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Cuando una sociedad deja de ver la diferencia entre rendir cuentas y linchar, no está defendiendo la verdad: está administrando castigos; y los castigos dictados por la multitud no buscan justicia, sino venganza
Después de cada tragedia aparece la tentación, tan humana como poderosa, de reinterpretar los sucesos previos para que encajen con el desenlace. De esa forma, cuando alguien muere después de haber sido sometido a un cuestionamiento público, las acusaciones fundadas pueden empezar a parecer saña o encono, quienes las formularon pueden convertirse retrospectivamente en verdugos, y las irregularidades existentes quedar relegadas a un segundo plano. El desenlace termina contaminando el juicio sobre los hechos que lo precedieron.
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El caso de Jason Arday exige resistir esa tentación.
Con 37 años, se había convertido en el profesor negro más joven de la Universidad de Cambridge. Su historia personal, la del autista que habría aprendido a leer y escribir a los 18 años, que había superado enormes dificultades y construido una trayectoria académica y humanitaria extraordinaria, fue un relato de superación poderoso destinado a convertirse en símbolo. El problema es que los símbolos, precisamente por serlo, deben verificarse.
Las dudas comenzaron cuando Nathan Cofnas, un académico conocido por sus posiciones sobre raza y meritocracia, expulsado de Cambridge en 2024 después de declarar que, bajo una verdadera meritocracia, las personas negras “desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil fuera del ámbito deportivo y del entretenimiento”, acusó a Arday de plagio y cuestionó distintos aspectos de su trayectoria.
Las dudas empezaron a acumularse: inconsistencias en sus trabajos, dudas sobre las afirmaciones de su biografía, sospechas sobre sus credenciales académicas. No todos los cuestionamientos tenían el mismo valor ni fueron todos probados, pero el panorama general daba para sospechar y exigía respuestas. La primera reacción de Cambridge fue defender a Arday y calificar las acusaciones de “campaña destinada a socavar su credibilidad”. Cambridge había convertido a Arday en un estandarte de excelencia, de diversidad y superación, y tenía la responsabilidad de verificar con rigor lo que presentaba como ejemplar. Pero no fue así, no hubo una investigación previa de las credenciales del futuro profesor, como se haría en cualquier caso, tal vez porque la narrativa de Arday resultó perfectamente adecuada a la política inclusiva de la institución. Hoy, con el diario del lunes, todos dicen que la igualdad no consiste en aplicar a una persona negra un criterio más indulgente porque su historia sea inspiradora, que eso no es igualdad, sino paternalismo.
Si un académico plagia, debe responder. Si falsifica credenciales, debe responder. Si inventa datos o atribuye a su biografía experiencias que no ha vivido, debe responder. Y la universidad que fue omisa en detectar esas irregularidades antes de contratarlo y promocionarlo también debe responder, por más que se llame Cambridge.
Y aquí aparece el segundo error.
Sí, las acusaciones debían investigarse, pero eso no significa hacerlo a costa de la vida privada del investigado. El aparato de la prensa derechista británica encontró en Arday una historia perfecta para confirmar sus prejuicios sobre la universidad contemporánea, y arremetió. Así, el escrutinio se extendió más allá de su trabajo académico y alcanzó su labor humanitaria, su vida personal, llegó a bucear en su historial médico.
Investigar es una función legítima del periodismo, y convertir circunstancias de la vida de una persona en munición para destruirla públicamente es ensañamiento.
En pocas semanas, Arday dejó de ser un académico cuya trayectoria debía ser examinada; se convirtió en un personaje de la guerra cultural. Para unos, demostraba que las políticas de diversidad habían sustituido el mérito; para otros, cualquier investigación sobre él era una prueba de racismo contra todos los académicos negros.
Ese es el problema central del caso Arday: en ambos relatos desaparece la persona y solo queda el símbolo. Los que impulsaron su figura aceptaron fácilmente una historia que debía comprobarse con el mismo rigor que se aplica a cualquier otro académico. Y quienes descubrieron las inconsistencias no tuvieron pudor en convertirlas en una oportunidad para ajustar cuentas con la universidad, con la izquierda y con las políticas de diversidad.
Son errores diferentes, pero se alimentan de la misma lógica: dejar que una conclusión previa explique los hechos tal como se quieren ver.
No hay nada progresista en negar un plagio porque el acusado sea negro, y no hay nada liberal en celebrar la destrucción pública de un hombre para convertir su caída en una prueba más contra la universidad.
La muerte de Arday torna más delicado el asunto. Dimitió de su cargo el 5 de agosto y, dos semanas después, apareció muerto en su casa. No sabemos qué relación pudo existir entre su difícil situación pública y la muerte, y suponer vínculos sería irresponsable. Tampoco es razonable utilizar su fallecimiento para borrar los cuestionamientos planteados sobre su trayectoria. Una tragedia no convierte la acusación previa en falsa y, del mismo modo, una acusación verdadera no legitima cualquier forma de escrutinio.
Como decíamos, el profesor debía responder por fraude o por plagio, Cambridge debía responder por no haberlo detectado y algunos periodistas, los que cruzaron la frontera entre investigar y humillar, debían responder por sus excesos. Porque Arday pudo haber mentido y, aun así, no debió ser tratado como una presa de caza.
Los que lo elevaron a símbolo prefirieron un relato inspirador antes que una historia comprobada. Los que lo derribaron prefirieron un escarmiento público antes que una investigación seria. Unos confundieron inclusión con indulgencia. Los otros, verdad con crueldad. En ambos casos, Arday dejó de ser una persona y se convirtió en un argumento.
Cuando una sociedad deja de ver la diferencia entre rendir cuentas y linchar, no está defendiendo la verdad: está administrando castigos. Y los castigos dictados por la multitud no buscan justicia, sino venganza. Una democracia sana se reconoce por la forma en que se trata a las personas que no han seguido las reglas: no deja de exigir responsabilidades, pero traza una línea clara entre la justicia y la lapidación.
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