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Casi 200 defensores públicos demandan al Poder Judicial por partida de vivienda impaga: reclaman US$ 5 millones
Sus “retribuciones” están equiparadas por ley a las de los jueces, quienes cobran el 20% adicional de su sueldo para gastos habitacionales; la audiencia preliminar será el jueves 13 en un juzgado civil
Edificio de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
El gremio de los defensores de oficio libra tres batallas al mismo tiempo: reclama a Diputados que apruebe la autonomía de la Defensoría Pública, un proyecto que ya cuenta con sanción del Senado; pide a los senadores más presupuesto para mejorar el servicio; y promueve una demanda millonaria contra el Poder Judicial para que les pague a 190 defensores una partida de vivienda que cobran los jueces. Las primeras dos contiendas se zanjan en el terreno político; la última, en la Justicia.
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“Somos la Cenicienta del sistema judicial”, dijo el 31 de octubre la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Estefanía Broggi, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. “Seguimos teniendo una brecha salarial del 40% con respecto a los jueces desde el año 1991, aunque trabajamos con la misma responsabilidad y compromiso”, lamentó. “Los magistrados y los fiscales comienzan su carrera en el interior, los defensores públicos también”, agregó, “pero los magistrados cobran un 20% más en su salario por la partida de vivienda; nosotros, cero”. Luego, anunció que iniciaron el proceso judicial para empezar a cobrarla.
El 5 de setiembre, 190 defensores públicos presentaron la demanda. Reclaman en la Justicia civil que se condene al Poder Judicial por el pago de una partida de vivienda equivalente al 20% de la retribución nominal mensual de cada defensor. Los funcionarios argumentan que sus “retribuciones” son “equivalentes” por ley a las del juez letrado de la capital y del interior, quienes cobran dicha partida. La equiparación de las retribuciones se aprobó en la Rendición de Cuentas de 1990 y consta en otras leyes.
En la demanda, a la que accedió Búsqueda, exigen el pago adeudado por los últimos cuatro años, lo que, estiman, asciende a $ 200 millones (unos US$ 5 millones), “más actualización, reajustes e intereses legales”. Además, solicitan “la condena de futuro incorporándose la diferencia salarial a las retribuciones” de los demandantes “de forma definitiva”.
Los defensores sostienen, entre otros argumentos, que la partida de vivienda está gravada con el IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) a partir del año 2016, por lo que “no caben dudas de que integra la ‘retribución’ del magistrado”.
El Juzgado Civil de 5º turno agendó la audiencia preliminar para el próximo jueves 13. La demandada ya se pronunció sobre el asunto, aunque en el ámbito administrativo. El año pasado, 160 defensores presentaron una “petición administrativa” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que solicitaron que cumpla con la equiparación salarial, pero el máximo órgano del sistema judicial desestimó el reclamo el 1º de setiembre. En respuesta, un grupo de abogados de oficio resolvió entablar la demanda.
El informe de la Corte
Al desestimar la “petición administrativa” de los defensores, la SCJ invocó, según los demandantes, el artículo 33 del Reglamento de Oficinas Judiciales, que dispone que “todo funcionario está obligado a residir en el lugar de asiento de la oficina en la que presta servicio, salvo durante los períodos de vacaciones o licencia”.
Los defensores alegaron en su demanda que sus carreras, al igual que la de los magistrados y a diferencia del resto de los funcionarios del Poder Judicial, “exige inexorablemente movilidad por todo el territorio de la República”.
La discrepancia entre las máximas autoridades del Poder Judicial y los defensores se ha visto reflejada también en el plano político. A los jueces “se les abona la mudanza; a nosotros, cero”, planteó la presidenta del gremio de los defensores en el Senado, y agregó: “Ellos también reciben una compensación por su incompatibilidad absoluta para realizar otra tarea; nosotros, cero, a pesar de que tenemos las mismas limitaciones que cualquier juez o cualquier fiscal. Nosotros no podemos tener otro ingreso, solo podemos ejercer la docencia, ni siquiera podríamos tener un kiosco de golosinas si quisiéramos sumar otro ingreso para paliar esta situación. Ellos tienen, a la vez, 50 días de licencia; nosotros, 20”.
