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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa literatura muestra que las causas de los homicidios son variadas, los estudios previos han focalizado su atención principalmente a factores estructurales, sociales e institucionales. En este ensayo, propongo añadir al debate la importancia de las dinámicas del crimen organizado, y en particular de los mercados ilegales. Entendiendo que es la combinación del funcionamiento de los diferentes mercados ilegales en territorios donde las instituciones públicas son ineficaces y corruptas, una de las principales causas del crimen, y en particular de los homicidios, en Uruguay.
En la actualidad, América Latina es reconocida como la región más violenta en el mundo. Con solo el ocho por ciento de la población mundial, el 33 por ciento de los homicidios globales ocurren en esta región (Jaitman & Ajzenman, 2016), en donde la tasa de homicidios creció entre 2016 y 2022 en casi un 500% (AmericasBarometer, 2023). La tasa de homicidio regional está por encima de los 20 casos cada 100.000 habitantes, siendo más del triple que la del promedio mundial y acercándose a los niveles de tiempos de guerra que tienen tasas de 30 homicidios por cada 100.000 (Chioda, 2017). Además, por cada homicidio cometido, se estima que se producen entre 20 y 40 ataques violentos no mortales (Imbusch, Misse, & Carrion, 2011). Para poner los números en contexto, en el 2020 fueron asesinadas 36.773 personas en México, 47.722 en Brasil y 12.247 en Colombia, llegando a una cifra cercana a los 100.000 muertos en un año (Unodc, 2023). A modo de comparación, un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2022) estimó que el total de muertes de civiles en la guerra de Siria fue de 306.887, entre marzo de 2011 y marzo de 2021. Es así que, aunque las guerras y el terrorismo ocupan los titulares de los diarios, el 80% de la violencia letal tiene lugar fuera de las zonas de conflicto armado (Carbonari et al., 2020). Según la Unodc (2019), desde el comienzo del siglo XXI, el crimen organizado ha provocado aproximadamente el mismo número de asesinatos que todos los conflictos armados en el mundo.
La importancia del fenómeno del crimen organizado en América Latina radica en que, por un lado, explica gran parte de la violencia en la región y, por otro, configura negocios económicos rentables y en expansión (CAF, 2014; GI-TOC, 2021; Hernández Bringas, 2021; Sain y Rodríguez Games, 2015). Por ejemplo, se calcula que en promedio unos 65.000 asesinatos al año estuvieron relacionados con el crimen organizado durante el periodo 2000-2017, y que hasta el 19% de todos los homicidios registrados en el mundo están relacionados al crimen organizado y a bandas criminales (Unodc, 2019). Las definiciones de crimen organizado son ambiguas y varían mucho, pero hay algunas características que estos grupos tienen y se repiten a lo largo del continente, en particular: la falta de ideología (en donde el principal objetivo es incrementar los ingresos económicos), una estructura y jerarquía organizada, una continuidad en el tiempo, el uso de la violencia o la amenaza de la violencia, una afiliación restringida a los miembros, la participación en negocios y mercados ilegales, la penetración en negocios legítimos y la intención de corromper a las autoridades públicas para obtener inmunidad y protección (Hagan, 2006; Paoli, 2014; von Lampe, 2015). El auge de la delincuencia organizada es un denominador común en la mayoría de los países latinoamericanos, donde encontró condiciones en las desigualdades estructurales. A lo largo de los años, los grupos y redes delictivas pertenecientes al crimen organizado se han diversificado y complejizado, adquiriendo gran dinamismo. Actualmente, en los países de la región, el narcotráfico, la trata de personas (con fines de explotación laboral o sexual), el contrabando, los crímenes ambientales, el tráfico ilegal de armas, constituyen actividades criminales y económicas que han crecido y se han desarrollado de manera significativa. A su vez, la región participa de todas las fases del mercado: producción, tráfico y consumo de los diferentes mercados (Hernández Bringas, 2021). Esto representa un problema considerable para la gobernabilidad e institucionalidad, no solo en términos de la violencia y criminalidad que acarrea, sino, además, porque la porosidad que adquiere este tipo de negocios coarta la capacidad reguladora estatal, afecta el desarrollo local y obliga a definir estrategias de políticas centralizadas y de prevención transnacional.
