“Nadie en su sano juicio puede creer que el gobierno esté meditando un camino como el de El Salvador”

Rojido, sociólogo y doctor en políticas públicas, está a cargo de la iniciativa más anunciada y ambiciosa que prevé el gobierno en seguridad pública: el denominado Plan Nacional, que se presentará a inicios de 2026 como una especie de guía de Estado en la materia para los próximos 10 años. Autor de numerosas publicaciones sobre violencia y criminología, aseguró a Búsqueda que Uruguay no debe buscar recetas en otros países, sino centrarse en crear su propio proyecto. En ese sentido, valoró al plan como “un camino innovador” a nivel mundial “que muchos han soñado, pero que nadie ha podido implementar”.

—¿En qué fase se encuentra el Plan Nacional de Seguridad Pública?

—El plan empezó con un diagnóstico empírico que se transformó en dos informes bastante rigurosos sobre indicadores de violencia y criminalidad en el país. A partir de eso, empezamos una parte participativa, los Encuentros por Seguridad, que implicó la convocatoria a múltiples instituciones que tienen un aporte para hacer en el área de seguridad pública: empresas, sindicatos, organizaciones sociales que trabajan en los territorios, la academia, agencias del Estado tanto del gobierno nacional como de las intendencias, y partidos políticos. Estuvimos trabajando hasta mediados de noviembre, participaron 79 instituciones y se generaron 92 propuestas. Este proceso se complementó con una plataforma de participación ciudadana digital, un canal más amplio para que la población nos hiciera llegar sus aportes, y ahí recibimos 52 aportes. Y también trabajamos en paralelo con una mesa de trabajo de modernización policial.

—¿Por qué en paralelo?

—La Policía y el Ministerio del Interior participaron de los Encuentros por Seguridad, pero creímos conveniente, porque la Policía es un actor sumamente relevante, tener un espacio más íntimo de trabajo para pensar qué cambios son necesarios dentro de la institución. Se definió un grupo de trabajo de alto nivel, con jerarcas de distintas unidades de la Policía que se reúne semanalmente y que trabaja en torno a cuatro ejes.

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—¿Cuáles son esos ejes?

—Uno es la formación policial, de base y de especialización. Otro es la inteligencia policial, porque dentro de la Policía Nacional tenemos muchos sistemas de información: lo que tiene la Dirección de Drogas es distinto a lo que tienen otras unidades, entonces, hay un gran desafío de conectar estos sistemas de información para hacerlos más potentes y mejorar la toma de decisiones. Otro eje es el operativo: cómo la Policía va a operar, cuál va ser la función de la comisaría, cómo vamos a reinventar el PADO, que fue un programa de policiamiento dirigido específicamente a las rapiñas cuando eran el problema más importante de seguridad pública y hoy vienen en baja y están en aumento otros delitos. Y el último eje tiene que ver con la gobernanza policial, cómo hacemos para que la institución tenga canales claros e incentivos para hacer una carrera.

—¿En qué momento este proceso se rubricará en un documento final?

—Nuestra expectativa es tener el plan presentado en marzo, aunque depende de una validación social y una validación política, porque el sistema político nos va a decir qué es posible. En febrero esperamos tener una instancia con el ministro del Interior y el presidente de la República para saber qué se puede hacer del 100% de lo deseable, considerando condiciones políticas, económicas, normativas y capacidades institucionales.

—¿A qué se refiere con la validación social?

—Es convocar a todos los que participaron, especialmente a las 79 instituciones, para que hagan sus descargos en caso de no estar de acuerdo con alguna medida. Esto no es un cogobierno. Aquí el gobierno tiene un derecho y un deber de gobernar otorgado por las urnas y lo hace de la manera que entiende más conveniente, consultando a los actores relevantes. El plan no va a salir de una votación a mano alzada. Pero sí va a tener un anexo en el que cada institución va a poder decir por qué no está de acuerdo con tal medida. Entendemos que el consenso es bienvenido, pero el disenso, cuando es de calidad, argumentado, también es bienvenido y ayuda a crecer. Y queremos dejar sentado por escrito, para que quede en archivo en el futuro, cuáles han sido las posturas iniciales, que todos las puedan revisar. Si no estás de acuerdo con algo, tomate el trabajo de decir por qué. Y también queremos blindar un poco el plan del oportunismo político.

