Un pacto por la gente en la calle

El ministro Civila, que está muy comprometido con este problema, ha dicho que, para abordarlo va a empezar por convocar a diversas organizaciones de la sociedad civil a un proceso participativo. Escuchar a la sociedad civil siempre es buena idea. Durante el quinquenio pasado también se buscó recoger iniciativas de este tipo mediante una convocatoria a proyectos de innovación social. Hay mucho conocimiento acumulado en organizaciones sociales de distinto tipo acerca de esta población y respecto a posibles soluciones. Pero solamente se podrá construir un acuerdo estable si a esta capa de participación social se le agrega la de los partidos, para que también ellos compartan sus experiencias y propuestas.

Muchas personas están en la calle porque persiste una fractura social profunda que el Estado, a pesar de tantos esfuerzos realizados por tantos gobiernos, no ha podido reparar. Están en la calle porque las familias no los aceptan. O porque no consiguen trabajo. O porque les resulta más cómodo sobrevivir apelando a la piedad. O porque están carcomidos, o en proceso de destrucción, por diferentes adicciones. Pero el Estado no los ayuda al permitirles vivir en la calle. Al contrario. El Estado contribuye, con su omisión, a su cruenta e inexorable degradación.

El Estado, para realmente ayudarlos, debe empezar por decirles que vivir en la calle es estar en conflicto con la ley. Pero si el Estado va a prohibir que las personas vivan en la calle, hay que repensar a fondo de qué modo se procede para que las normas se apliquen sin generar más violencia. ¿No habrá llegado el momento de revisar la “ley de faltas”? ¿No habrá que apelar a las organizaciones de la sociedad civil para sean ellas las que se ocupen de hacer respetar las reglas de convivencia?

Vivir en la calle no es un derecho. Es un desastre. La instalación de refugios evita que las personas mueran de frío durante la noche. No es poco, desde luego. Pero no es una solución de fondo. Otro tanto puede decirse de los refugios diurnos. Son, apenas, mecanismos paliativos. En un país serio no puede haber campamentos en las veredas. En la mejor democracia de la región, no puede haber contenedores de basura que funcionen como comedores o como baños. Pero si el Estado va a impedir que haya gente viviendo en la calle, debe ofrecer una alternativa potente y atractiva.

Es posible imaginar una solución. Pero es compleja y costosa. Consiste en crear dispositivos para que trabajen, coman, se eduquen, se curen de enfermedades y adicciones, y se reinserten en la dinámica de la sociedad. Con la intervención del Estado podrán trabajar, por ejemplo, construyendo (sus propias casas, o las de otros), reparando (escuelas, liceos, calles, veredas, viviendas, muebles, máquinas), podando espacios públicos, cultivando, criando animales, produciendo y comercializando. Si no saben cómo hacerlo, el Estado puede educarlos. Si están enfermos, el Estado tiene la obligación de brindarles los servicios que precisen para que se curen. Para eso dispone de médicos, psicólogos y expertos en adicciones. Para que emprendimientos de este tipo puedan funcionar se requiere, desde luego, que al frente de cada uno de ellos haya personas formadas y experimentadas. La sociedad civil puede ayudar. Pero la principal responsabilidad es siempre del Estado, es decir, de todos nosotros.

Desde luego, esto tiene un costo que puede ser muy alto. Hay miles de personas en la calle. Salen cerca de tres decenas por día de las cárceles con bajísima probabilidad de ir a otro lado que no sea la vía pública, y altísima probabilidad de reincidir. Hay que invertir muchos recursos. Si no existen, habrá que crearlos. Hace cerca de cuarenta años entendimos que Uruguay no tiene futuro si no mejora su educación. Y creamos el Impuesto de Primaria. Si no hay una alternativa mejor, deberíamos disponernos a crear un impuesto específico, progresivo, para abordar en serio un tema tan grave.

No se puede aplicar un plan como este sin un acuerdo interpartidario. Todos los partidos juntos deberían decir que el Estado no puede admitir que la gente viva en la calle. Y todos los partidos juntos deberían aceptar que hay que empezar a gastar mucho más en la reinserción de las personas que seguimos perdiendo, dejando que se hundan en los contenedores de basura. Por eso, la propuesta de fondo y la tecnología, el qué y el cómo, son dos caras de la misma moneda. En una propuesta de este tipo, al final, todos ganan. El gobierno y la oposición, las personas en situación de calle y los que sufrimos constatando, todo el tiempo, sus padecimientos.