Una gran cantidad de las investigaciones han estudiado las dinámicas del crimen organizado, sus estructuras y las formas en que ejercen la violencia. Aunque está relacionado con lo anterior, hay escasas investigaciones en profundidad sobre las dinámicas de los mercados ilegales. Un mercado ilegal es un espacio (tanto físico como virtual) para el intercambio voluntario y regular de bienes y servicios por dinero, en el que los propios bienes y servicios, su producción, venta y/o consumo infringen la ley (Arlacchi, 1998; Beckert & Wehinger, 2011; Beckert & Dewey, 2017). Otros, definen a los mercados ilegales con mayor simplicidad, siendo estos una red en la que un conjunto de compradores y vendedores interactúan para intercambiar bienes y servicios por dinero (Bouchard, 2007). Varios mercados ilegales pueden coexistir en la misma ubicación geográfica pudiendo estos solaparse o no, también hay mercados ilegales definidos por redes sociales de gran alcance que pueden cubrir enormes distancias geográficas o estar centralizados en pequeños espacios. En combinación con lo anterior, las cadenas de suministro ilegales son claves para el funcionamiento de los mercados ilegales. Estas cadenas están compuestas de actividades como la adquisición, la producción, el transporte, la venta y la distribución de productos ilegales, así como procesos especializados de contrabando transnacional, lavado de dinero y corrupción de funcionarios gubernamentales, todas etapas fundamentales para el flujo mundial de bienes y servicios ilegales. La naturaleza transaccional del comercio ilícito implica un complejo conjunto de actores económicos y políticos, dinámicas de intercambio y estructuras de gobernanza, que constituyen la base de las cadenas de suministro ilícitas que habilitan la existencia de los mercados ilegales (Unodc, 2022; Europol, 2023).
Es importante mencionar que la ilegalidad no engendra necesariamente violencia, como cabría esperar, ya que los mercados ilegales suelen ser pacíficos (Reuter, 2009; Snyder y Duran-Martinez, 2009). Las organizaciones criminales pagan diversos costos por participar en cadenas de suministros y mercados ilegales, que incluyen costos de ocultación, de evasión y de corrupción, siendo este último el costo más sustancial de toda la cadena de suministro (Kassab y Rosen, 2018). Sin corrupción, los mercados ilegales serían significativamente menos resilientes, ya que los proveedores y traficantes no podrían mover sus productos y servicios en el mediano y largo plazo. La literatura establece que la corrupción también puede entenderse en términos de círculos de protección, en donde la protección es un “servicio” que los gobiernos proporcionan ilegalmente. La protección estatal ilegal la proporcionan necesariamente las autoridades oficiales y, por lo tanto, implica la no aplicación o la suspensión “de facto” de la ley es un espacio específico por el gobierno. Como tal, la corrupción se convierte en una herramienta que crea un espacio seguro en el que las relaciones sociales se rigen por principios extralegales (Dewey, 2017). Por otro lado, los grupos criminales tienden a usar la violencia como un recurso alternativo a la corrupción. La violencia se considera una herramienta que las organizaciones delictivas utilizan para resolver conflictos internos, reducir los comportamientos desleales y mantener posiciones en el mercado. Además, el aumento de violencia en los mercados ilegales suele ser señal de una creciente competencia por el control de redes de distribución lucrativas o de un territorio geográfico concreto, de cambios en los equilibrios de poder dentro o entre grupos criminales, y del impacto de las actividades de las fuerzas de seguridad pública (von Lampe, 2015).
Es necesario profundizar en las diferencias entre los mercados ilegales, ya que cada mercado tiene su propia dinámica, genera diferentes ingresos y tienen capacidad de usar la violencia y corromper a las instituciones públicas de manera distintas. En consecuencia y en particular en materia de políticas públicas, es primordial entender las dinámicas de los distintos mercados ilegales y el rol que juega cada país en la cadena de suministros de estos mercados. Por ejemplo, no es lo mismo las dinámicas del mercado de tabaco contrabandeado que la del mercado diamantes sin certificado Kimberley1 o la de pornografía infantil en los EE.UU. Tampoco es lo mismo el mercado de cannabis, que es la droga ilegal más consumida a escala mundial que el mercado de ketamina, que es una de las drogas menos consumidas en términos relativos y en donde si se consume es en países tan diversos como Georgia, Irlanda, Camboya y el Líbano (Unodc, 2023).
