Cuestión de dignidad

El número de personas que viven en la calle creció 175% en poco más de una década. Según datos oficiales, en 2011 había 1.274 individuos en esa situación y ahora son más de 3.500. La cifra crece día a día. Ninguno de los últimos gobiernos ha podido revertirla. Trasciende a los partidos políticos. Es responsabilidad de la coalición republicana y también del Frente Amplio, así que aquí no debería haber cuentas para cobrar.

Resulta que hay un decreto, según averiguaron, de uno de los gobiernos del expresidente José Batlle y Ordóñez, de principios del siglo pasado, que establece que ninguna persona puede pernoctar en la calle. Instruye además a los responsables del orden público a albergar a esos ciudadanos en los cuarteles o similares si no tienen adónde ir y ofrecerles un plato de comida.

El tema es que parece que ese decreto nunca se derogó, que está vigente, y Mujica y Topolansky estaban convencidos de que ese es un camino viable. Que el Ejército abra las puertas de los cuarteles, que suelen tener mucho lugar disponible, y que adapte algunas salas como para recibir a las personas sin hogar. Que, además de eso, las ayuden con algo de comida y quizá hasta algún trabajo temporal. Y para las mujeres, buscar otros cuarteles o hacer algún tipo de convenio con conventos de monjas o instituciones religiosas similares que tuvieran lugar disponible.

Era una idea, una posibilidad. Es probable que se la hayan planteado a algunos integrantes del actual gobierno, pero no está claro si es factible ni tampoco si ese decreto sigue vigente. De todas formas, sirve como para empezar a discutir un cambio profundo en el abordaje de este tema.

Porque el problema no se soluciona solo. Está claro además que todo lo hecho durante los últimos años, que seguro es muchísimo porque a ningún gobierno le gusta tener a cientos de personas viviendo en las calles, no fue suficiente. Al contrario, el panorama se está haciendo cada vez más complejo en lugar de simplificarse.

Y a veces, en este tipo de cuestiones, lo mejor es optar por lo más obvio, aquello en lo que nadie piensa o que no se elige por demasiado evidente. Las Fuerzas Armadas y también la Policía están capacitadas para cumplir una función especial en situaciones de emergencia. Los militares lo han hecho varias veces en el pasado reciente en caso de inundaciones, para poner solo un ejemplo.

Pues quizá el primer punto en este caso sería terminar de asumir que lo que está ocurriendo es de extrema emergencia. Y, sobre esa base, comenzar a planificar acciones que impliquen movilizar a determinadas reparticiones del Estado, que tienen la logística y la energía suficientes como para cumplir con esas tareas de salvataje y que hasta ahora se han mantenido mayoritariamente alejadas de ellas.

Esto no quiere decir que sean inútiles los esfuerzos que están haciendo distintos organismos del Estado para solucionar el problema ni tampoco se trata de acuartelar a los indigentes. Lejos de eso. Es aprovechar todos los recursos posibles con los que cuenta la administración pública y recurrir a instituciones con experiencia en situaciones límite.

El Ministerio de Desarrollo Social trabaja intensamente, en especial en invierno, para llevar a las personas que pernoctan en la calle a refugios. Desde hace años que lo hace utilizando distintos métodos. Sin embargo, hasta el exministro de esa cartera Martín Lema dijo semanas atrás en una entrevista con Desayunos Búsqueda que por momentos sintió que iba “a la guerra con un tenedor” por falta de infraestructura previa o de recursos.

En Canelones hubo una experiencia positiva al respecto. Muy puntual pero interesante. La actual intendenta, Gabriela Garrido, logró junto con la Jefatura de Policía retirar del costado de las vías en la ciudad de Las Piedras a un grupo de personas que se habían instalado allí y trasladarlas a refugios. Lo hicieron basados en la “ley de faltas”, que no permite ocupar espacios públicos, y en la peligrosidad de que los trenes que pasan a diario por ese lugar provoquen un accidente.

Es solo un episodio particular que sirve como ejemplo, aunque no cambia casi nada. Porque la otra realidad, la que golpea en la cara día tras día, especialmente a los montevideanos, está muy lejos de diluirse y a años luz de solucionarse. Salvo que se tomen medidas urgentes y disruptivas.

Algunos dicen que es un tema estético y de imagen, que el aspecto que ha adquirido la ciudad con el pronunciado incremento de personas que viven en la calle es terrorífico. Otros se refieren a las cuestiones de seguridad y sostienen que todas esas personas sin hogar, muchas veces adictas a las drogas o con problemas psiquiátricos graves, suelen ser protagonistas de delitos.

Hasta ahí, la superficialidad del asunto. Pero lo más importante es una cuestión de dignidad y de respeto a los demás y a los derechos humanos. Es inviable cualquier sociedad que mire para el costado mientras ve crecer a su alrededor a personas que están totalmente excluidas y que apenas sobreviven deambulando en las tinieblas de la limosna y el delito. No hay superación posible de ningún país si ni siquiera puede incluir en el mínimo de convivencia a todos sus ciudadanos. Por eso, o aunque sea por un mínimo de empatía, es hora de actuar diferente.