Las crisis bancarias de los últimos 60 años y un sistema “sólido” pero con “desafíos significativos”

En abril pasado, el BCU aprobó la transferencia de US$ 13,3 millones al Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del ex Banco Comercial, en beneficio de quienes eran sus depositantes; el dinero se obtuvo del remate judicial y la venta de diversos bienes que se encontraban embargados. A su vez, la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario (Copab) trabaja por estos días con el Poder Ejecutivo para, a corto plazo, asimilar a 50 ahorristas que tenían colocaciones en el Trade and Commerce Bank —también del Grupo Peirano— como depositantes del Banco de Montevideo (en liquidación) en los derechos de recuperación, amparados por un tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Regulación, crisis y costos

En general, cada evento de crisis bancaria registrada en los últimos 60 años presentó distintos “métodos de resolución” en simultáneo o de forma secuencial.

“El costo de las crisis ha ido aumentando a lo largo del tiempo, lo que guarda relación con las coyunturas particulares pero, fundamentalmente, con una tendencia de más largo plazo. En el caso de las crisis de 1965 y 1971, la profundidad del sistema financiero formal estaba en declive, lo que significó un menor costo en términos del PIB (Producto Interno Bruto) en comparación a las posteriores”, plantea la investigación.

El costo “para la autoridad monetaria” asociado a la resolución bancaria equivalió a 2,26% del PIB en la crisis de fines de los años sesenta, y tuvo una dimensión similar entre 1970-1976, básicamente por asistencia a bancos en liquidación.

La salida de la crisis de 1982 tuvo características distintas a las anteriores. Las operaciones de compra de carteras “significaron un importante aumento del endeudamiento externo y del déficit fiscal asociado al pago de intereses, que prácticamente no se vio contrarrestado por la posterior recuperación de dichas carteras” de crédito, señala la investigación. Estima que el costo anual promedio fue de alrededor de 7,5% del PIB y remarca que recayó “fundamentalmente en el contribuyente”.

Agrega que, de todas formas, la “extensión del sistema parabancario” —no captado en esta medición de impactos y costos— y los “numerosos vínculos de la banca con el aparato productivo (principalmente a través del comercio exterior y determinadas ramas industriales) amplificaron los problemas al resto de la estructura productiva, incidiendo también sobre la incertidumbre y la confianza de la sociedad en su conjunto”.

Acercándose en el tiempo, el estudio marca que si bien las causas de la crisis de 2002 tuvieron algunos elementos similares a la de 1982, el camino de salida fue diferente.

“El deterioro producido durante la corrida cambiaria y bancaria de los primeros siete meses del año no pudo ser contrarrestado por las constantes inyecciones de capitales realizadas por el sector público (con un intento debail-in en el Banco Comercial), lo cual condujo al cierre de las cuatro entidades más afectadas. En este punto, y con un amplio consenso dentro del sistema político, se activaron los procedimientos que cumplen con los estándares internacionales, lo cual permitió una salida sólida. Se apeló a casi todos los métodos de resolución: la separación de banco bueno y banco malo, la creación de un banco puente, la recapitalización de bancos por parte del Estado y de acreedores (cuotapartes de los bancos liquidados gestionadas por la Copab), fusiones y adquisiciones (el banco puente —el Nuevo Banco Comercial— surge de los activos buenos de los bancos quebrados)”, reseña.

Según la estimación de los autores, el costo asociado a la resolución bancaria equivalió a 9,78% del PIB.

Señalan que los costos de la crisis del 2002 “recayeron nuevamente en el sector público, con un importante aumento de la deuda pública y problemas de liquidez hacia 2003 en un contexto de fuerte concentración de vencimientos” de pagos. También los depositantes “se vieron afectados, aunque en este caso salieron con más herramientas” al utilizarse recursos de un fondo para resarcir la mayor parte de los ahorros y algunos pasaron a ser cuotapartistas de los activos de las entidades en liquidación.

El estudio recalca que las crisis más recientes “resultan mucho más perturbadoras si son analizadas a través de sus costos directos. Las modalidades de intervención en esos casos significaron un aumento directo del endeudamiento del sector público ante el alto grado de dolarización en ambos contextos, que limitaba la capacidad de financiar las intervenciones con emisión, y ante el escaso (pero presente) tenor de los bail-ins”, es decir, recapitalizaciones. “Para paliar esta situación las autoridades intentaron mantener a flote las entidades, teniendo más éxito luego de 2002”.

“Desafíos significativos”

A modo de conclusión, los investigadores afirman que, “a pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos. La dolarización de la economía y la alta exposición a shocks externos siguen siendo puntos críticos de vulnerabilidad. Las reformas regulatorias han avanzado en la dirección correcta, pero es necesario continuar evaluando y ajustando las políticas para adaptarse a un entorno financiero global en constante cambio”.

Como “aspectos positivos”, mencionan que si bien los costos de las crisis fueron aumentando a lo largo del tiempo, “podría afirmarse que Uruguay se ha plegado cada vez más a las buenas prácticas a nivel internacional a partir de 2002, lo que ha permitido una recuperación fuerte y un sistema financiero sólido en el presente, junto a la gestión de la deuda externa y de la política cambiaria”. En ese sentido, señalan que la tecnificación de los procedimientos, ilustrada en la acción de la Copab y de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, dio lugar a un sistema “más transparente, con mayor resiliencia frente a shocks adversos, y con superiores capacidades de contribuir al desarrollo de la economía a través de los canales crediticios y de la gestión eficiente de la cadena de pagos”.

Según una estimación contrafactual que forma parte de la investigación de Presa, Siniscalchi y Willebald, aplicar las condiciones del seguro de depósitos hoy vigente (que garantiza un máximo de US$ 10.000 para los depósitos en moneda extranjera y hasta 250.000 unidades indexadas para aquellos nominados en moneda nacional) habría representado unos 6,49 puntos porcentuales del valor promedio del PIB entre 1982 y 1986, y unos 3,69 puntos si se hubiera desplegado esa cobertura en la crisis del 2002.

Desde 2008, la Copab es la institución que asegura los depósitos bancarios en Uruguay. Además, está a cargo del proceso de resolución bancaria (intervención, búsqueda y aplicación de procedimientos de solución, así como liquidación) de las instituciones de intermediación financiera que entren en crisis.