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—Desde la oposición critican que, a la espera de la presentación del plan, el Ministerio del Interior lleva casi un año de gestión sin ejecutar medidas concretas contra la inseguridad. ¿Es el proceso de diseño del plan demasiado largo?

—Ya hay medidas concretas que van a estar en el plan y que se aplican, por eso nosotros hablamos de un plan en movimiento, porque hay cosas que ya se están implementando. El mes pasado se firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 250 millones y estamos avanzando con ese préstamo en cosas que sabemos que tenemos que mejorar, como el sistema penitenciario y la formación policial. También en el fortalecimiento de la Unidad de Cibercrimen, porque el ciberdelito es una amenaza muy importante para la seguridad nacional y todo indica que en el futuro va a ser un problema mayor. Otra intervención que es parte del plan, y ya se adelantó, es un convenio del ministerio con el BID y la Organización de los Estados Americanos (OEA), una innovación a nivel internacional porque el BID y la OEA nunca habían trabajado juntos y lo están haciendo ahora en un trabajo profundo sobre armas de fuego y municiones.

—La intención del gobierno es que sea un plan para 10 años. ¿No es una meta demasiado ambiciosa? ¿Realmente cree que, sea cual sea el partido político en el gobierno, tomará el plan como guía?

—Lo veo viable porque creo que a partir de este plan va a haber un cambio civilizatorio. Esta construcción que estamos haciendo, con la seriedad que se está haciendo, intenta despegar el problema de la seguridad del chapoteo político, considerando los problemas de fondo con evidencia científica y generando legitimidad con alianzas. Como dije, es un plan en movimiento: porque ya hay cosas que se aplican, pero también porque los problemas de seguridad van a cambiar de aquí a 10 años, con cosas que ni siquiera nos imaginamos hoy y que el plan va a tener que abarcar. La expectativa, entonces, es que el plan tenga etapas de revisión a lo largo del tiempo. Es una forma de trabajo que vino para quedarse, y creo que ningún gobierno en el futuro, del partido político que sea, va a poder quitar el plan sin poner algo igual o mejor en su lugar. Los uruguayos no van a tolerar que se hable de la seguridad como una cosa sola, que se resuelve con más penas o con más policías. Se va a haber generado una cultura de identificar problemas específicos, de pensar soluciones específicas, de evaluar lo que hacemos, de trabajar con seriedad más allá del oportunismo político y de los problemas coyunturales. Va a haber un cambio metodológico y de calidad del debate público con relación a la seguridad pública.

—¿Han tomado como referencia algún proyecto similar ya realizado en otro país?

—Estamos trazando un camino innovador y que está concitando el interés de muchas instituciones internacionales. De hecho, durante este proceso se creó un consejo internacional de observación. Tradicionalmente, los países que necesitan recursos intentan alinearse con las agencias internacionales para ver si consiguen fondos. Nosotros lo que hicimos fue ir directamente a convocar a seis agencias: el BID, la OEA, el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Les mostramos la idea que teníamos, la hoja de ruta y tuvimos una respuesta increíble en su apoyo como veedores de buena fe del proceso. Tenemos otras agencias internacionales que también nos están golpeando la puerta para entrar y nos han invitado a participar en eventos internacionales. Todas estas agencias abrigan la esperanza de que el camino que estamos trazando sea efectivo para Uruguay, pero que también sea una luz que ilumine a la región, que es la más violenta del planeta. Entonces, establecer una hoja de ruta para el diseño de políticas que sea integral, democrática y que sea basada en evidencia es algo que muchos han soñado, pero que nadie ha podido implementar, y nosotros lo estamos haciendo.

—Ha advertido públicamente sobre la posibilidad de que, de un momento a otro, Uruguay alcance una situación de violencia como la de Ecuador. También la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, dijo que estamos muy cerca de la violencia de Río de Janeiro. Hace unos años fue Mario Layera, actual director de la Secretaría de Inteligencia, quien anticipó problemas similares a los que viven países de Centroamérica con pandillas criminales. ¿Es la de Uruguay una situación a punto de ponerse peor?