En América Latina es donde se produce toda la cocaína consumida a escala mundial. El mercado de cocaína está experimentando una expansión sin precedentes, visible no solo en el volumen de la oferta y la demanda, sino también en la consolidación de mercados establecidos y la aparición de nuevas rutas y centros de distribución. La producción y el inicio de la cadena de suministros para abastecer los mercados de cocaína está centralizada en solo tres países (Colombia, Perú y Bolivia), en contraposición, la producción de drogas sintéticas tiene una gran flexibilidad geográfica y pueden ser producidas en cualquier lugar. Es así que mientras el mercado argentino de MDMA (éxtasis) está atomizado y parcialmente se abastece a sí mismo, tiene dinámicas muy diferentes que el mercado holandés de MDMA, que no solo se abastece a sí mismo, sino que también abastece a gran parte de Europa (un mercado de 1,8 millones de clientes) (EMCDDA, 2023). Por otro lado, no es lo mismo el mercado uruguayo de cocaína, donde el valor del kilo ronda en los US$ 8.000 con un consumo estimado de 60.000 personas por año, que el mercado de cocaína alemán, donde hay casi un millón y medio de potenciales clientes (1,6% de la población alemana consume cocaína anualmente) con un precio al mayorista por kilo que promedia alrededor de los US$ 60.000 (Unodc, 2019; GI-TOC, 2021). Estos mercados, por más que vendan el mismo producto ilegal, son sumamente distintos, ya que tienen cadenas de suministros distintas y generan diferentes volúmenes de ingresos, lo cual afecta su poder para corromper al Estado y usar la violencia. A lo anterior hay que sumarle el rol que juega cada país en dicha cadena de suministro, por ejemplo, Uruguay, tiene ese relativamente chico mercado de cocaína interno, pero juega un rol cada vez más central en la exportación de cocaína al pudiente y creciente mercado europeo. Uruguay, entonces, no solo tiene que preocuparse por su mercado y consumo interno, sino por su rol en la cadena de suministro a clientes con grandes niveles adquisitivos. Uruguay tiene dos problemas (únicamente refiriéndonos al mercado de cocaína), su rol como país de consumo y como país de tránsito, que generan diferentes dinámicas, y que requieren diferentes acciones por parte del gobierno.
En resumen, las rutas de suministros de los mercados ilegales y los mercados ilegales existen donde el Estado voluntariamente (a través de corrupción) o involuntariamente no está presente. El abandono de facto de los gobiernos de territorios y sectores de la población, en la provisión, no solo de servicios de seguridad, pero de otras funciones básicas del Estado quiebra el contrato social. Marcuse (1989) introdujo el término ciudad fragmentada para referirse a las ciudades que reflejan un profundo sentimiento de división que prevalece en toda la sociedad. Esos espacios concentran las carencias estructurales que se ven reforzadas por el descuido de las instituciones públicas. Esos espacios fragmentados se convierten en una suerte de gueto, donde la actividad ilegal es un rasgo común del paisaje y donde se quiebran las normas sociales. Esos espacios, además, brindan amplias oportunidades beneficiosas para los grupos criminales ya sea para ocultar el producto ilegal y equiparse con armas de fuego, como para reclutar individuos, que en su gran mayoría son jóvenes fuera del sistema educativo y laboral, con pocas o nulas oportunidades de progreso. Es allí donde los grupos criminales cooperan o compiten por el control de las rutas de suministro y de los mercados ilegales, y donde la violencia homicida surge. Por ende, entender las diferentes dinámicas de los mercados ilegales es una herramienta central para generar políticas públicas que logren tener un impacto en la reducción de los niveles de violencia.
Gonzalo Croci
Dr. en Ciencias de la Seguridad y el Crimen
1) El Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS, por sus siglas en inglés) es el proceso establecido la Resolución 55/56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003 el cual busca impedir que los “diamantes de zonas en conflicto” entren en el mercado general de diamantes.