El texto de la resolución recoge la preocupación de los países por la falta de eficacia de los planes de ayuda para Haití, que pese al apoyo internacional continúa inmerso en una profunda crisis institucional, humanitaria y de seguridad. En esa línea, los Estados solicitaron a la Secretaría General que en un plazo de 30 días presente un “informe exhaustivo sobre la arquitectura institucional de la OEA en apoyo a Haití”, que será analizado por el Consejo Permanente “para asegurar la alineación de todas las actividades y programas operados desde y a través de la OEA en Haití” y evitar “solapamientos con el trabajo que la ONU” realiza.
Además, la resolución pide a Ramdin que “continúe promoviendo una mayor coordinación” entre los Estados, los órganos de la OEA, las Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe y otros socios “con el fin de reducir la fragmentación, evitar la duplicación y mejorar la eficacia general del apoyo a Haití”.
El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró durante la quincuagésima asamblea, celebrada entre el 22 y el 24 de junio, que la situación de Haití constituye “una de las emergencias más urgentes de la región” y expresó su “profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad, humanitarias y de derechos humanos” en el país.
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Canciller de Uruguay, Mario Lubetkin
Raúl Pérez/OEA
“Reiteramos la necesidad de una respuesta internacional coordinada, liderada por Haití y basada en el respeto a su soberanía y a los principios del derecho internacional”, manifestó el canciller.
Ramdin, por su parte, anunció en su discurso inaugural el envío de una misión especial, la designación de un representante especial para Haití y dijo que visitará el país en las próximas semanas.
Lanza: respuesta militar no debe olvidar los derechos humanos
En un evento paralelo organizado por Amnistía Internacional en Panamá —con el apoyo del Estado uruguayo—, para dialogar sobre la respuesta a la crisis en Haití, el representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, aseguró que el tema es una “prioridad” en la agenda regional del gobierno. El embajador destacó que, pese a que “la polarización y la complejidad que enfrenta el multilateralismo para avanzar y llegar a resultados”, en el caso de Haití “la OEA lo ha puesto como absoluta prioridad y todos los países” han trabajado “por encima de las diferencias de enfoques y de los perfiles de cada gobierno”.
Por otra parte, Lanza planteó que para Uruguay es fundamental que la OEA se enfoque en los aspectos en los que tiene “mandato y competencia” y no en aquellos que la exceden, como son las operaciones policiales y militares. Hizo hincapié también en la necesidad de mejorar la coordinación; “Haití no resiste nuevas superposiciones, que a veces son contraproducentes”.
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Representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza
Amnistía Internacional
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, puso el foco en niños, niñas y adolescentes que están siendo “atacados, reclutados, mutilados, secuestrados, heridos, asesinados y sometidos a violencia sexual”. Y planteó que para la ONG es primordial insistir en que “la protección de la niñez debe estar en el centro de cualquier respuesta” a la crisis. En ese sentido, dijo que las acciones no pueden pensarse únicamente desde una lógica militar o de seguridad ni olvidar la perspectiva de derechos humanos.
“Amnistía ha insistido en que las operaciones de seguridad deben estar preparadas para encontrarse con niños y niñas reclutados por las bandas, y deben tratarlos ante todo como víctimas”, insistió.
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Directora regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer
Amnistía Internacional
Esta preocupación es compartida por el Estado uruguayo. “Hay grupos que financian esta guerra y, si la respuesta es solo represiva, ese ejército de jóvenes que son la primera línea de crimen organizado va a seguir reemplazándose. La respuesta debe ser integral”, dijo Lanza. “Uruguay ha insistido mucho que la respuesta policial y militar tiene que tener en cuenta” que “buena parte de estas pandillas están integradas por menores de edad”.
También hizo hincapié en la violencia desproporcionada contra las mujeres y los niños: “El papel de Uruguay ha sido clave y en cada discusión hemos insistido con esto. Este tema no puede quedar invisibilizado”.
Por otra parte, Lanza señaló que si bien quienes cometen las mayores violaciones a los derechos humanos son las pandillas, “el Estado haitiano tiene la primera responsabilidad frente al derecho internacional y a los derechos humanos, y eso no se puede desvirtuar”.
