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En el Comité de Base García Lorca, en el barrio Jacinto Vera, el senador Eduardo Brenta compartió su mirada sobre algunos aspectos claves de la política nacional ante una veintena de militantes reunidos en la vereda, al sol de la tarde del 25 de agosto. En el marco del Día del Comité, luego de referirse a la compleja situación internacional y regional para la izquierda, defender la Rendición de Cuentas por los avances que introduce en el combate a la pobreza infantil y en seguridad, y cuestionar la agresividad de una oposición que se empieza a asemejar al estilo de las “nuevas derechas en América Latina”, dedicó varios minutos a explicar el caso Cardama.
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Al introducir el tema, el legislador afirmó que Uruguay viene de un período de gobierno “de muy escasa transparencia”, en alusión al mandato de Luis Lacalle Pou. A continuación, contó acerca del trabajo desarrollado en los últimos seis meses por la comisión investigadora del Parlamento que estudió el proceso de compra del Ministerio de Defensa de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) al astillero español Francisco Cardama SA por un valor total de 82 millones de euros.
Ante la militancia, Brenta aseguró que, tras estudiar decenas de documentos y testimonios, se encontraron con que “es muy difícil de comprender” el proceso de compra “escasamente transparente”.
“Analizando toda la información, uno concluye que Uruguay nunca iba a tener dos patrulleras oceánicas fabricadas por este astillero que no tenía ni la capacidad técnica de hacerlo, ni el financiamiento adecuado, ni siquiera las condiciones mínimas para construir buques de esta envergadura”, afirmó. En consonancia con lo anunciado por el Frente Amplio en una conferencia de prensa el lunes 24, señaló que hay situaciones que pueden constituir delitos. “Hay distintos responsables en el proceso, y uno de ellos es el expresidente Luis Lacalle Pou”, afirmó.
Brenta defendió la decisión del gobierno de Orsi de rescindir el contrato con Cardama que, en su opinión, le ahorró al Estado “más de US$ 60 millones que se hubieran tenido que pagar”. Esto al descontar el dinero que Uruguay ya le pagó a Cardama. El senador se detuvo en las cifras para dar dimensión del tema. “En la Rendición de Cuentas se agregan US$ 31 millones para el combate a la pobreza infantil y acá estamos dilapidando casi US$ 90 millones. O sea que no estamos hablando de un hecho nada menor”, enfatizó.
En su intervención, lamentó que parte de la oposición esté más interesada en “defender los intereses de Cardama” que los del Estado uruguayo. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias por la transparencia y la búsqueda de los responsables de este muy mal negocio”, afirmó. Añadió que este es un “hecho grave” y anunció que el Frente Amplio intentará difundirlo “ampliamente”. Esta última afirmación generó un aplauso de los militantes.
Al cierre de su intervención, uno de los asistentes pidió la palabra para hacer una pregunta. Al tomar el micrófono enumeró en tono crítico una serie de decisiones de la fiscal de Corte Mónica Ferrero vinculadas a los fiscales que lideraron investigaciones con implicancias políticas, como la del Antel Arena, la del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, o la del exintendente de Artigas, Pablo Caram. Después de ese repaso, se preguntó: “¿Cómo sigue Cardama con Ferrero?”.
Brenta no esquivó la pregunta: “Comparto lo que decís. Para el Frente Amplio no hay garantías con la fiscal Ferrero en ese lugar”.
“Hoy estamos en una instancia de intercambio con la oposición basada en tres cosas: los cambios en la Corte Electoral, los cambios en el Tribunal de Cuentas y los cambios en la Fiscalía. El Partido Nacional ha anunciado que entiende que la Fiscalía no debe estar en la discusión. Nosotros entendemos que, si la Fiscalía no está en la discusión, todo lo demás tampoco. Ellos están muy interesados en cambiar a quienes los representan en la Corte Electoral y en el Tribunal de Cuentas. Nosotros entendemos que, si la Fiscalía no se discute, esto otro tampoco. Hasta dónde vamos a llegar no te lo puedo adelantar, no tengo esa visión. Pero está claro que no vamos a transar ninguna modificación si no está en juego la discusión de un fiscal general que nos dé garantías a todos”, concluyó.
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