Claro que en política conviene no quedarse con la superficie. Chris Hipkins es hoy el sucesor de Ardern. Ya dijo que se va a centrar en la economía y se manifestó confiado en lograr que el Partido Laborista de Nueva Zelanda enderece el rumbo con miras a octubre. “Más allá de lo que ella ha dicho, se ha especulado, y no es inverosímil, que su decisión facilita una transición hacia las elecciones de un gobierno que está perdiendo apoyo popular”, apunta Buquet. “Puede ser que esté sobrecargada, pero lo que hizo le da a su partido una chance de recambio y de remontar la situación”. En este caso, sería una renuncia con sentido estratégico y que les da una necesaria bocanada de oxígeno a los suyos.
Diferentes sistemas. Las democracias en el mundo se dividen entre presidenciales y parlamentarias. En estas últimas, presentes en la mayoría de los Estados de Europa, por caso, los ciudadanos eligen al Poder Legislativo y este, a su vez, designa un primer ministro, que luego forma su gobierno, el Poder Ejecutivo, avalado por el Parlamento. “En este sistema los cargos ejecutivos no tienen fecha de término, más allá de que estén previstas nuevas elecciones”, dice Buquet. Es por eso que, si las cámaras le retiran el apoyo al premier, por el motivo que sea, a este no le suele quedar otra alternativa que renunciar para evitar una moción de censura, cosa muy frecuente en Italia, bastante común en Israel, recientemente vuelta moda en Reino Unido y prácticamente impensable en Alemania. Las alternativas son formar un nuevo gobierno o llamar a elecciones anticipadas.
Es más usual en aquellas democracias donde hay muchos partidos políticos que hacen necesario tejer alianzas —muchas veces atadas con hilos— para poder gobernar. Pero la caída sucesiva en 2022 de Boris Johnson y Liz Truss como primeros ministros británicos (esta última tras escasos 44 días en el poder), en un país bipartidista, reflejan que mantenerse en el gobierno puede ser equivalente a ejercer un liderazgo interno; en este caso, del Partido Conservador. Por el contrario, en Alemania hay más partidos, pero su estabilidad es proverbial.
Por esta parte del mundo está mucho más instalado el sistema presidencial. Este mandato electivo tiene un período determinado y una fecha de término. Esto no lo pone a resguardo de nada. En Perú, el presidente Pedro Castillo (53) fue destituido el 7 de diciembre pasado. Había asumido el 28 de julio de 2021 como una nueva referencia de izquierda en la región, en un país donde los dirigentes ahí recostados son vistos con recelo. En medio de una crisis popular —entre otras cosas, por el precio del combustible— y política —el Parlamento intentó destituirlo varias veces—, el anuncio ese día de querer disolver el Congreso se volvió contra él como un boomerang.
En estos sistemas, no alcanza solo con no tener el apoyo parlamentario. “Siempre hay un contexto de movilizaciones populares masivas en contra de los gobiernos, asociados a cuestiones coyunturales, como denuncias de corrupción o crisis económicas, cuando un presidente no termina el mandato”, dice Buquet. En pocas palabras: si un mandatario tiene poco apoyo popular pero un Parlamento que lo sostiene, puede mantenerse en el cargo por más desprestigio y descontento que haya en la ciudadanía; si el Parlamento está enfrentado a él, pero tiene el respaldo de una importante masa social, ningún dirigente político querrá inmolarse pidiendo un impeachment; si no lo sostiene el pueblo ni los congresistas, ahí sí no va a tener más remedio que mirar hacia la puerta.
Perú ha sido un caso particularmente patológico: a Castillo lo antecedieron Francisco Sagasti (un interinato de 8 meses y 11 días), Manuel Merino (5 días), Martín Vizcarra (destituido por el Parlamento en 2020) y Pedro Pablo Kuczynski (renunció en 2018). La presidenta Dina Boluarte es la sexta persona en ocupar ese cargo desde el 28 de julio de 2016. Y basta revisar las noticias de ese país para ver que no la tiene nada fácil.
Historias como las de Castillo, en un país tristemente conocido por su inestabilidad política, o la más particular de Ardern, en una isla a la que ella ayudó a ubicar más en el mapa, están muy lejos de ser consideradas excepciones. Sea por motivos estructurales —fragmentación partidaria— o coyunturales —sonados casos de corrupción, descontento popular—, es frecuente que la cabeza de un gobierno ruede por los suelos. Y vale lo ocurrido en las antípodas para recordar algunos de los casos más notorios.
Richard Nixon (Estados Unidos)
Es el primer caso de las últimas décadas que viene a la mente. Nixon, republicano, no era un presidente impopular: de hecho había sido reelecto en 1972 por paliza. Sin embargo, una investigación periodística impulsada por Bob Woodward y Carl Bernstein, del diario The Washington Post, reveló una red de espionaje político impulsada por el mandatario, que terminó destapando una serie de abusos de poder por parte del presidente y de sus hombres de más confianza. Todo eso logró poner al sistema político y a la población en su contra, llevándolo a renunciar el 8 de setiembre de 1974, para ahorrarse una destitución que ya se veía como inevitable. Fue el episodio conocido como el Watergate; desde entonces, el sufijo -gate es sinónimo de escándalos.
