El mayor impulsor local del “modelo Bukele” es el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Al menos en voz alta, también prácticamente es el único. Se ha referido a él en términos como “hay cosas para aprender”, “no es mala palabra”, “hay que mirarlo con más cariño”. En diálogo con Búsqueda, asegura que el mayor activo de la política de seguridad del salvadoreño “es que le ganó al no se puede”. Esto es un claro contraste, añade, con la postura del actual ministro del Interior, Carlos Negro. Pocos días antes de asumir su cargo, el exfiscal dijo a Informativo Sarandí en febrero de 2025 que la guerra contra el narcotráfico estaba “perdida” y que había que pensar en “controlar un mercado” cuya eliminación es “imposible”.
“Bukele es la prueba de que se puede ganarle al narco en condiciones de arranque más complicadas que Uruguay”, subraya Ojeda. Según cifras del Banco Mundial, El Salvador tenía una tasa de 108 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015, la más alta del mundo, alimentada por la extrema violencia de las maras (pandillas) Salvatrucha y Barrio 18, que bajó a 1,3 cada 100.000 en 2025.
El Salvador cambió la mayor tasa de asesinatos del mundo por la mayor tasa de reclusión del planeta: entre el 1,6% y el 2% de su población está tras las rejas.
“Nuestro trabajo de campo constata efectivamente una menor actuación de las pandillas”, dice a Búsqueda la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, “pero también un incremento del miedo a acciones violatorias de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”. Esto se ha traducido en más de 90.000 detenciones, incluyendo 3.000 niños, la gran mayoría sin órdenes judiciales, evidencia testimonial ni más prueba que declaraciones policiales durante estos últimos cuatro años. En este período de excepción hubo 458 muertos en las cárceles sin que sus familiares recibieran una explicación, subraya.
El modelo Bukele, asegura esta jerarca, también significa la destitución de jueces y fiscales que pongan límites a su estrategia, la toma del control del Poder Judicial y la Sala de lo Constitucional, y la posibilidad de presentarse a una reelección indefinida. La primera de ellas la obtuvo en 2024, con un abrumador 85% de los votos. Más allá de las objeciones de algunos observadores, HRW reconoce que su popularidad es tan alta que el resultado no merece mayores dudas. Esto ha desembocado en una total concentración de poderes. A eso se le suma la persecución a líderes opositores (como Ruth López y Enrique Anaya) y el exilio de los periodistas como los del medio digital El Faro, quienes revelaron acuerdos entre Bukele y los líderes de las principales maras.
Para esta organización, el “bukelismo” es un “régimen autoritario” que le ha permitido lograr en El Salvador en apenas cuatro años lo que al chavismo le llevó veinte en Venezuela.
Miembros de la pandilla Mara Salvatrucha en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de Tecoluca, en El Salvador.
AFP
Izquierda
El Ministerio del Interior se ha preocupado en manifestar que está en la vereda opuesta a Bukele. El asesor ministerial Emiliano Rojido, coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, dijo a Búsqueda que “nadie en su sano juicio puede creer que el gobierno esté meditando un camino” como el de El Salvador. Eso fue en diciembre, pocos días después de que el presidente Yamandú Orsi afirmara en el ciclo Desayunos Búsqueda que el de Bukele era “ejemplo de un proceso para analizar”, afirmación que generó sorpresa —y contextualizaciones, como las de Rojido y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez— en buena parte de la cúpula frenteamplista.
Sin embargo, en la sociedad no hay una división radical entre votantes frenteamplistas y coalicionistas. Una encuesta de Equipos Consultores de marzo ubicó a Nayib Bukele como el líder internacional mejor valorado por los uruguayos. No solo fue el único con un saldo positivo de 25 puntos porcentuales, resultado de la sustracción entre simpatías y antipatías; fue, con +12, el segundo mejor valorado por quienes apoyaron a la fórmula encabezada por Orsi en el balotaje de noviembre de 2024 (el primero fue Lula, +47). Entre quienes apoyaron a los partidos de la coalición en esa instancia, Bukele también estuvo holgadamente primero, con un saldo favorable de 37.
Esta realidad es más aguda incluso en El Salvador. Si la aprobación a Bukele ronda el 90% en su país, entre los votantes que se definen de izquierda también está en niveles altos: entre 60% y 70%. “La ausencia de políticas de seguridad efectivas, vigilantes de los derechos humanos, explica este fenómeno”, dice Goebertus.
“Sinceramente, no conozco ningún espacio del Frente Amplio en el que se considere al ‘modelo Bukele’ como algo a replicar”, asegura a Búsqueda el senador oficialista Eduardo Brenta, quien presidiera la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara Alta. Para él, esas miradas positivas por parte de votantes de la izquierda responden “a un escaso conocimiento de la metodología empleada por Bukele para bajar los homicidios”, la que se vende como “exitosa” pero “en base a premisas que chocan con cosas que son sagradas”. Aun así, en sintonía con Orsi, Brenta afirma no tener “un dogmatismo que lleve a no considerar ninguna experiencia”.