—Tenemos una oportunidad que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener. Tenemos que reaccionar ya. Estamos en un punto de inflexión, en un proceso preocupante y que tenemos que alinearnos y blindarnos de discusiones y usar de la manera más eficiente posible los recursos que tenemos. Tenemos que cerrar filas. Además de los desafíos de seguridad pública, tenemos desafíos en el sistema de justicia criminal, que hace a la reacción del Estado ante todas estas amenazas. Incluye el trabajo articulado de la Policía, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del sistema penitenciario. Esto tiene que funcionar como un sistema, con una gestión adecuada de información entre las instituciones —que generalmente no hay porque son instituciones celosas de su información— y tiene que haber una política criminal que distinga lo importante de lo accesorio. Eso es algo que el país no tiene y es muy grave. Por ejemplo, de 100 delitos que se cometen se denuncian 50, se persiguen a esos 50 y se encuentran 20 ofensores, de esos 20 la Fiscalía acusa a cinco, de los cuales son sentenciados tres por un juez y solo uno es mandado al sistema penitenciario y, encima, ese ofensor reincide en un 70%. Es un sistema carísimo y no tenemos una evaluación de su funcionamiento.

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—Muchas autoridades y especialistas insisten en la urgencia de reformar el sistema penitenciario, ¿Cómo lo analiza usted?

—Tenemos un sistema penitenciario absolutamente desbordado que genera oportunidades para el crimen organizado en el reclutamiento y en la articulación de actividades. Tenemos uno de los sistemas penitenciarios más hipertrofiados del mundo y esto no es inocuo: genera daño social, es criminógeno y nos cuesta plata. No apelo solamente a un sentido de sensibilidad por la violación a los derechos humanos que el Estado uruguayo hace dentro del sistema penitenciario. También lo hago desde una mirada absolutamente instrumental, de qué están haciendo con mis impuestos. Y quiero decirle a la gente que sus impuestos los estamos gastando mal y que, además, a la gente no la estamos protegiendo. Esta idea de que los mandamos a la cárcel y generamos más seguridad ya cayó por su propio peso. Nos tiene ahora que caer la ficha de que la cárcel no rehabilita, ni tampoco disuade ni incapacita. No cumple ninguna de sus tres principales funciones. Y la idea de construir más plazas para rehabilitar es demagógica. Entonces, con este tema hay que abrir los ganchos.

—¿Qué cree que debe hacerse?

—Una medida es fortalecer las medidas alternativas. La alternativa nunca debe ser la impunidad, pero sí que queden en prisión las personas que cometieron delitos graves, que haya una población menor en prisión. Con el resto de los ofensores, que prácticamente van hoy a hacer una estadía de verano a la cárcel, hay que trabajar de una manera menos costosa, menos dañina y más racional. Y esto es para lograr mejores resultados en la calle, en la vida de las personas. Entonces, hay que tener un buen sistema de clasificación de la población privada de libertad, que redunde en cárceles más chicas. Hasta ahora hemos fugado hacia adelante construyendo plazas, cuando la solución no es construir, porque construir enyesa el problema y lo que tenemos que hacer es parar la sangría de gente que está siendo continuamente enviada a prisión. El cierre de bocas de droga, por ejemplo, puede generar una inflación penitenciaria.

—¿A qué se refiere?

—Parte del gobierno anterior se ha medido a sí mismo por la cantidad de cierres de bocas de droga. ¿En qué medida eso representa un éxito? Nadie lo puede decir, porque no hay un censo de bocas de droga ni tampoco hay un registro de bocas de droga que van abriendo. Cerrar 50 bocas de droga por mes y 60 al mes siguiente no te dice nada respecto a si diste algún paso hacia adelante con relación al combate al crimen organizado. Eso es problemático porque se gastan muchos recursos públicos en operativos policiales que no mueven la aguja del problema, porque el crimen organizado es un problema de otra envergadura. Por cerrar una boca no hacés que la gente consuma menos droga, incluso si cerrás muchas bocas y reducís momentáneamente la oferta, esa reducción se traslada al precio, la droga se vuelve más cara y más lucrativa y nuevos actores se ven motivados a meterse en el mercado. ¿Cómo lo hacen? Como en el lejano Oeste: a los balazos, porque es un mercado que no está regulado y se usa la violencia. Esto no quiere decir que hay que dejar todas las bocas de droga abiertas, sino priorizar con caminos alternativos a ese, no hacer la vista gorda.