Una “barbarie”: niños desmembrados y violencia sexual como estrategia de “terror”
Alberto Föhrig, enviado especial de la Secretaría General de la OEA para Haití, describió la complejidad de la crisis haitiana, donde el analfabetismo ronda el 37% y la pobreza alcanza el 70%. Relató también que la esperanza de vida hoy es menor a 50 años y que 1 millón y medio de niños no tienen acceso a educación.
También se refirió a la violencia de los grupos de crimen organizado, que ha forzado el desplazamiento de 1 millón y medio de personas. “Las bandas tienen como práctica sistemática el ejercicio de violencia sexual contra niñas, niños y mujeres como parte de una estrategia de aplicación del terror”, relató. “Tenemos documentados casos sistemáticos de desmembramientos y de decapitaciones por parte de estas bandas a agentes estatales y a civiles”, añadió.
Para ilustrar la gravedad de la situación, narró un ejemplo que sucedió en su última misión al país 10 días atrás. Un joven que había decidido alistarse en las Fuerzas Armadas fue “delatado” a una de las pandillas que controlan varias zonas del país, y fue capturado y desmembrado. Su muerte fue filmada y publicada en redes como TikTok. “Estamos en presencia de una situación de barbarie”.
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Enviado especial de la OEA en Haití, Alberto Fohrig
Amnistía Internacional
El enviado especial enumeró los esfuerzos de la OEA en el territorio y habló de las “enormes deudas” de la comunidad internacional en materia de coordinación: “Hay muchísima fragmentación” en las respuestas a la crisis, reconoció.
El experto puso énfasis también en el lavado de dinero: “Estas bandas ganan muchísimo dinero con secuestros, extorsiones, con narcotráfico y con contrabando. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento mucho más sofisticado de ese dinero”. En esa línea planteó el interés de la OEA de trabajar en una coalición internacional en donde los países receptores de ese dinero construyan un régimen de sanciones, de congelamiento de cuentas y eventualmente de incautación de bienes tanto de los actores directos como de sus cómplices políticos o empresariales.
“Queremos que las personas responsables de la violación masiva y sistemática de nuestros derechos sean juzgadas y acusadas. Queremos obtener reparación. Queremos salir de este ciclo de violencia”, dijo en su intervención Rosy Auguste Ducéna, representante de la sociedad civil haitiana.
Fuerzas de represión de bandas
En su resolución la OEA expresó preocupación por el “impacto desproporcionado” de la violencia en mujeres y niñas, que se refleja en en el aumento de la violencia sexual perpetrada por las bandas en Haití. Asimismo, manifestó su preocupación por el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados, que se estima que son la mitad de los miembros de las bandas.
La resolución también expresa su apoyo a la definición adoptada en octubre del año pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de enviar a Haití una nueva fuerza de seguridad, la Fuerza de Represión de Bandas, para contrarrestar el creciente poder de las bandas criminales. La ONU estima que los grupos armados controlan hasta el 90% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, entre otras zonas. Bloquean las carreteras de acceso y atacan las infraestructuras del país, además de cometer una violencia brutal contra la población.
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Personas que transitan por una avenida de Puerto Príncipe tras un ataque de pandillas.
EFE/ Mentor David Lorens
Esta fuerza no consiste en una misión de paz, sino en una fuerza de represión para combatir a las bandas, explica la ONU en su sitio web. Es una medida considerada “necesaria pero insuficiente, ya que no atiende cuestiones como la ayuda humanitaria, el desarrollo y la reforma de la gobernanza del país”. Se prevé el envío de 5550 efectivos para que colaboren con las autoridades haitianas para neutralizar a las pandillas. La resolución del Consejo de Seguridad fue copatrocinada por Panamá y Estados Unidos.
La Fuerza de Represión de Bandas sustituirá a la actual Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad en Haití, dirigida por Kenia, que no logró contar con la financiación y el equipamiento necesarios ni desplegar el número de efectivos previstos.
