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Hinchas de Aguada festejan un doble de su club durante un partido de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025
Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
El reclamo de los dirigentes de la FUBB también ha sido realizado por algunos de sus pares del fútbol. La respuesta del Ministerio del Interior, sin embargo, permanece incambiada: la Policía no va a entrar a los escenarios deportivos.
La medida se tomó en 2014 por orden del entonces presidente José Mujica. Desde ese año a hoy, distintas divisiones policiales —como las jefaturas departamentales, Tránsito, Guardia Republicana, Logística y Apoyo, entre otras— operan en áreas externas a los estadios. Allí delimitan zonas de estacionamiento, patrullan el entorno, realizan detenciones, protegen vehículos de transporte colectivo y despliegan vallados tácticos para separar parcialidades. También llevan adelante tareas de inteligencia y monitorean cámaras con tecnología de reconocimiento facial.
Normativas como el decreto 387/016 avalan que, ante determinados incidentes de gravedad, unidades como la Guardia Republicana pueden ingresar a las tribunas para restablecer el orden, como se hizo en el partido Aguada-Nacional. Por fuera de eso, la presencia policial dentro de los estadios es solo para proteger a los árbitros.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) reafirmó estos lineamientos en sus artículos 95 a 98 al establecer que la seguridad en los espectáculos públicos, ya sea en recintos privados o públicos, será responsabilidad de las personas físicas o jurídicas encargadas de su organización, promoción y desarrollo: “Contarán, cuando corresponda, con el apoyo y auxilio del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional”.
La intención de que esta política permanezca igual fue compartida en distintas gestiones de gobierno, tanto en el ámbito ministerial como en el policial. Pese a eso, desde la FUBB insisten con la necesidad de que la Policía esté nuevamente autorizada a permanecer dentro de las canchas.
“Estamos convencidos —y tenemos ejemplos por demás probados— de que con la Policía adentro es muy difícil que suceda un hecho de violencia o, si llega a producirse, se para de inmediato. Entonces, creemos que la Policía tiene que estar adentro del recinto del espectáculo de juego”, dijo el secretario general de la federación, López. Al igual que Benítez, su compañero de directiva, López hizo referencia a lo sucedido en el séptimo partido entre Aguada y Nacional, cuando la Guardia Republicana desactivó un posible caos en las tribunas: “No hubo un solo golpe, no hubo un solo palo, no hubo absolutamente nada; entraron, se presentaron, empezaron a caminar y se acabó el problema”.
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Peñarol retornó a la Liga Uruguaya de Básquetbol en 2020 y juega como local en el Palacio Peñarol
Ernesto Ryan/adhocFOTOS
Para el básquetbol, la intervención policial continua en los estadios es todavía más urgente debido al panorama que enfrenta la Liga Uruguaya de Básquetbol, la principal categoría del país, donde desde la temporada 2020 confluyen Nacional y Peñarol, con un público cada vez más arraigado que trasladó del fútbol sus peores prácticas. “Tenemos equipos grandes que ahora están transitando el básquetbol con muy buen suceso, y eso implica que sus hinchadas, con culturas, con tradiciones, con mañas propias del fútbol, vengan al básquetbol, que no tiene nada que ver. Esa ola de la futbolización ya está, de alguna manera, acercándose o cerca de taparnos”, advirtió López.
Ante la Cámara de Diputados, López y Benítez alertaron además por una nueva conducta: barras bravas de Nacional y Peñarol de segundo orden que no lideran la tribuna en el fútbol pero aprovechan su ingreso al básquetbol para tomar el dominio de otros equipos. “Eso nos preocupa mucho y ya tenemos un montón de equipos mapeados en los que esta gente ya está metida”, plantearon.
La posición del Ministerio del Interior
El 26 de marzo de 2014 Nacional perdió 4-2 contra Newell’s Old Boys de Argentina en el Estadio Centenario por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El resultado fue anecdótico: desde su casa, el presidente José Mujica observó por televisión las imágenes de los incidentes que sucedieron luego del pitido final, con decenas de heridos y arrestados en la tribuna Colombes tras un duro enfrentamiento entre hinchas y policías. Horas después Mujica llamó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para comunicarle que, en adelante, ninguna unidad de la Policía Nacional debía ingresar a un escenario.
Once años después, la situación no ha cambiado. En 2022, el Ministerio del Interior inició conversaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para analizar la posibilidad de retirar por completo a la Policía de los campos de juego, incluidas las tareas de custodia de los árbitros. La propuesta surgió a partir de una visión compartida por jerarcas policiales —tanto actuales como anteriores—, que consideran que los partidos de fútbol, al igual que los conciertos o los festivales artísticos, son eventos privados y, por lo tanto, deben contar con seguridad contratada para su control y protección.
