afirmó. “Es muy importante porque implica dejar atrás un sistema penal obsoleto que vulnera los derechos humanos”, añadió.
Por su parte, Pérez Manrique dijo a Búsqueda que en la Corte “hay voluntad política de aplicar el Código lo antes posible”, pero que hay “limitaciones de tiempos y recursos”.
El ministro dijo que no cree que los planes del Ejecutivo sean implementar toda la reforma en 2017. “Hoy no está claro cuál es el plan”, afirmó. Es que en su conferencia Vázquez mencionó que se implementaría por zonas geográficas, algo que algunos partidos cuestionan.
“Si es en todo el país, a mediados de 2017 no llegamos”, aseguró Pérez Manrique. “Precisamos por lo menos un año para implementar la reforma”, añadió. Además dijo que tiene que estar claro cómo se va a implementar, para luego presupuestar cuánto dinero se necesita.
Por otra parte afirmó que la Corte agradeció al presidente por la posibilidad de tener un diálogo entre el Ejecutivo, el sistema político y la Corte. “No es común que se den estas instancias en Uruguay”, agregó.
El senador Javier García, que participó por la delegación del Partido Nacional, dijo a Búsqueda que el compromiso de Vázquez “quedó claro”. El presidente le adelantó que en la reunión prevista para la próxima semana el gobierno dará una respuesta sobre las medidas de seguridad presentadas por los blancos.