Bukele, hoy ubicado como un referente de las nuevas derechas continentales, tal como el estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei, tuvo sus inicios políticos en el muy izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Bajo ese paraguas fue electo como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y San Salvador en 2015. Fue expulsado de ese colectivo en 2017 por una excesiva “conducta personalista”. Cuando ganó la presidencia por primera vez, en 2019, lo hizo en una coalición de centroderecha.
“No cedemos a la criminalidad y no cedemos esta forma de hacer política a la mano dura o a los Bukele que muchos aplauden y reivindican”, subrayó la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, durante el Día del Comité de Base, el 25 de agosto, en contraposición “a la derecha”, que, reconoció, la tiene “mucho más fácil” para explicar los temas de seguridad pública, al tiempo que reivindicó políticas “a la uruguaya”, “por una senda de los derechos humanos”, respetuosa de “que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Estas afirmaciones recibieron críticas de Ojeda y de la excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, quien a mediados de agosto participó en San Salvador de un seminario de Seguridad y Gobernanza organizado por el Centro de Estudios Internacionales Héctor Oquelí de ese país centroamericano.
Sin embargo, el Ministerio del Interior recibió una propuesta de la empresa MAIC Technologies para emplear una plataforma de inteligencia operativa, con base en inteligencia artificial, que ya ha sido utilizada en El Salvador en el combate al crimen organizado. En su cuenta de X, el periodista Eduardo Preve informó este miércoles 2 que el gobierno ya “acordó avanzar con una prueba piloto”. Fuentes de la cartera dijeron a Búsqueda que por ahora “solo” es una propuesta y que “no está prevista ninguna prueba”.
Operativo policial en 2026.
Ministerio del Interior
Oposición
En la oposición, que ha sido muy crítica con las políticas de seguridad del gobierno, el modelo Bukele también está lejos de ser una bandera. Consultados por Búsqueda, el senador suplente Nicolás Martinell y el diputado Pablo Abdala, ambos nacionalistas, exministro y exsubsecretario de Interior en el pasado gobierno, respectivamente, coincidieron en que no es una estrategia aplicable en Uruguay. También coincidieron en que dos cosas diferencian notoriamente a este país con El Salvador: aún se está muy lejos de los niveles de violencia salvadoreños de años atrás y la conciencia local en materia de derechos humanos es muy superior a la de la nación centroamericana. De cualquier forma, el Partido Nacional, señala Abdala, no ha tomado postura formal sobre este modelo.
Tampoco en el Partido Colorado Ojeda encuentra mucho eco. La abogada Sara Durán, referente en seguridad del sector Vamos Uruguay, liderado por el senador Pedro Bordaberry, señala que este grupo no ha tenido “una discusión seria” sobre “un modelo del que muchos hablan pero pocos conocen”. A su vez, también puso la mira en “el preocupante contexto referido a los derechos humanos” de esa estrategia.
Más allá de defender a Bukele y su modelo, el propio Ojeda precisa que él considera que Uruguay puede apelar a “algunas” de las herramientas a las que este apeló en El Salvador. “Un primer paso sería el policiamiento 24 horas en los barrios complicados, la incursión territorial, acompañado por estrategia policial e infiltrado de bandas”, propone. “El debido proceso acá es intocable. Lo que yo destaco (de Bukele) es su enfrentamiento directo con el narco, que es lo opuesto a la política del gobierno. Hay una falta total de empatía del gobierno con el hartazgo de la gente en materia de seguridad”, añade. Refiere a que la consultora Factum reveló en julio que la “seguridad”, la “violencia” y el “narco” es, con un 53%, la mayor preocupación de los uruguayos. Confía en que con el “policiamiento” podría tener más apoyo en el arco opositor, “pero no serviría de nada si el gobierno está en contra”.
A Ripoll, cinco días en El Salvador le alcanzaron para que volviera entusiasmada con lo que vio. El plan Cero Ocio, iniciativa de trabajo en construcción para presos no clasificados como pandilleros, y los Centros Urbanos para Bienestar y Oportunidades (CUBO), espacios públicos educativos y de convivencia social en territorios ganados a las maras, son dos aspectos que replicaría sin dudar. “Yo no vi abusos, vi una convivencia maravillosa. Y en un país donde tenés la seguridad resuelta, podés atender otras necesidades. Allá vi al Estado instalado donde había violencia”, le cuenta a Búsqueda. La excandidata y exsecretaria general de Adeom, el gremio municipal, piensa en estos días presentar sus vivencias a sus compañeros del Partido Nacional y después al resto de la coalición. “Este gobierno se resiste a estas ideas, quizá por ideología o quizá por frustración, porque no le sale nada. Yo no planteo un Cecot ni un estado de excepción. No tenemos maras, pero ya tenemos bandas, las primeras luces rojas. Esas son las cosas que pasan cuando el Estado no pone límites”, subraya.
El apelar parcialmente al modelo Bukele es, para Interior, un camino directo al fracaso. “En realidad, ese modelo ya se importó a varios lados, está en Ecuador, México, Perú, Costa Rica, Honduras o Brasil, y en ningún lado anduvo”, dijeron a Búsqueda fuentes de la cartera. “Por más policías y blindados que uses, eso solo funcionó en El Salvador porque fue el único lado donde se suspendieron las garantías individuales”, concluyen.
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