“Inequívocamente la prohibición no se limita a lo político partidario. Tal como está redactada y con la solitaria exclusión del voto, se refiere a todo acto político cualquiera sea su naturaleza”, prosiguió.
Según Gatto, “obviamente” debe considerarse que es político el camino seguido por la democracia uruguaya en materia de investigación y punición de los delitos de la dictadura.
“Tan político y discutido entre partidos y movimientos sociales, que por dos veces requirió el pronunciamiento conforme del cuerpo electoral. Resulta claro entonces que el ataque a ese enfoque, efectuado por una de las encargadas de aplicarlo, constituye otro obvio acto político. Al igual que lo supone el hecho de compararlo desfavorablemente con el de otro país”, añadió.
A juicio de Gatto, la jueza Mota, “obnubilada por su particular concepción de la justicia y por la política que según cree el país debe desarrollar en la materia, dejó de ofrecer las garantías de imparcialidad y objetividad” y “no debería por tanto permanecer en su cargo” porque “hacerlo equivale a atentar contra el derecho objetivo y las garantías de los justiciables”.
“En rigor, este tema no se relaciona directamente ni con valores ni con la neutralidad del Estado; sí con la prohibición de fundar en razones políticas —aquellas vinculadas con argumentos de poder y con las plurales concepciones para la justa construcción de la polis— los fallos de los magistrados”, razonó. Y, de inmediato, agregó: “Lo contrario a lo que hizo esta jueza, que tiñó todas sus sentencias, pasadas y futuras, con sus aspiraciones políticas y su personal visión del Estado. No agreguemos confusión al desacato”.
“Campaña”.
Algunos medios de reconocida militancia política respecto a este tema optaron, en cambio, por acusar a Búsqueda y a otros medios de haber montado una “campaña” contra Mota por el hecho de difundir las afirmaciones que la jueza, voluntariamente, había formulado al diario argentino.
Ese enfoque se repitió en notas publicadas en el semanario “Brecha” y en la revista “Caras y Caretas”. En un artículo titulado “Guillotina, el regreso”, “Brecha” aseguró que existe una “campaña sistemática contra la jueza Mota que encuentra receptividad en la Suprema Corte de Justicia”.
Según el semanario, hay algunos “toques mágicos” que son “capaces de reubicar a los magistrados según sus intereses” lo que “socava la independencia técnica” de los jueces. Todo ello, a su juicio, evidenciaría que “el Poder Judicial es permeable, una vez más, al poder político” lo que estaría demostrado por “la historia de ascensos y degradaciones” en Uruguay.
“Brecha” dijo que “en estos momentos hay argumentos de sobra para comprender, o al menos sospechar, que la jueza Mariana Mota es una candidata a ser tocada por la varita mágica, probablemente con efecto de purga”.
“Desde que decretó la prisión del coronel retirado Carlos Calcagno (...) la magistrada ha vivido una persecución ostensible”, agregó.
De acuerdo a la publicación, esa “persecución” fue “promovida” por el abogado de uno de los procesados, el ex fiscal y catedrático de Derecho Penal de la Universidad estatal Miguel Langón, y fue “acompañada” por Búsqueda que pidió “la decapitación” de la jueza “como en la Francia de Roberspierre”. Esa presunta campaña contra la jueza Mota estaría también integrada por “la desaguisada palabrería de tertulianos de radio El Espectador” y por “conferencias de prensa del ex presidente Jorge Batlle y del ex vicepresidente Gonzalo Aguirre”.
Pero “Brecha” no se quedó ahí e incluyó a otros abogados como parte de una maquiavélica maniobra en contra de la magistrada. A Mota, publicó el semanario, “le tocó la suerte de heredar el expediente de los hermanos Peirano y sus millonarias maniobras desde el Banco Montevideo y no tanto por los banqueros sino por quienes lo defendían, terminó en la palestra”.
Recordó que el ex canciller y ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, “como abogado del vicepresidente del Banco Montevideo, Juan Ratti, se valió de una ley derogada —donde su asesoramiento para terminar con la norma resultó fundamental— para pedir ante la sede de Mota la clausura del caso respecto de su cliente”.
“Brecha” agregó a la supuesta gran confabulación contra la jueza Mota al presidente José Mujica. El semanario interpretó que manifestaciones de Mujica a Búsqueda en las que dijo que le había “llamado la atención” que la Corte no se hubiera pronunciado sobre el caso, llevaron al presidente a ingresar en “una especie de campaña sistemática que afila la hoja de la guillotina en que se refleja la cabeza de la jueza que jode con sus declaraciones públicas pero sobre todo con sus fallos”.
“Intimidación”.
En una columna de opinión publicada también en “Brecha”, la senadora Constanza Moreira, del Espacio 609 —el mismo sector al que pertenece el presidente Mujica—, también se afilió a la idea de que existe una “campaña” en contra de la jueza Mota.
