Desde hace años, por la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) paso unas cuantas veces al mes para buscar información. En nuestro sistema métrico, su hall central tiene la superficie al menos de una cuarta cancha de fútbol. Allí hay dispuestas algunas sillas y unos bancos de madera de anticuario que casi nadie usa; quedaron de la época en que había que esperar turno para hacer un pago —ahora canalizados vía electrónica— o realizar un trámite.
En las ventanillas de atención al público y algunas oficinas visibles desde allí, en general, hay poco movimiento. Cada tanto pasa algún funcionario o los limpiadores de una empresa contratada, sin llegar a romper el silencio en ese edificio de varios pisos ubicado en la esquina de Colonia y Paraguay que, muchas décadas atrás, albergó escénicas risas y llantos. Para quien llega de afuera, el local parece demasiado grande para las necesidades actuales.
Donde desde 1930 está el MEF (antes como Ministerio de Hacienda), a fines del siglo XIX funcionó el primer Teatro Politeama, que se incendió, y luego el Politeama II o Nuevo Politeama, que en 1919 volvió a prenderse fuego, esa segunda vez por un descuido atribuido al conserje de la sala. Tenía capacidad para 1.000 espectadores.
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El edificio del Ministerio de Hacienda, hoy de Economía y Finanzas, en Colonia y Paraguay
MEF
Según datos que, para esta newsletter, le pedí al MEF mediante la ley de acceso a la información pública, en ese edificio trabajan 225 funcionarios de la Dirección General de Secretaría, 219 de la Contaduría General de la Nación y 22 de la Tesorería General de la Nación; son 466 en total. El ministerio tiene otras unidades ejecutoras con sedes propias, algunas que también parecen exageradas para estos tiempos, como la de Aduanas, en el Puerto de Montevideo.
Además de la limpieza diaria tercerizada, el edificio del MEF, diseñado por el arquitecto Juan O. Lamolle, en 2024 requirió gastos de mantenimiento general por $ 443.592, unos US$ 11.000 calculados al dólar promedio del año. Hubo otros de ese tipo en los ascensores ($ 370.433) y en los equipos de aire acondicionado ($ 236.729), también en la impermeabilización de la azotea ($ 681.614), en la “reparación de la fachada y cornisa” ($ 291.117) y en el “acondicionamiento del baño de la ministro” ($ 71.126), conforme con el planillado que me entregó la cartera cuando Azucena Arbeleche, la usuaria del sanitario, ya se estaba yendo.
Un dato al margen: la mayoría de estos trabajos de mantenimiento o reparación se contrataron por “compra directa” al proveedor, es decir, sin pasar por algún mecanismo competitivo, que en teoría ayudan a bajar los costos.
Ciudadanía digitalizada
Como en el MEF, en distintos organismos públicos muchas gestiones las podemos canalizar por la web institucional, lo que desburocratiza y hace menos necesarios los espacios de atención presencial y el personal que atiende en mostradores o ventanillas. En todo el Estado, de un total de 2.555 trámites inventariados, 1.736 (68%) pueden realizarse en línea, según datos informados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad del Conocimiento (Agesic). El gobierno que acaba de asumir anunciará novedades en este sentido en pocos meses, primero para el comercio exterior con la lógica de una “ventanilla única”.
Según una encuesta hecha en abril de 2024 por esa agencia, más de un tercio de la población había realizado su último trámite ante el Estado vía internet (39%), otro 27% combinó ese canal con la gestión presencial, mientras que un 28% lo hizo todo en persona (5% respondió que recurrió a otras vías y 1% no especificó). La media para un trámite web fueron 21 minutos.
En ese documento, la Agesic propone aprovechar la tecnología para replicar el acompañamiento que ofrece la atención personalizada también en los canales remotos, pensando en la gente —sobre todo de menor nivel educativo, dice— que sigue eligiendo el canal presencial como primera alternativa. Las personas mayores también pueden requerir un poco de ayuda para subirse al tren digital gubernamental.
Inmuebles: ¿racionalización racional?
En el Registro Único de Inmuebles del Estado figuran más de 8.800 propiedades que tienen múltiples propósitos (oficinas administrativas, centros educativos u hospitalarios, cuarteles militares, cárceles y actividades rurales, por ejemplo), aunque una auditoría del 2024 sentenció que, por errores, inconsistencias y fallas de control, no es posible saber la cifra exacta. Según los últimos datos que obtuve, del 2022, el Ministerio del Interior (1.401), el BPS (1.171), la OSE (1.174), la ANEP (1.066) y Transporte y Obras Públicas (944) eran los organismos con mayor número de inmuebles. El MEF, incluyendo su sede de Colonia y Paraguay, tenía 471.
Distintos gobiernos quisieron “racionalizar” los inmuebles públicos, pero no lograron resultados contundentes. La administración que acaba de salir vendió unos 30, como informé en esta nota que publiqué hace pocas semanas en Búsqueda. En enero, el MEF remató en US$ 480.000 un terreno ubicado en la rambla de la playa Mansa de Punta del Este; lo tenía sin uso desde hacía 30 años.
A la casa central del Banco República, que ocupa toda una manzana en la Ciudad Vieja, también voy con frecuencia por mi labor periodística; la semana pasada fui al acto de asunción del nuevo presidente, quien se refirió al edificio como uno de los más “icónicos” que tenemos los uruguayos. Más allá del valor histórico y la belleza arquitectónica, con sus columnas que hace un siglo pretendían señalar la solidez de la entidad, la construcción parece un mamut —con señoriales despachos, larguísimos corredores habitados por exjerarcas pintados al óleo y un museo en el hall central—, algo anacrónico frente a la modernidad de los servicios financieros de hoy, muchos disponibles a un clic en el teléfono celular.
Pero, está claro, no quisiéramos vender todo ni todo es vendible. El Ministerio de Ambiente unificó en los pisos de un mismo edificio dependencias que tenía desperdigadas en varios locales y que le multiplicaban los gastos en vigilancia, por ejemplo. También hace unos años, el Ministerio de Industria dejó su sede y se mudó para compartir edificio con Ancap. Es otra forma de racionalización que quizás valga la pena explorar más.
Gestionar con eficiencia el inventario inmobiliario público parece ser tan difícil como manejar la plantilla de funcionarios (tema que trataré en una próxima edición de la newsletter, para encender la discusión en algún otro asado). Los cambios empujan: en pocos años, por el avance de la digitalización, quizás varios edificios terminen siendo cáscaras vacías dentro de un Estado al que le cuesta transformarse.
Cierro con la habitual recomendación de lectura, esta vez de Galería: la nota de María Inés Fiordelmondo sobre parejas, amor y dinero, con un abordaje desde la psicología, la academia y la industria audiovisual (parece que el tema está presente en una de las series del momento y en la última ganadora del Oscar).
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