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Los casos de Conexión Ganadera y de la Caja de Profesionales se parecen, obviamente, en que ambos son un drama económico. Pero, sacante eso, como dicen los paisanos, parecería que son dos cosas radicalmente distintas: una es un negocio, la otra es un mecanismo de seguridad social; uno privado, el otro público… Pero en el fondo tienen un elemento, básico, en común: las dos son apuestas a obtener un retorno económico.
En ambos casos, la persona pone plata de su bolsillo en manos de un tercero que le ofrece un retorno visto como beneficioso. Con una característica adicional nada menor: tanto en el caso de Conexión Ganadera como en el de la Caja de Profesionales el que pone cree que va a obtener lo que el otro le promete. En el primer caso, una ganancia segura y, en el otro, una renta, también segura.
Llegado a este punto, como que estoy oyendo las reacciones: “¡Nada que ver! Lo de Conexión Ganadera era notoriamente absurdo, ninguna inversión ganadera puede rendir lo que aquella prometía y mucho menos con total regularidad” (y, encima, trabajando en campo ajeno).
Totalmente de acuerdo. Los números de Conexión Ganadera no daban, por donde se los mirara. Pero ¿y los de la Caja de Profesionales? Tampoco.
Hace años que se sabe que la caja iba camino al precipicio. Muchos años. Que sus números eran tan absurdos como los de Conexión Ganadera. Esto nos pone frente a la coyuntura central de estas dos realidades: si en el caso de Conexión Ganadera no habrá otro desenlace que el quebranto del inversor, ¿cuál debería ser la salida para el aportante/beneficiario de la Caja de Profesionales? ¿También quedarla?
Es horrible decirlo, pero es a lo que apunta la realidad. Con una salvedad. Si bien parcial. Hay una diferencia importante entre uno y otro caso. El inversor en Conexión Ganadera actuó de forma totalmente libre, el afiliado a la Caja de Profesionales está encuadrado legalmente: si quiere ejercer su profesión, está obligado a afiliarse y aceptar los términos que la caja le impone. La diferencia no es menor.
Cierto es que podría(mos) haber pataleado —hace rato— y no lo hizo (hicimos), al menos no efectivamente. Hay, entonces, un fundamento para un reclamo de los afiliados en el sentido de que no se les haga pagar toda la cuenta. Dicho lo cual confieso que no veo ahí un argumento conveniente para pretender que otros la banquen en su totalidad.
No comparto la tesis de que sería justo gravar ahora a quienes optaron por declarar no ejercicio de la profesión (más allá de los casos en que la declaración fuera trucha). Esas personas ejercieron un derecho otorgado por la ley: no es justo quitárselo retroactivamente. Y si el argumento es que hicieron la carrera gratis, tampoco corre: si es por eso, terminemos con el absurdo de la educación terciaria gratuita.
Ahora bien, más allá de la discusión sobre los platos rotos (que tal parece ser un ejercicio recurrente en nuestro país), una vez que se haya resuelto (y es imposible que se resuelva bien), este asunto de la Caja de Profesionales debería establecerse, en nuestra cultura, como principio de naturaleza fundamental, aquella fórmula del derecho romano que, para evitar que sucedieran reclamos como los que aparecen recurrentemente en nuestro Uruguay, estaba grabada sobre las entradas al Foro: “Caveat Emptor”.
Que se cuide el comprador. Siempre, frente a los negocios, pero también frente a las “soluciones” que ofrece el Estado. No es de salvataje en salvataje que progresan las sociedades.
