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La columna de Andrés Danza del jueves pasado trata del poder y la autoridad. Esos dos conceptos han sido recolocados sobre el escenario político por el reciente discurso de Luis Lacalle Pou en ocasión del aniversario del Partido Nacional. Ese discurso fue una pieza oratoria original, muy inteligente, que da abundante paño para mucha reflexión y comentario, notoriamente diferente y distante del tipo de discursos políticos que se oyen todos los días. En mi opinión, el propósito último de la columna de Danza parece haber sido proteger, de alguna manera, la autoridad del presidente Orsi, que está teniendo serios problemas en ese sentido. Pero no quiero ir por ahí.
Quiero estribar en esa columna de A. Danza y en esos conceptos de autoridad y poder para llevar la atención del lector hacia un aspecto grave y, a la vez, descuidado de nuestra realidad nacional actual. Danza comienza su columna afirmando: “Poder y autoridad van de la mano. Funcionan como dos caras de la misma moneda (…) Hay excepciones en las que estos dos conceptos no van juntos, aunque muy raras (…) ocurre en lugares donde los que ejercen el poder lo hacen por la fuerza pero sin autoridad verdadera, como en las dictaduras o directamente donde no lo ejercen y otros ocupan su lugar por la espada”.
No es posible hoy en nuestro país quedarnos con esas descripciones: ellas nos apartan y nos alejan —con un buenismo lineal y piedeletrista— de la realidad de este Uruguay, año 2026, gobierno del Frente Amplio, presidencia de Yamandú Orsi. Me explico.
Poder y autoridad van de la mano, dice Danza. En varias zonas de Montevideo el poder que domina, el que manda, no tiene ninguna autoridad: es imposición, puro músculo brutal, sin límites, sin inmutarse por todas las tanquetas militares que se pusieron o se pongan en circulación.
En el puerto de Montevideo el poder que manda, que es el sindicato, es un poder mafioso, sustentado en la amenaza y no en autoridad ni legitimidad alguna (pero acatado, en el puerto, en el Ministerio de Trabajo y en la Presidencia de la República). ¿Sigo? La pesca. La imposibilidad de cerrar la planta de pórtland de Ancap en Paysandú, etc., etc.
La discusión teórica y la práctica política tienen directamente que ver con el poder y la autoridad: entender de qué se trata, advertir sobre quiénes lo ocupan cuando no lo pueden ejercer o no quieren hacerlo quienes tienen la legitimidad o la autoridad y desconfiar del discurso hipócrita (tan frecuente).
Las disquisiciones teóricas son atractivas y necesarias, pero estamos en el Uruguay de hoy. Con la atención puesta allí, los datos de esa realidad conducen a una conclusión distinta sobre lo que ocurre (o no ocurre) en el despacho del presidente de la República.
Y son datos que llevan a la necesidad de que los uruguayos enfrentemos, sin engañarnos con versos, la demoledora realidad de los retrocesos cívicos que venimos registrando en nuestro país.
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