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Los recursos para el sistema de justicia: “altamente insuficientes”, “migajas” y una lista de pedidos desestimada
El presupuesto enviado al Parlamento no contempla gran parte de las solicitudes del Poder Judicial y de la Fiscalía: de los US$ 17 millones pedidos por el Ministerio Público, solo se asignaron US$ 1,4 millones
Juzgado de la calle Juan Carlos Gómez en Montevideo.
Las políticas de justicia de los próximos cinco años estarán marcadas por el presupuesto que finalmente apruebe el Parlamento luego de discutir el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, en el que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Poder Judicial reciben menos fondos de los que habían solicitado, algo que había sido advertido por el Ministerio de Economía en las reuniones previas que mantuvo con ambas instituciones.
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En el caso del Poder Judicial, una parte significativa de las solicitudes que se recogieron tienen que ver con reformas normativas y procesales de “costo cero”, para mejorar la eficiencia y la agilidad del sistema. Por ejemplo, se incluyen ajustes al Código General del Proceso sobre la obligación de los jueces suplentes de dictar sentencias en caso de ausencias prolongadas de los titulares, también cambios para eliminar la burocracia en el acceso a asignaciones familiares, se modifica el Código Civil para que los divorcios por sola voluntad sean en una única audiencia, y se establece la obligación de comunicar a la Suprema Corte de Justicia los procesos penales o de protección que involucren a funcionarios judiciales, para iniciar procedimientos disciplinarios.
En cuanto a nuevos juzgados, el texto recoge el pedido de la Suprema Corte de crear una sede en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, un reclamo postergado, con jueces, defensores públicos y una unidad del Instituto Técnico Forense, por ser una ciudad que tiene una población de 38.249 personas según el último censo, cifra que creció un 25% desde 2011 y supera a algunas capitales departamentales. También se propone crear dos juzgados especializados en Violencia de Género en el interior. Sin embargo, la Corte había solicitado seis juzgados más de Violencia de Género en Montevideo y otros 16 en el interior para 2028, ante el “crecimiento sostenido del 30% de audiencias en los juzgados con competencia en violencia basada en género o familia especializada” entre 2023 y 2024.
El proyecto de ley de Presupuesto no incluye buena parte de los artículos que formaban parte de un documento de 119 páginas que la Suprema Corte envió al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, no contempla la creación de 96 cargos de defensores públicos entre 2026 y 2028, más otros seis defensores públicos itinerantes y 14 suplentes. Tampoco fueron tomados en cuenta los pedidos de cargos de jueces suplentes para cubrir ausencias prolongadas, de adjuntos y actuarios, ni otros cargos técnicos y administrativos, y para la Oficina de Salud Laboral. Del mismo modo, quedaron excluidas las partidas solicitadas para inversiones en equipamiento informático, para la contratación de servicios de limpieza, vigilancia y asistencia móvil en todas las sedes judiciales, y para obras edilicias en algunas sedes.
Fuentes del Poder Judicial señalaron a Búsqueda que los recursos previstos están “lejísimos” de las necesidades del sistema, que no representan “nada” frente a los desafíos planteados y que, con este presupuesto, “va a seguir todo igual”.
Monica-Ferrero
Mónica Ferrero durante la presentación de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el período 2025-2030 en la Torre Ejecutiva en Montevideo.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Escuela de fiscales
En relación con la Fiscalía General de la Nación, que lidera la persecución de los delitos, el proyecto de ley de Presupuesto crea la “Escuela de Fiscales del Uruguay”. Este es un “buque insignia” de la gestión de Mónica Ferrero como fiscal de Corte subrogante, “ante la detección de ingresos” al organismo “de personas que carecen de formación y experiencia para afrontar los desafíos de la función” y para “contar con formación permanente”, dice el articulado elaborado por el Ministerio Público. La nueva escuela funcionará con autonomía técnica y dependencia administrativa directa del fiscal de Corte.
El proyecto de Presupuesto también suma una Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género en Montevideo, otra especializada en Cibercrimen y los cargos para una fiscalía departamental de Ciudad del Plata.