En un artículo titulado “Presiones al Poder Judicial, o disparando contra la jueza Mota”, la politóloga y senadora afirmó que existe un “efecto de intimidación” sobre la jueza en el que incluyó a varios actores, entre ellos el Poder Ejecutivo.
“Cuando una jueza que se destaca en su actuación en la causa de los derechos humanos enfrenta tantas críticas de la prensa, desde la voz de destacados dirigentes políticos o desde los mismos operadores jurídicos (o incluso desde el Poder Ejecutivo) lo que se produce es un efecto intimidación”, reflexionó.
“Cuando estas críticas o controversias respecto de su actuación desembocan en expedientes abiertos ante la SCJ, el resultado podría ser una vulneración de su estabilidad laboral, especialmente si ello afecta su desempeño en las causas que tiene entre manos”, añadió.
Según la senadora, la “presión” a Mota se dio también desde la prensa, con los “calificativos” que recibió la magistrada en el programa “La Tertulia” de radio El Espectador, donde fue llamada “loca” y “totalitaria”.
En ese programa radial, el historiador y dramaturgo Carlos Maggi tildó a la jueza de “desbocada” y “desequilibrada”. Moreira atribuyó equivocadamente al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, haberla llamado “fanática” y “peligro público”, cuando esos calificativos también fueron realizados por Maggi.
Consultada por Búsqueda, la senadora dijo que en su artículo sobre Mota lo que quiso hacer fue “un llamado de atención sobre el tema de la independencia de los jueces”.
“Uno puede discrepar con la jueza Mota, como gobierno lo puede pensar, porque el gobierno ha hecho muchas cosas en materia de derechos humanos en comparación con los anteriores gobiernos”, manifestó.
“Yo creo que hay un antes y un después desde el 2005 en la interpretación de la ‘ley de caducidad’, en las excavaciones en los cuarteles. Para lo que es Uruguay realmente es un antes y un después”, agregó.
“Pero de cualquier manera los jueces pueden opinar, porque siguen siendo civiles. Pueden ir a la ‘Marcha del silencio’. No me parece que ir a la ‘Marcha del silencio’ constituya una violación al articulo 77 de la Constitución”, prosiguió.
“¿Qué pasa si un juez que está trabajando en temas de abuso sexual participa en una marcha contra el abuso sexual contra los niños?”, preguntó. Y de inmediato contestó: “Yo diría que está defendiendo su filosofía. Por eso pongo la distinción entre neutralidad valorativa e imparcialidad en la columna”.
“Caras y Caretas” publicó otro artículo con argumentos similares a los anteriores, aludiendo a Búsqueda y al programa “La Tertulia” como integrantes de lo que llamó “capítulo mediático” contra Mota.
“Injustificada”.
“Brecha” y “Caras y Caretas” no hicieron otra cosa que adelantar prácticamente lo mismo que luego diría la “Mesa Permanente Contra la Impunidad”, en una declaración pública donde también se sostiene que existe una suerte de conspiración en contra de la jueza Mota.
Esta entidad, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, por un “Movimiento de Educadores para la Paz”, por el “Memorial Fusilados de Soca” y por “Mujeres de Negro”, evocó que en mayo de 2011 Búsqueda informó sobre la participación de la jueza Mota en la “Marcha del silencio” de ese año, lo cual ameritó una investigación de la Corte que culminó en una observación ética hacia la magistrada.
“Todo este episodio, cuya génesis fue la mala intención de algunos sectores adversos al libre accionar de la Justicia en la investigación y juzgamiento de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, se tornó un enorme elemento de presión sobre una magistrada que tenía en sus manos, en esos momentos, la investigación de importantes casos denunciados por víctimas del terrorismo de Estado, encontrándose además a punto de dictar resolución sobre el homicidio de la estudiante Nibia Sabalsagaray, lo que finalmente derivó en el histórico y ejemplar procesamiento del general Miguel Dalmao”, afirmó la “Mesa Permanente Contra la Impunidad”.
No obstante, el juez que instruyó la causa de Sabalsagaray y procesó a Dalmao fue Rolando Vomero; la jueza Mota no tuvo nada que ver.
La “Mesa Permanente” dijo que en esta oportunidad, “ante la difusión parcial y sesgada del semanario Búsqueda de las declaraciones de Mota al medio argentino ‘Página 12’, vemos con preocupación que se reitera una vez más la presión sobre la magistrada”.
“En este caso con el agravante que quien reclamó la intervención de la SCJ es nada más ni nada menos que el propio presidente José Mujica, lo que constituye una actitud sorprendente y totalmente injustificada, producto seguramente de una lectura rápida y con elementos parciales del presidente”, concluyó.