La SCJ preparó en los últimos días un informe estadístico sobre el trabajo de los defensores que busca contrarrestar el discurso sindical que denuncia una sobrecarga laboral. El texto, que está en poder de dirigentes y legisladores, y al que accedió Búsqueda, consigna que el salario de un defensor de la capital es de $ 131.565 y que el “promedio de horario cumplido en los meses de marzo y agosto del año 2025, según el sistema de marcas del reloj biométrico”, fue de 4 horas y 36 minutos. Informa a su vez que el sueldo de un defensor del interior es de $ 118.525 y que trabajaron, en promedio, según estas marcas, 5 horas y 6 minutos.
También plantea que la demora para agendar una consulta en la Defensoría Pública de Familia fue en promedio en octubre de menos de un mes, mientras que en Artigas es de tres meses, cuando el horario cumplido allí por los defensores en promedio es de 5 horas por día. El informe agrega, con base en las estadísticas del año 2023, que el promedio diario de personas atendidas por los defensores fue de 3,06 y el de los escritos presentados, 1,2.
Los defensores alertaron en el Senado que el control sobre su trabajo difiere del que se realiza sobre los jueces. “Ellos no marcan ni entrada ni salida, sino que se ve la calidad de su trabajo porque nuestros jerarcas sí les reconocen el trabajo que ellos tienen; a nosotros, lamentablemente, no se nos computan las horas que trabajamos en nuestras casas, y puedo asegurarles que son muchas horas las que dedicamos a desgrabar los juicios en la materia penal, porque tampoco contamos con un sistema de desgrabación en el Poder Judicial”, expresó Broggi.
Defensores Públicos
La Asociación de Defensores Públicos de Uruguay se ha declarado en conflicto.
Foto cedida a Búsqueda
El debate presupuestal
Los senadores del Frente Amplio definen por estas horas qué dependencias públicas reforzarán con reasignaciones presupuestales. El coordinador de la bancada, Daniel Caggiani, informó a Búsqueda que el oficialismo prevé dar más presupuesto para cubrir vacantes de defensores públicos en el interior del país.
Un relevamiento del gremio concluyó que se necesitan 147 nuevos cargos de defensores, 85 en el interior y 62 en Montevideo, para atender la demanda. El sindicato destacó en el Senado que ”es la primera vez que la SCJ pide por estos cargos”.
A su vez, tanto Adepu como la SCJ reclamaron al Senado la creación, además, de 14 cargos de suplentes (cinco para Montevideo y nueve para el interior), para lo que se requieren $ 41 millones. La presidenta del gremio planteó en comisión que “los cargos de suplentes son una urgencia impostergable para la defensa pública”, dado que “hoy no existe ni un solo cargo de suplente en todo el país”. Por esta situación, cuando un defensor se enferma o hace uso de una licencia prolongada —“nosotras tenemos licencia maternal y el porcentaje de mujeres defensoras es de un 90%”, recordó Broggi—, otro defensor debe cubrirlo, además de ejercer su propio cargo.
“Esos cargos se cubren sin percibir un solo peso más”, a pesar de que implican “más audiencias, más escritos y más usuarios, y eso provoca una baja en la calidad del servicio”, explicó la referente gremial, que sentenció: “Ya no estamos dando abasto”.
Sentencias sobre el enganche
La Ley de Presupuesto Nacional del año 2010 aumentó el salario de los ministros de Estado, que está enganchado al de los ministros de la SCJ, el que a su vez se engancha con el de los funcionarios judiciales. Por esta cadena, estos últimos reclamaron recibir un aumento salarial del 26%. Los defensores plantearon en el Senado que “han pasado 15 años y aún falta (que les paguen) el 6,08%”.
La presidenta del sindicato expresó que “ese porcentaje no es un lujo, sino lo que corresponde legalmente y lo que ayudaría a equiparar condiciones dentro del Poder Judicial”, y sostuvo que la SCJ “lo incluyó dentro de su presupuesto, pero la realidad es que no se contempla”.
La Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial informó al gremio de defensores que el 6,08% que les corresponde cobrar a los 322 funcionarios de la Defensoría Pública ascendería a $ 54 millones, incluyendo aguinaldo y cargas sociales. Broggi destacó en el Senado que 18 defensores públicos ya cuentan con sentencias judiciales que avalan este reclamo.