Sin embargo, deja fuera una segunda sede de Cibercrimen que había solicitado la Fiscalía, diez fiscalías para el interior, dos especializadas en Estafas, cuatro sedes para monitorear la ejecución de las penas de las personas que son condenadas, la creación de un equipo de apoyo para equipos fiscales con sobrecarga de trabajo y el incremento de recursos para gastos de funcionamiento y para invertir en equipo informático, entre otros puntos.
La Fiscalía también había pedido la creación de 15 cargos para la Unidad de Víctimas y Testigos de todo el país, de psicólogos y trabajadores sociales para atender la demanda “insatisfecha”, algo que tampoco fue contemplado. En su lugar, se estableció que el 10% de los ingresos salariales de las personas privadas de libertad se destinará a gastos de funcionamiento para fortalecer la política de atención y protección a víctimas y testigos.
En el documento que el Ministerio Público elevó al Ejecutivo, junto con los pedidos de incremento presupuestal, se incluyeron los fundamentos y los efectos negativos de no aprobarse las propuestas. Allí advirtió, por ejemplo, que de no crear las fiscalías de Estafas, que aumentaron un 2000% en los últimos 10 años, se iba a “continuar con la caída importante de la eficacia en la imputación”, que comenzó en 2021. En tanto, en un contexto de una población carcelaria creciente, de no tener fiscalías especializadas en la ejecución de las penas, continuará la acumulación de expedientes y la sobrecarga de trabajo de los fiscales, que, además de los casos, acuerdos y juicios, deben hacerse cargo de esa tarea.
Por otro lado, la Fiscalía advirtió que no invertir en equipamiento en seguridad de información o de control de acceso “podrá traer problemas de pérdida de datos, fuga de información o problemas de seguridad más graves” y que, si no se asignan recursos para el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau), “tampoco se podrá cumplir con nuevos requerimientos de interoperabilidad que se soliciten del Ministerio del Interior, Poder Judicial”.
Otras posibles consecuencias señaladas aluden a mayores demoras en tareas que deben cumplirse en plazos determinados por no crear algunos cargos solicitados, a dificultades de la unidad de litigación para “asistir de manera adecuada” a los fiscales en juicios orales y a que no se podrá “garantizar un acceso real, equitativo y eficiente a la justicia para la ciudadanía” si no hay un refuerzo para la mesa de recepción de denuncias.
Fiscalia
Sede de Fiscalia en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Migajas”, “la soga al cuello” y “altamente insuficiente”
Para el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, los recursos previstos son “migajas” y, por lo tanto, “no hay que sembrar esperanzas” sobre lo que pueda lograrse con el presupuesto. Con relación a que el proyecto del Ejecutivo recoge el pedido de Ferrero de crear la escuela de fiscales, señaló que le “sorprende” porque “es algo bueno, pero no es urgente” en la situación de déficit que tiene el Ministerio Público. “Sorprende que sea eso lo que se haya dado y no el refuerzo de gente, que está con la soga al cuello en materia de recarga de trabajo”, afirmó.
Según un comparativo que realizaron, de los US$ 17 millones solicitados por el Ministerio Público, solo se asignaron US$ 1,4 millones. Rosa cuestionó que hace 10 años que el sistema político no le da a la Fiscalía “ni mínimamente lo que necesita para funcionar”. De acuerdo con su visión, “la desatención” en los recursos para el sistema de justicia “puede tener dos lecturas: que no sea prioridad para las autoridades” o que “ningún gobierno se ve tentado a darles presupuesto a los organismos que son encargados de controlarlos”.
En el mismo sentido, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, consideró que es “altamente insuficiente” el presupuesto asignado al Poder Judicial, porque “no hay un incremento importante en ningún área” y porque “se dio muchísimo menos de lo que se había solicitado” desde la Suprema Corte de Justicia, que incluso para el sindicato “no llegaba a lo que era necesario para dar un sistema de justicia acorde”.
“No hubo una contemplación presupuestal para el Poder Judicial”, aseguró.
