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La Base de Jurisprudencia del Poder Judicial sufre “caídas” por la falta de informáticos que la actualicen y “es urgente” cambiarla
En el pedido de recursos en la Rendición de Cuentas 2025, la Suprema Corte de Justicia repitió una lista de pedidos que fueron desestimados en el marco del Presupuesto quinquenal
La Base de Jurisprudencia Nacional (BJN), donde están publicadas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los Tribunales de Apelaciones, a las que acceden los abogados, académicos, fiscales, políticos, periodistas y el público general, sufre “caídas”, según confirmaron fuentes del Poder Judicial a Búsqueda. Esto sucede porque fue desarrollada hace más de 20 años, con una tecnología que no soporta el aumento de la cantidad de consultas y de los fallos disponibles, que son más de 100.000.
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Por falta de recursos —de técnicos informáticos y económicos— no se pudo volver a desarrollar, señalaron las fuentes, pero si bien no hay riesgo de que deje de funcionar, las interrupciones ocurren “cada vez más seguido” y “es urgente cambiarla”.
“Diseñar y desarrollar una nueva versión de la BJN” es uno de los principales desafíos que se trazó el Poder Judicial en el proyecto de Rendición de Cuentas dirigido a la Asamblea General, al que accedió Búsqueda, que este lunes 22 de junio fue entregado por la SCJ a los gremios para su análisis. También lo es crear un plan de ciberseguridad y destinar unos $ 2.640.000 anuales para el equipo informático para que magistrados y funcionarios puedan trabajar de forma itinerante.
La presentación del documento, que será remitido al Poder Ejecutivo, dice expresamente que la mayoría de las propuestas incluidas ya habían sido incorporadas al pedido de presupuesto quinquenal del Poder Judicial, pero no fueron recogidas en la ley que aprobó el Parlamento, por lo que son reiteradas en esta nueva instancia.
Entre ellas, una de las prioridades que se plantean es la creación de juzgados especializados, defensorías y equipos multidisciplinarios para atender “las situaciones más urgentes” y asegurar “las condiciones básicas” para la aplicación de la ley de violencia de género en Montevideo y el interior, que es definida como “una de las problemáticas sociales más graves y persistentes”. En total solicitan los recursos para crear 14 en el interior del país y seis en Montevideo.
Para la SCJ es una “deuda” y, además, se plantea que existe una “urgencia” en su instrumentación integral que se evidencia en la “presión creciente” que enfrentan las sedes judiciales.
Entre 2023 y 2025 se señala que los juzgados del interior con competencia en género, niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad registraron un incremento de más del 70% en el número de audiencias, pasando de 24.002 en 2023, a 31.087 en 2024 y 41.134 en 2025. Ese dato “refleja de manera inequívoca que la demanda de justicia en esta materia no solo es sostenida, sino que crece de forma acelerada, superando las capacidades instaladas y confirmando que el actual diseño institucional resulta insuficiente para garantizar un acceso efectivo a la justicia”, afirma el documento.
Por otro lado, se busca fortalecer la defensoría pública, que también fue un reclamo postergado en la Ley de Presupuesto. El Poder Judicial mantiene el pedido de crear 96 cargos de defensores públicos entre 2026 y 2028, más otros seis defensores públicos itinerantes y 14 suplentes. Esta cantidad se sumaría a los necesarios para las sedes especializadas en género. A su vez, la solicitud vuelve a reclamar la creación de cinco cargos de jueces suplentes para cubrir ausencias prolongadas, de 52 adjuntos y actuarios en los próximos tres años, de seis choferes y otros cargos administrativos.
La Corte propone la creación de los cargos necesarios para la Oficina de Salud Laboral, que se creó en noviembre de 2024 con puestos que fueron transformados, porque no se habían dado los recursos para nuevos. También solicita los recursos para la contratación de 17 psicólogos y ocho trabajadores sociales para el Instituto Técnico Forense (ITF), que suele tener atrasos para realizar los informes periciales que requieren los jueces por la falta de especialistas.
Por otro lado, también se volvieron a incluir las partidas solicitadas para inversiones para la contratación de servicios de limpieza, vigilancia y asistencia móvil en todas las sedes judiciales, y para obras edilicias en algunas sedes.
“Los desafíos para 2026 se centran en consolidar una ‘Justicia de puertas abiertas’, eliminando barreras de acceso y profesionalizando el capital humano para los retos tecnológicos del futuro”, dice el documento.
El reclamo en pesos
En total, el costo del proyecto de rendición de cuentas del Poder Judicial es de $ 1.887.157.905 para 2027, $ 2.733.764.313 para 2028 y $ 3.266.856.165 para 2029. Del total para los tres años, el 81% de lo financiado por Rentas Generales iría para servicios personales, el 15% a gastos de funcionamiento y el 4% a inversión.
Una parte significativa de estos recursos está destinada a la implementación de la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género, que para 2027 requerirá $ 70.985.065, $ 421.496.304 para 2028 y en 2029 más de $ 810 millones entre servicios personales y de funcionamiento.
“Para llevar a cabo sus cometidos, (el Poder Judicial) utiliza apenas el 0,32% del PIB, que representa el 1,09% de crédito asignado por todo concepto al Gobierno Central”, plantea el proyecto de rendición de cuentas del Poder Judicial.
También hace referencia a que Uruguay se posiciona entre los países con mejor Estado de Derecho en América Latina y que se aspira a mantener la primera posición en el Índice de Estado de derecho de América Latina, elaborado por el World Justice Project. En ese marco, el documento señala que eso es producto de la trayectoria de estabilidad política y democrática, junto con la solidez macroeconómica, la fortaleza institucional y la seguridad jurídica, que “genera un entorno favorable para inversiones exitosas”.