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Aunque desde 2014 la Policía dejó de estar presente en las tribunas, sigue teniendo funciones específicas dentro del operativo de seguridad, entre ellas, escoltar a los árbitros
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Otra de las razones, también horizontal a distintas administraciones del Ministerio del Interior, es que la Policía debe garantizar la seguridad en todo el país, y un operativo de custodia total para un evento deportivo requiere de cientos de efectivos, lo que puede dejar desprotegidas ciertas zonas. Un tercer motivo tiene que ver con la lógica táctico-operativa del ingreso policial a las tribunas: si se producen hechos de violencia, la intervención recae en la Guardia Republicana, una unidad de élite entrenada para reprimir cuya intervención ante hechos de gran concentración de público implica el riesgo de que terceros resulten heridos, lo que puede derivar en cuestionamientos políticos al gobierno y la Policía.
Algunos de estos motivos fueron esgrimidos por el ministro del Interior, Carlos Negro, en abril, luego de que se suspendiera el partido entre Peñarol y Cerro por el Torneo Apertura debido a incidentes en el Campeón del Siglo. “Es un espectáculo privado generado por la organización de privados. Esto no quiere decir que la Policía no intervenga o no ingrese, sino que lo hará en tanto y en cuanto sea necesario”, afirmó Negro en aquel momento. Si se produce “algún tipo de desorden, disturbio o delito, para eso está la Policía, para ingresar y tomar cartas en el asunto. Es lo que hizo el jefe del operativo en Peñarol-Cerro: ingresó y dijo que el partido no podía seguir”, expresó sobre la orden de la Policía de que se suspendiera ese partido luego de que hinchas de Cerro lanzaran proyectiles.
Tras aquel suceso, la Policía pretende fortalecer tareas investigativas, operativas y logísticas vinculadas a la organización de los partidos, como la venta de entradas, la concentración de hinchas, los traslados hacia los estadios, el ingreso y la evacuación del público. Negro decidió además destituir a Álvaro García como director de Seguridad en el Deporte, un cargo que ocupaba desde que esa nueva división se creó a fines de 2023. En su puesto fue nombrado el comisario mayor Juan Silva, un policía con amplia experiencia en el narcotráfico.
Negro y Silva han mantenido reuniones en las últimas semanas con periodistas deportivos para explicar el rol de la Dirección de Seguridad en el Deporte, la normativa que rige el accionar de la Policía en eventos privados como los partidos de fútbol y básquetbol, las causas por las cuales el Ministerio del Interior entiende inconveniente que la Policía ingrese a las canchas y el funcionamiento de la lista negra que prohibe el ingreso de ciertas personas a los espectáculos deportivos.
En el gobierno descartan que, para evitar incidentes, se imponga como norma la prohibición de hinchas visitantes en partidos considerados de alto riesgo, por ejemplo, los que disputan Cerro, Nacional y Peñarol. Tampoco se prevé sugerir a la AUF que se aumenten las sanciones económicas y deportivas a las instituciones cuyos hinchas protagonicen episodios violentos, una práctica utilizada con mayor eficacia de lo previsto en el básquetbol, donde afectó incluso con descensos a clubes de relevancia como Atenas y Goes.
En abril, el Tribunal de Penas de la FUBB sancionó a Peñarol con una multa de 20.000 unidades indexadas, la prohibición de jugar con público en sus primeros seis partidos como local de la temporada 2026 y el descuento de dos puntos en la tabla como consecuencia de incidentes ocurridos en un partido como local frente a Defensor Sporting.
¿Qué hace la Policía con la lista negra?
El registro de personas impedidas de ingresar a eventos deportivos fue creado en 2017 mediante la Ley 19.534, que estableció los criterios para excluir a quienes cometan actos violentos en el fútbol y el básquetbol. El gobierno de Luis Lacalle Pou amplió esta normativa a través de la Ley de Urgente Consideración al permitir que otras federaciones deportivas también sumen nombres al registro y al establecer nuevas causales para la inclusión, como amenazas realizadas en redes sociales, el uso no autorizado de bengalas, el ingreso irregular al campo de juego y la exhibición de pancartas consideradas agresivas.
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A los dirigentes del básquetbol les inquieta la presencia de barras bravas como las de Nacional y Peñarol en el deporte
Ernesto Ryan/adhocFOTOS
Hoy el sistema funciona bajo el decreto 1/2021 gestionado por la AUF, encargada de administrar y actualizar el registro. Las federaciones deportivas, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial elevan a la AUF la incorporación de individuos. En cuanto al cumplimiento del derecho de admisión, la Ley 19.534 establece que los organizadores de los eventos son los responsables de impedir el ingreso de quienes se encuentran en la lista negra. Para ello pueden solicitar el apoyo de la Policía Nacional, que actúa en un rol de garantía y respaldo, pero solo puede intervenir directamente en casos que involucren una orden judicial.
Aunque están dentro del registro, barras de Nacional y Peñarol han logrado en el pasado ingresar a ver a su equipo, tanto en partidos de básquetbol como de fútbol. También lo han hecho barras de otros equipos. La Policía investiga las razones para esa práctica, entre ellas, posibles amenazas de los hinchas a los dirigentes de los clubes; por el momento no recibió denuncias de directivos.
