Plantean gestionar el patrimonio público replicando el ejemplo de la Unidad de Deuda

Ambas propuestas fueron presentadas públicamente el martes 8 en un evento realizado por Pharos —el think tank de la Academia Nacional de Economía— y CFA Society Uruguay titulado Patrimonio público. Una oportunidad para generar ingresos más allá de la ecuación fiscal. Estas ideas ya fueron conversadas con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, a quien le parecieron un “buen aporte”, dijeron a Búsqueda desde ese centro de análisis.

Dormir en una “mina de oro”

Álvarez defendió la necesidad de tener un manejo profesional del patrimonio público a cargo de una oficina o unidad de gestión de activos con una gobernanza adecuada porque “seguramente sea una oportunidad” para crear nuevos recursos económicos “genuinos y concretos”, sin necesidad de acudir a la ecuación fiscal subiendo impuestos o bajando el gasto público.

A esa unidad la proyectan dentro del Ministerio de Economía con un sistema de gobernanza que incorporaría a los ministros, los jerarcas y las intendencias según el alcance de los activos que administre (nacionales, departamentales, de entes autónomos, etc.).

Entre los objetivos de esa eventual nueva oficina —que trabajaría con independencia, según un plan de negocios y presupuesto— estaría gestionar el portafolio de activos y plantearse metas anuales de crecimiento para determinado período de tiempo, explicó Álvarez.

El equipo gerencial de la unidad debería tener idoneidad técnica en las áreas de gestión de activos, infraestructura, real estate e ingeniería, apuntó.

La idea es que el equipo técnico plantee ideas al directorio de la nueva oficina al estilo “Mudar la Escuela Naval —que está en un terreno en Carrasco, superconsolidado y con un valor que se estima no crezca más— para financiar (la obra de) una cárcel. O hacerla con el 50% de la venta de varios terrenos baldíos o no utilizados que pueden llegar a tener Ancap o el Instituto de Colonización”. Así, dijo, no es preciso pedir plata ni a la Unidad de Gestión de Deuda ni a la ecuación fiscal, sino que las obras se “autofinancian con otros activos del Estado, algunos no operativos, o mudando el funcionamiento de una institución que está ocupando un lugar carísimo, sin sentido. Cualquiera de estas transacciones, manejadas independientemente por un jerarca, generan un lío”, reconoció. Y prosiguió: “Pero, preguntémonos, ¿por qué no hay quejas de las decisiones que toma la oficina de deuda? ¿Por qué nadie protesta? Porque ni los políticos ni nadie duda de la idoneidad técnica del equipo de la oficina, pueden ser de Peñarol o de Nacional, pero todos saben que son brillantes. Ese ejemplo hay que reproducirlo para los activos fijos”.

El experto aludió a un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional sobre el nivel de activos fijos en relación con las economías. Para más de una treintena de países el organismo multilateral señala que los activos fijos promedian el 70% del Producto Interno Bruto (PIB).

Partiendo de esa base, Álvarez señaló que si una eventual oficina de activos en Uruguay lograra una rentabilidad de 1% o incluso menos, de 0,6% o 0,5%, en la administración del patrimonio público, ello implicaría “una fortuna” en términos del déficit fiscal, cuando se está luchando por bajarlo. “Estamos durmiendo en una joya, en una mina de oro, y no la estamos explotando”, señaló.

Contabilidad moderna

El experto consideró que la “madre nodriza” que permitiría mejorar la gestión y tener un manejo eficiente de los recursos de Uruguay es la adopción de “estándares contables modernos” que incluyan la presentación de un balance integral de situación patrimonial del país, con “criterio de lo devengado y no de caja”, que refleje la totalidad de activos y pasivos, incorporando el patrimonio del Estado. Explicó que el criterio de lo devengado es el extendido y perfeccionado en la contabilidad corporativa y el que aplican las empresas privadas, incluso las pymes. Indicó que eso permitiría contar con mayor y mejor información, lograr transparencia y ofrecer ventajas comparativas frente a los análisis crediticios que hacen las calificadoras de riesgo e incluso eventuales inversores del exterior.

Argumentó que en general hoy hay claridad sobre las variables como el PIB, la deuda pública y el déficit fiscal, pero se desconocen los valores del patrimonio. “El ministro de Economía no maneja el balance integral como hoy tiene una compañía privada”, insistió.

Álvarez indicó que adoptar estas buenas prácticas contables viene siendo una recomendación de hace más de un década del Fondo Monetario Internacional y es algo “que se viene”. En esa línea, también mencionó un estudio reciente del Banco Mundial que muestra que el 30% de los países ya incorporaron los criterios modernos de contabilidad, 40% está en proceso de hacerlo (incluidos Brasil, Chile y otros de Latinoamérica), mientras que el resto —dentro de los que se encuentra Uruguay— siguen rezagados, contabilizando con el criterio de caja. En ese último grupo, apuntó, hay países con bajos índices de democracia. “Estamos quedando en esa cola de países, cuando tener información contable de calidad puede servir como un elemento diferencial hasta para captar inversores a futuro. En un momento las calificadoras lo van a pedir, o habrá un nuevo UPM que mire y evalúe la información de un país respecto a otro” en esa materia.

Por eso, planteó la importancia de que el nuevo gobierno considere como un plan a mediano plazo llevar al país hacia un sistema de contabilidad moderna que podría liderar la Contaduría General de la Nación. Ese proyecto debería incluir profesionales idóneos, invertir en sistemas contables y en un eventual acuerdo de cooperación con Nueva Zelanda, un país que inició a fines de los años 80 la incorporación de buenas prácticas de contabilidad y un manejo de activos exitoso que le permite procesos de planificación financiera y presupuestación eficientes.

Como ejemplo de ello, Álvarez citó que el valor del activo fijo de Nueva Zelanda a junio de 2024 equivalía a cerca del 70% del PIB, donde el 29% correspondía a tierras, 26% a inmuebles, 22% a carreteras, puentes y túneles.