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—El sistema penitenciario actual tiene una cárcel de máxima seguridad que ha generado cuestionamientos de los reclusos y del comisionado parlamentario penitenciario por su excesivo control y falta de libertades. ¿Cuál es su opinión?

—Creo que es importante tener una cárcel de máxima seguridad porque hay algunos ofensores que tienen una gran capacidad de corromper y también de conquistar lealtades y generar organizaciones dentro de la cárcel. Entonces, hay que tratar de tener un sistema penitenciario más chico, más racional, con una buena clasificación de la población privada de libertad. Un sistema con seguridad diferente para ofensores que tienen diferente nivel de peligrosidad. El eslabón más duro requiere medidas más limitativas de la libertad y con mayores controles de seguridad, sin lugar a dudas.

—Mencionó que las rapiñas están a la baja y el ciberdelito en crecimiento. ¿Son fenómenos relacionados?

—Eso viene pasando a nivel internacional, no solo en Uruguay: el fenómeno de los robos callejeros está bajando y la victimización a partir de estafas y otros delitos ciberfacilitados está aumentando; por lo tanto, todo indica que hay una relación entre los dos fenómenos. Luego hay una discusión sobre si el mismo ofensor, el que cometía rapiñas, se pone ahora a hacer estafas porque es más redituable. Eso se tiene que investigar. No sé si el mismo ofensor pasa de una modalidad a otra, pero estamos teniendo un cambio en las dinámicas delictivas en Uruguay, e internacionalmente, que hace que bajen los delitos violentos y aumenten estas modalidades ciberfacilitadas. Lo que sí vemos es que las oportunidades delictivas y el rédito por delinquir con estafas y otros delitos asociados es mayor, que el riesgo es menor y que las penas también son menores, en torno a los seis meses. Además, la probabilidad de que te agarren por una estafa es muchísimo menor —se denuncian una de cada diez— y la estafa se puede trabajar en serie: se puede aplicar a una, dos, tres, cuatro personas... es una actividad casi industrial. Con las rapiñas eso no pasa: son casos individuales, tenés que llevar un arma, tenés riesgo de violencia, de que te identifiquen, de que te arresten, la probabilidad de denuncia es mayor y la pena también es mayor. Las estafas en Uruguay, según mediciones realizadas este año, se multiplicaron por 22 en muy poco tiempo. Ese y otros delitos de esa índole generan un enorme daño patrimonial, a las personas y al Estado. Las empresas sufren daños económicos tremendos con filtraciones de datos, las agencias del Estado sufren también violaciones de datos. Con esto no hay democracia, no hay desarrollo económico, no hay turismo, no hay inversión.

—El presidente Yamandú Orsi mencionó al gobierno de Nayib Bukele como un “ejemplo a analizar” en materia de seguridad pública. ¿Qué piensa usted respecto a las políticas de seguridad pública que lleva adelante El Salvador?

—El Salvador está con un estado de excepción hace muchos años, es un país que renunció a las garantías mínimas de funcionamiento del Estado de derecho y de la democracia. Entonces, creo que no da para conversarlo mucho. Es un país con un sistema arbitrario, con detenciones arbitrarias, con un aumento importante de la arbitrariedad policial, con presos políticos, con un montón de problemas que lo hacen muy distinto a Uruguay. Es un Estado con debilidades institucionales que Uruguay, por suerte, no tiene. El presidente creo que apuntaba a esta idea de caer en la cuenta de lo importante que es la seguridad pública y las consecuencias que puede tener: El Salvador nos muestra lo importante que es cuidar la seguridad pública porque, si no, los países pueden tomar caminos muy temerarios, pueden tomar decisiones muy desesperadas cuando el problema de la seguridad pública no se resuelve y aumenta. Nadie en su sano juicio puede creer que el gobierno esté meditando un camino de este tipo. Vean el proceso que estamos haciendo con este plan nacional y vean que la apuesta es a un modelo uruguayo, integral, democrático y basado en evidencia científica. Claramente no tiene ningún punto de contacto con lo que se hace en El Salvador.