“No tiene sentido que las regulaciones limiten lo que la tecnología puede ofrecer”, dice representante de empresas de telecomunicaciones

El gobierno había revocado el permiso para que Claro diera ese servicio, pero la empresa acudió a la Justicia y ganó. Las empresas de televisión para abonados que operan en Uruguay presentaron recursos para hacer caer la autorización con el argumento de que si grandes multinacionales ingresan en ese mercado, las empresas nacionales pueden desaparecer.

Ahciet es una organización privada integrada por más de 50 empresas de América Latina, entre las que están la estatal uruguaya Antel y la española Telefónica (Movistar), dos de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan en Uruguay. Claro también la integraba pero la abandonó en los últimos meses.

—¿Qué objetivo tiene la asociación en esta conferencia?

—El énfasis fundamental que hemos planteado tiene que ver con cómo se generan las condiciones en América Latina para estimular la inversión en redes de telecomunicaciones como un factor fundamental para el cierre de la brecha digital. En muchos casos son los propios gobiernos los que ponen en la práctica barreras o encarecen el despliegue de infraestructura, y por tanto es urgente en América Latina que hagamos una reflexión tanto del ámbito público como del privado acerca de cuáles son estos aspectos que tienden a inhibir la inversión, que tienden a dificultar el despliegue de redes y que son los factores fundamentales que mantienen la existencia de esta brecha digital.

—En Uruguay muchas obras de infraestructura las realiza el Estado, así como la universalización de los servicios. ¿Cómo ve el rol del Estado en este caso?

—En América Latina y en el mundo hay modelos más de libre mercado y modelos más intervencionistas. Lo fundamental es que hay que ser muy pragmáticos: en primer lugar, que exista una convicción política del más alto nivel respecto de la relevancia de las tecnologías de la información. Que exista un sentido de urgencia en la necesidad de avanzar para cerrar las brechas con los países más desarrollados. Si esto se hace a través de mecanismos más competitivos o se hace a través del instrumento estatal, eso es una materia que tiene que definir cada país. Hay modelos exitosos de diversa naturaleza. En Chile hay un modelo de competencia sin operador público en las redes alámbricas e inalámbricas y en mi opinión ese modelo ha funcionado positivamente en generar más cobertura, más inversión y una reducción importante de precios. Pero cada país tiene que analizar cuáles son las mejores oportunidades y finalmente es una decisión democrática y soberana de cada Estado. Lo que hay que tener claro es que estamos contra el tiempo, que es indispensable dar el salto hacia la cuarta generación. En principio uno tiende a pensar que para lograrlo, mientras uno pueda sumar más actores dispuestos a invertir, tanto mejor. Si esos actores son públicos o privados, bienvenidos sean, pero que se sume inversión, no que se genere por algún tipo de condición un efecto por el cual sólo puede haber un tipo de inversión.

—Hace un año usted decía que el de Uruguay es un caso de “éxito” pero reclamaba más “equilibrio” entre los operadores y que el país se adaptara al cambio tecnológico. ¿Cómo lo ve ahora?

—Yo creo que no hubo grandes cambios. Vemos a un gobierno que en principio es proactivo y tiene clara la relevancia estratégica de las tecnologías de la información. Uruguay tiene un modelo particular en el cual hay segmentaciones en distintos ámbitos. Creemos que el ámbito de las redes inalámbricas, por ejemplo, es el que se ha desarrollado en forma más acelerada en los últimos años; de alguna manera se da cuenta de los beneficios de tener estos diversos actores invirtiendo y generando competencia, mejorando la calidad de servicio. Es muy importante que todos los actores puedan acceder al espectro en cierta igualdad de condiciones, que puedan todos desarrollar servicios avanzados. Lo que no tiene sentido es que las regulaciones limiten lo que la tecnología hoy día puede ofrecer a las personas. Y en el ámbito de las tecnologías inalámbricas, por ejemplo, hay muchísimo espacio para avanzar en América Latina en lo que es la cuarta generación.

—¿Cómo debería avanzar Uruguay en ese sentido?

—Hay que ir viendo cuáles son los resultados, cuál es la calidad de servicio que se puede ofrecer. Uruguay tiene una particularidad muy positiva que lo diferencia del resto de los países de América Latina, y es que es un país pequeño con una geografía que no es extremadamente compleja y con una población altísimamente concentrada en Montevideo, lo que facilita los despliegues de infraestructura, que no requieren grandes volúmenes de inversión para poder cubrir todo el país. Por eso el modelo uruguayo no es un modelo replicable necesariamente. En Chile, con una geografía compleja, necesitas tener múltiples actores compitiendo. Cada país tiene su naturaleza y finalmente hay un tema ahí de decisión soberana. Es positivo que se haya ido abriendo el mercado de la televisión de pago, con una oferta de servicios más alta disponible para los ciudadanos, y tarde o temprano la diferencia entre lo que es alámbrico y lo que no pasará a ser bastante secundaria y el mercado tenderá a ser uno solo y yo no veo que sea sostenible en el mediano plazo que existan monopolios parciales en el mercado de telecomunicaciones. Lo que la regulación no debería hacer es restringir lo que la tecnología puede ofrecer en beneficio de los ciudadanos.

—Recientemente la empresa Claro ganó un litigio para poder ofrecer TV satelital, aunque se prevé que el gobierno limite la posibilidad de que ofrezca ese servicio. ¿Cuánta apertura cree que debería posibilitar la regulación?

—Sin duda la mayor posible. La tendencia de los últimos cinco años es de un proceso muy acelerado de convergencia, que es la posibilidad de dar múltiples servicios con tecnologías distintas en soluciones que son más favorables para las personas, que son soluciones empaquetadas, multiservicio, que permiten generar ahorros. En principio no entiendo el porqué, cuando no hay recursos escasos involucrados —como en el caso del espectro radioeléctrico—, deba haber algún tipo de limitación para que las empresas puedan desarrollar servicios en un entorno competitivo. En el caso de la televisión de pago, que no usa ningún elemento que sea escaso, que no es un servicio estratégico, no veo ninguna razón por la cual haya restricciones para que ese mercado se pueda desarrollar.

—Los operadores de TV para abonados consideran que las multinacionales podrían apoderarse del mercado y hacer desaparecer a la competencia.

—Uno puede tener precaución respecto a la competencia, si hay temor respecto de la concentración. Lo que ha ocurrido en América Latina y el mundo en general es que se ha producido una concentración en términos de los operadores de televisión, que han aprovechado la infraestructura de cable para dar servicios de telecomunicaciones. En Chile hay una competencia importante de redes alámbricas porque las empresas de cable dan datos y telefonía. Pero en el ámbito de la televisión uno no ve ninguna evidencia ni justificación técnica para limitar la entrada de actores en el mercado de la televisión. Y si eso se traduce en un proceso de concentración, esa concentración, en la medida en que sea beneficiosa, no genera ningún problema de competencia. Lo que se debe evitar es que haya un monopolio o un oligopolio de acceso a los contenidos y que exista algún tipo de integración vertical entre los contenidos y los cableros. En la medida en que eso se regule y se establezcan mecanismos de protección de la competencia, cuesta entender que haya un debate en el siglo XXI respecto de limitar el acceso al mercado. Ese debate no es común en ningún país del mundo. Y espero que el fallo se mantenga firme y que ese sea el camino, en el cual puedan haber alternativas diversas en el acceso a los contenidos televisivos. Y que si no es así, que finalmente sea una decisión como la que ocurrió en el caso del monopolio de las telecomunicaciones, que sea una decisión plebiscitada. Una intervención tan fuerte en un mercado que no lo requiere amerita otro nivel de discusión política.