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Todo esto me parece mucho; todo huele demasiado a cálculos a corto plazo, a ley del talión, a tiempo y dinero perdidos; dado el clima de acusaciones mutuas, qué otra cosa cabe esperar que el creciente fastidio de la ciudadanía con la política
“Ha quedado claro, ya nadie lo discute, que nos quisieron estafar, que había joda”, dijo Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Agregó que “claramente hay responsabilidades políticas”, aludiendo a los ministros de Defensa, a los miembros de la Armada, pero también al expresidente Luis Lacalle Pou, “que siguió esta compra y avaló cada uno de estos procedimientos, algunos reñidos con la norma pública”. La oposición no se quedó atrás. Anunció que presentará una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la rescisión del contrato con el astillero Cardama. Todo esto me parece mucho. Todo huele demasiado a cálculos a corto plazo, a ley del talión, a tiempo y dinero perdidos. Dado el clima de acusaciones mutuas, qué otra cosa cabe esperar que el creciente fastidio de la ciudadanía con la política.
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Algunas decisiones pueden demorar 20 años. Por ejemplo, tiene mucho sentido que construir acuerdos para autorizar el voto desde el exterior o los allanamientos nocturnos nos lleve mucho tiempo. Son temas de fondo, que involucran principios y derechos, controversiales por naturaleza. No solo tiene sentido. Es necesario que decisiones de este tipo se procesen a fuego lento. No es el caso de la compra de dos OPV. La Armada viene reclamando esto al menos desde 2008; es decir, desde hace casi 20 años. Todos los partidos están de acuerdo en que son necesarias. En 2014, la Comisión de Defensa Nacional del Senado, integrada por legisladores de todos los partidos, aprobó por unanimidad una declaración política que establecía que Uruguay precisaba incorporar patrulleras oceánicas. Pero seguimos sin tenerlas.
¿Mario Cardama realmente quiso estafar al Estado uruguayo? No lo creo. De acuerdo con la información disponible no tenía antecedentes en la construcción de patrulleras oceánicas militares de las características contratadas por Uruguay. Para él, construir las OPV era una excelente oportunidad de dar un gran salto en su negocio. Al mismo tiempo, el gobierno de la época tenía pocos recursos y, por tanto, pocas alternativas. Tomó una decisión muy arriesgada y, por cierto, discutible, al contratar un astillero sin suficiente experiencia previa. ¿Hubo “joda”, como afirma el Frente Amplio? Lo dirá la Justicia. Pero no hay por qué asumirlo a priori. ¿Y si simplemente creyeron en la buena fe y en la capacidad de la empresa para cumplir el contrato? Desde luego, la falta de experiencia específica del astillero hacía todavía más importante contar con una garantía de fiel cumplimiento sólida. Sin embargo, Cardama nunca logró constituir una garantía de fiel cumplimiento que despejara las dudas sobre su suficiencia y validez. Es cierto que el gobierno de la época tenía restricciones financieras grandes y que quería resolver de una buena vez un tema largamente postergado. Pero asumió un riesgo demasiado grande. En este sentido, comprendo la crítica del Frente Amplio tanto a la decisión adoptada como al corolario de concesiones e irregularidades posteriores denunciadas.
Tiene sentido que los partidos se controlen entre sí. Tiene mucho sentido que un nuevo gobierno revise lo actuado por el anterior. La competencia política es la médula espinal del sistema inmunológico de cualquier democracia. Es sano que los partidos se vigilen, sincrónica y diacrónicamente. El asunto es para qué y a qué precio. El gobierno entrante pudo haber explorado más a fondo una salida negociada. En cambio, terminó optando por la confrontación y la rescisión. ¿Por qué? La hipótesis de la oposición es plausible. Argumentan que el verdadero problema para el Frente Amplio no es Cardama, ni los ministros Javier García y Armando Castaingdebat. Según esa interpretación, el objetivo fundamental de todo esto sería limar el prestigio, la autoridad, el “aura” de candidato presidencial favorito en la próxima elección de Luis Lacalle Pou. Es una hipótesis difícil de descartar. En un punto clave tienen razón: incluso si Uruguay logra ganar el juicio a Cardama, será realmente muy difícil recuperar el dinero que ya se le pagó: cerca de US$ 30 millones, dicho sea de paso, un monto equivalente al que, con tanto esfuerzo, el MEF está logrando asignar a las políticas de infancia en esta Ley de Rendición de Cuentas.
¿En algún momento el gobierno de Lacalle Pou intentó conversar de este tema con el Frente Amplio? Tratándose de un asunto difícil, pero en el que había un acuerdo sustantivo desde 2014, ¿no cabía la posibilidad de compartir con la oposición de la época las dificultades encontradas para seleccionar el mejor astillero posible? ¿Conversaron sobre este asunto durante la transición los dos elencos de gobierno, el entrante y el saliente? Hasta donde yo sé, no hubo conversaciones interpartidarias en ninguno de estos momentos. El que sí intentó entenderse con el nuevo gobierno fue Cardama. Buscó a un mediador calificado: el abogado Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia y exministro durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Fernández se reunió con el presidente Orsi, en nombre de Cardama, para buscar una solución. ¿Por qué esta iniciativa no prosperó? Cardama estaba dispuesto a negociar. ¿El gobierno exploró suficientemente esa posibilidad?
Resumo. Creo que el caso Cardama deja en evidencia problemas serios de gestión de riesgos en el gobierno anterior: seleccionaron una empresa con escasa experiencia específica y, pese a ello, terminaron avanzando aun cuando surgieron serias dificultades para constituir una garantía adecuada. Creo que el caso Cardama deja también en evidencia los costos que tiene para el país que no exista un diálogo mínimamente civilizado entre los dos grandes bloques. Me vuelvo a preguntar si no podremos hacer política de otra manera.
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