Fernando Collor de Mello (Brasil)
En 1989 fue el primer presidente elegido por mandato popular luego de la última dictadura de su país. También era hasta entonces el presidente más joven de Brasil, con 40 años. Ganó las elecciones apuntalado entre otros por TV Globo y su principal adversario fue Luiz Inacio Lula da Silva, que se postulaba por primera vez. Su gobierno fue lo contrario a lo que prometió: altísima inflación, caída del PIB y montaje de una cadena de sobornos a empresarios y funcionarios públicos. El Congreso brasileño inició un proceso de impeachment (juicio político) el 29 de diciembre de 1992. Ese mismo día Collor de Mello renunció a la presidencia.
Carlos Andrés Pérez (Venezuela)
Habiendo terminado con buenos índices de popularidad su primer mandato, entre 1974 y 1979, este dirigente de Acción Democrática ganó con holgura las elecciones de 1988. Los buenos resultados económicos de aquella primera vez estuvieron muy lejos de repetirse. Emplear al Ejército para reprimir el llamado Caracazo, que se saldó con centenares de muertos y desaparecidos, dejó su imagen por el piso ni bien arrancó. Aguantó el intento de golpe de Estado de 1992, en el que participó un entonces desconocido Hugo Chávez. Pero no soportó la acusación de corrupción y malversación de 17 millones de dólares por parte de la Fiscalía General. El Congreso venezolano lo separó del cargo el 22 de mayo de 1993.
Abdalá Bucaram (Ecuador)
Le decían el Loco. Fue cuñado del presidente Jaime Roldós. Hizo redadas moralistas y religiosas como intendente de la Policía en su Guayaquil natal. Tenía un bigote hitleriano. Grabó un disco, Un loco que ama. Contrataba a Los Iracundos (sí, a los de Paysandú) para sus actos electorales. Quiso apuntalar la carrera deportiva de su hijo, llamado igual que él, sin éxito. Llegó a la Presidencia en su tercer intento. Creó una marca de leche, Abdalact, de muy baja calidad, como parte de su plan de alimentación escolar. Su política de austeridad provocó aumento de precios y movilizaciones sociales. Su gobierno duró menos de seis meses, entre agosto de 1996 y febrero de 1997. El Congreso ecuatoriano lo destituyó por “incapacidad mental para gobernar”. Estuvo exiliado 20 años en Panamá. La imagen caricaturesca que se tiene en el norte de los gobernantes latinoamericanos se debe a personajes como él.
Fernando de la Rúa (Argentina)
Luego de 10 años de menemismo en Argentina, lo que equivale a decir “pizza con champagne”, había enormes esperanzas en este histórico dirigente radical. Pero todo lo que podía salir mal, salió. La renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez en octubre de 2000 por el escándalo de las “coimas en el Senado”, el “Megacanje” que derivó en corridas financieras y esto en el “corralito”, las restricciones a los retiros bancarios. Esto derivó en un estallido social pocas veces visto que desde Uruguay se vivió con el terror que genera una explosión a media hora de avión de distancia. En medio de saqueos, vandalismo, unos 30 muertos y un estado de sitio, De la Rúa abandonó la Casa Rosada en helicóptero, el 20 de diciembre de 2001, formalizando su renuncia al día siguiente. Carecía de cualquier respaldo político.
Ehud Olmert (Israel)
La historia podría recordar a este primer ministro de otra manera. Tuvo que sustituir a un peso pesado, Ariel Sharon, que había sufrido un ACV. Enfrentó la Segunda Guerra del Líbano iniciada por Hezbollah y la Operación Plomo Fundido contra Hamas en Gaza (ambas duramente cuestionadas por el mundo musulmán), además de promover la Conferencia de Paz de Annapolis. En lugar de ello, acabó siendo el primer gobernante de su país que terminó preso por corrupción. Eso fue en 2016. Esos mismos cargos fueron los que lo obligaron a anunciar su renuncia en setiembre de 2008, lo que llevó a elecciones anticipadas, ya que quien era líder de su partido, Kadima, la canciller Tzipi Livni, no pudo acordar un nuevo gobierno. Particularidades de los sistemas parlamentarios. Esto finalmente ocurrió en febrero de 2009.
Fernando Lugo (Paraguay)
En un país donde suelen surgir en los principales cargos políticos personajes que meten miedo, el sacerdote Lugo parecía distinto. A caballo de una primavera progresista en la región y encabezando una variopinta coalición de partidos de izquierda, se convirtió en abril de 2008 en el primer presidente de ese país ajeno al hegemónico Partido Colorado en 61 años. La muerte de 17 personas en enfrentamientos entre campesinos y policías propició la creación de un juicio político en su contra, que muchos consideraron apresurado y orquestado, y determinó la suspensión del país en el Mercosur. Lo cierto es que tampoco la coalición que integraba se esforzó mucho en defenderlo. Fue destituido el 22 de junio de 2012. En su presidencia admitió haber tenido dos hijos ilegítimos mientras era obispo. Hay más acusaciones de paternidad en su contra.
