El sobreendeudamiento

Uno de los temas que nos debe de preocupar en la actualidad es el referido al sobreendeudamiento del deudor civil. Durante los últimos meses se ha debatido acerca de las consecuencias de esta crisis financiera en los consumidores y, particularmente, en aquellos que se han visto imposibilitados de abonar préstamos en sus diferentes modalidades. Pero incluso más aún el que está garantizado con una hipoteca como es la vivienda habitual o con una prenda que utiliza ese coche como modalidad de trabajo, su medio de subsistencia. Este problema es visto como la situación en la cual una persona presenta un déficit económico por deudas contraídas por el consumo de bienes y servicios, e incluye el sobreendeudamiento del consumidor o la insolvencia familiar.

Se entiende por sobreendeudamiento a la situación de desequilibrio patrimonial que se produce cuando un consumidor o consumidora persona humana enfrenta dificultades o la imposibilidad de pagar, con el producto de sus ingresos regulares, deudas u obligaciones dinerarias o de valor, vencidas o por vencer, contraídas con destino final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Tenemos un efecto no deseado que es el sobreendeudamiento. La reducción de la capacidad de pago con la consiguiente disminución del consumo tiene como efecto directo el crecimiento del segmento de incobrabilidad, y a su vez aumenta el riesgo de impago y la explosión de los ahorros confiados por el público. Estas consecuencias se verifican principalmente en el campo de la salud. Según el grado de control por parte del deudor, las causas de excesivo endeudamiento suelen dividirse en activas (exceso de créditos, mala administración, gastos domésticos y exceso de cobros) y pasivas (pérdida del empleo, divorcio, enfermedad o accidente, disminución del ingreso, muerte, entre otras). Si bien la literatura económica enseña que el sobreendeudamiento surge usualmente de una combinación de factores, el desempleo y la enfermedad presentan una gran incidencia. De lo anterior se desprende que, mayoritariamente, el sobreendeudamiento es pasivo. De esta forma, de acuerdo con los datos disponibles el sobreendeudamiento aparece como un problema cuyo origen generalmente escapa de la esfera de control del deudor y sus efectos también superan esa esfera individual. La impotencia de un deudor para cumplir con sus obligaciones crediticias repercute negativamente en su salud física y mental (ansiedad, estrés, depresión, hipertensión, entre otras manifestaciones). Fuera del ámbito individual, el sobreendeudamiento afecta negativamente al entorno directo del deudor (cónyuge e hijos, especialmente), no solo por la imposibilidad de desarrollar una vida normal a consecuencia de la falta de medios materiales, sino por la propia aflicción al contemplar las dificultades personales. Mejorar el acceso y uso de los servicios financieros requiere “responsabilidad” y “diálogo permanente” de empresas, Estado y consumidores.

Estamos ante un mercado que acusa rasgos de irresponsabilidad en el otorgamiento de los créditos de consumo, lo que es el resultado de la conjunción de, al menos, tres factores: por un lado, una facilitación exacerbada e inducida del acceso a los créditos de consumo y a medios de crédito; por otro, las prácticas y cláusulas abusivas en los contratos; y, por último, la exclusión y fragilidad de amplios sectores de la población que buscan posibilidades de acceso al mercado de consumo. Así lo demuestran los números, que nos encontramos con uruguayos sobreendeudados. Tenemos que un 63% no puede cubrir sus gastos con un salario o el ingreso en los últimos 12 meses. La franja de edad menor de los 30 años se encuentra en situación de endeudamiento incobrable habiendo aumentado significativamente la cifra en cantidad de jóvenes y monto de la deuda. A raíz de esto, tenemos una cifra importante de uruguayos con depresión, pero se cuenta que hay aún más. Lo que conlleva a otros problemas como la ludopatía, drogadicción, automedicación, etc. Ante esta situación es indispensable implementar acciones que promuevan un crédito responsable. O sea, un crédito que se concede con criterios correctos y racionales, donde el consumidor puede hacer una elección que cuente con información clara sobre las condiciones y las consecuencias.

Es imperioso que, de la misma manera en que se ha expandido la oferta de créditos y se ha potenciado por parte de los Estados y de la banca y el comercio esa oferta, existan también mecanismos que auxilien y pongan a salvo de situaciones que se generen por el uso inconveniente de esos créditos, ya sea a través de amplios programas de educación e información a los consumidores como de legislación que los ampare cuando esas infortunadas situaciones acaecen. La información que actualmente reciben los consumidores en relación con los créditos de consumo proviene casi exclusivamente de los datos y la publicidad que realizan los bancos y otras entidades financieras. Se trata de una información que, en muchos casos, es poco clara y carece de la objetividad, transparencia y suficiencia que exigen las leyes de protección del consumidor. Si a la ausencia de una información responsable se agrega la insuficiente oferta de programas o políticas que se orienten a capacitar al consumidor en aspectos relacionados con el manejo de sus finanzas y del presupuesto familiar, es evidente que estamos ante un cuadro donde la posibilidad de que un consumidor llegue a situaciones de endeudamiento insostenible tiene una alta probabilidad.

Hablamos de familias endeudadas, de jóvenes endeudados, por préstamos personales, pero también por tarjetas de créditos, que lleva a una alta morosidad. Y los lleva muchas veces, para poder saldar las deudas, a que se toman nuevos créditos y, en los últimos años, se registra un importante incremento en la oferta y en la concesión de préstamos personales (“créditos rápidos”) que se caracterizan por dos elementos: la rapidez con la que el interesado recibe contestación a su solicitud y la simplificación de los trámites y las gestiones necesarias para acceder a ellos. Estos beneficios, sumado a la necesidad que muchas veces suele acompañar a quienes lo necesitan, llevan a muchas personas a solicitar dichos préstamos sin mirar aspectos básicos (“la letra chica”, la publicidad suele ser masiva, atractiva y en ocasiones engañosa). Para los consumidores es crucial el acceso a servicios financieros estables, seguros y justos.

Adriana Besso

Consultora en los derechos del consumidor