Dilma Roussef (Brasil)
La primera presidenta de la historia de Brasil asumió como la delfín de Lula, en 2011, y lo siguió en su caída, siendo destituida por el Senado el 31 de agosto de 2016, durante su segundo mandato. El llamado Mensalão o escándalo de las mensualidades, el Lava Jato y su esquema de lavado de dinero, llevaron al Congreso de su país a enjuiciarla por maquillar las cuentas públicas. Eso fue en el mismo año del arresto de Lula da Silva. Vueltas de la vida, Lula volvió a ser presidente y la Fiscalía archivó las denuncias contra Dilma, quien había sido apartada de su cargo en una sesión parlamentaria que, vista hoy, genera sensaciones de asombro, indignación y vergüenza. También es cierto que el mismo Partido de los Trabajadores que hoy está feliz por el regreso al poder de Lula, bastante poca atención ha puesto sobre quien fue su sucesora.
Ricardo Rosselló (Puerto Rico)
Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos y tienen sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Rosselló era un hombre con un destacado pasado deportivo y académico que en 2017 asumió como gobernador de esta isla centroamericana. En julio de 2019 se filtró a la prensa un chat de Telegram entre él y 12 de sus colaboradores, en el que a lo largo de casi 900 páginas descarga lindezas como presiones a la prensa, el uso de trolls para desacreditar a rivales políticos en las redes, lenguaje misógino (contra rivales políticas o no), irrespetuoso hacia las víctimas del huracán María, que había azotado el territorio en 2017, y homofóbico contra uno de sus más ilustres paisanos: Ricky Martin. El escándalo fue tal que se organizaron manifestaciones en su contra con cientos de miles de participantes, incluyendo artistas reconocidos como Residente, Bad Bunny y el propio Martin. A fines de ese mes, Rosselló anunció su renuncia.
Boris Johnson (Gran Bretaña)
La “grieta”, como se conoce a la mayor polarización político-partidaria, no es producto solo de estas tierras. Para el politólogo Daniel Buquet, esta exacerbación es la explicación de que en Gran Bretaña los primeros ministros duren menos que antes. El líder conservador Boris Johnson, sucedió a Theresa May en mayo de 2019 y fue ratificado en las elecciones de diciembre de ese año. Logró la concreción del Brexit y fue bastante remiso en su accionar contra el Covid-19. Su presencia en fiestas durante la pandemia, la adjudicación de contratos públicos de forma por demás turbia y —la gota que derramó el vaso— ocultar la conducta inapropiada de uno de sus principales aliados políticos, Chris Pincher (básicamente, acosó a otros dos hombres), terminaron con el poco apoyo que le quedaba. Boris Johnson anunció su renuncia el 7 de julio de 2022.
Un “caso” uruguayo
Ya parece un latiguillo o un lugar común, pero la realidad es que Uruguay tiene una estabilidad institucional muy superior al promedio de los países de la región, con las eternas excepciones de Chile y Costa Rica. Esto también se refleja en que los presidentes electos democráticamente suelen terminar su mandato, al menos desde el siglo XX hasta hoy. Quienes no lo hicieron, los colorados Tomás Berreta y Óscar Gestido, se debió a que fallecieron durante su ejercicio y fueron sustituidos por sus respectivos vicepresidentes, Luis Batlle Berres y Jorge Pacheco Areco, respectivamente.
Se podría considerar, empero, forzando, una excepción. En 1975 Uruguay vivía los peores momentos de la dictadura. Fue en ese año que el presidente de facto, Juan María Bordaberry, que había sido electo democráticamente en 1971 y para entonces encabezaba un régimen cívico-militar, propuso a las Fuerzas Armadas un nuevo orden constitucional que eliminara a los partidos políticos, que colocara a las FFAA como el sustento del nuevo gobierno, creara un Consejo Superior de la Nación, que en los hechos era un único poder, y se hiciera la consulta mediante “plebiscitos” a la ciudadanía solo en temas puntuales. Por supuesto, esto incluía postergar las elecciones de 1976 (que, de cualquier forma, no se hicieron).
Esta iniciativa totalmente alejada de cualquier atisbo de democracia, por más contradictorio que fuera dado el contexto, fue demasiado incluso para las cúpulas de las FFAA de los años de plomo. Bordaberry fue destituido no por el Parlamento (que había sido disuelto en 1973) ni por el pueblo (que no tenía posibilidad de manifestarse) sino por los militares (quienes realmente ejercían el poder) el 12 de junio de 1976. Su intención era quedarse hasta el 1o de marzo de 1977, cuando se cumplía el período indicado por la Constitución que él había contribuido a pisotear. Su lugar fue ocupado por el veterano dirigente Alberto Demicheli, quien duró menos de tres meses: se negó a firmar un Acto Institucional (remedo de decreto) enviado por la cúpula castrense.
