El viernes 15 de junio la problemática gestión de Leadgate en Pluna llegó a su fin. Luego de semanas de ardua negociación, los ministros de Economía y Transporte, Fernando Lorenzo y Enrique Pintado, lograron que la Sociedad Aeronáutica Oriental (SAO) —integrada por Leadgate con el 67% de las acciones y Jazz con el 33%— transfiriera sus acciones a un fideicomiso y se apartara así del negocio “sin recibir precio alguno”.
Si bien no cobró por dejar sus acciones, el grupo que encabezaba el empresario argentino Matías Campiani sí recibió algo a cambio de su alejamiento: lograron que el Estado y Pluna Ente Autónomo se comprometieran a “no promover reclamación de ninguna especie” contra ellos y también a garantizarles indemnidad ante “cualquier reclamación de terceros”.
Esa cláusula, que se firmó “para precipitar la salida de alguien que no estaba en condiciones de sostener la empresa”, según afirmó Lorenzo ayer, miércoles 25, durante una charla en el auditorio del World Trade Center, puede hacer que los directores de Pluna Ente Autónomo sean objeto de múltiples reclamos de acreedores que se vieron perjudicados por el cierre la aerolínea.
Además, fuentes cercanas a la investigación dijeron a Búsqueda que en los próximos días la Justicia comenzará a citar a los directores estatales y a los gerentes de Pluna en el marco de la denuncia penal que presentaron legisladores del Partido Nacional, quienes ya declararon y ratificaron la acción.
Según los informantes, el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos esperan recibir esta semana la documentación que habían solicitado, entre la que se encuentran las actas de discusión parlamentaria sobre el tema y los antecedentes judiciales. Luego los magistrados comenzarán a citar personas para interrogar. Está previsto que primero comparezcan los directores y gerentes de la empresa pero después lo harán también los dirigentes políticos vinculados a la decisión de asociar al Estado con Leadgate. “Todos los que tengan alguna participación o algo para decir sobre el tema serán escuchados”, dijo a Búsqueda una de las fuentes, resumiendo cuál es el espíritu de los magistrados en el caso.
Acreedores.
Un análisis realizado por Bernardo Porras, socio senior del estudio jurídico Hughes & Hughes, concluye que “las posibilidades de los acreedores de cobrar en el concurso de Pluna serán incluso más escasas que las que se verifican en forma regular en estos procedimientos”. Ante ese escenario, el especialista entiende que los acreedores deben apoyarse en dos caminos para recuperar parte de su dinero.
El primero apunta a la responsabilidad por la aprobación de la ley 18.931 que “extrae del patrimonio de Pluna las aeronaves, desarticulando la empresa y eliminando la posibilidad de una adquisición de la empresa en bloque”. Esa desarticulación se ve agravada por la posibilidad que prevé la ley de negociar los permisos de vuelo “por fuera del concurso judicial”, que además está condicionada a que el comprador de los aviones “asuma pasivos de Pluna solo si estos son garantizados por el Estado”.
“Si la venta en bloque —el gran aporte de la legislación concursal aprobada en 2008— es, como se anunció hasta el cansancio, un mecanismo que favorece la recuperación del crédito en la medida que mantiene el valor de la unidad productiva, la presente ley es todo lo contrario”, cuestiona el informe.
“No es correcto que el Estado utilice la ley para mejorar su propia exposición a la crisis de Pluna mediante el mecanismo de que otros acreedores vean, a su turno, agravada la suya”, agrega.
El otro camino judicial que propone es dirigir el reclamo a los directores de la empresa. Ellos, señala el análisis, de acuerdo a la ley de concursos debieron “comunicar sus dificultades económicas a la Justicia dentro de los 30 días de conocer su estado de insolvencia”. Al no hacerlo incumplieron “con el sistema de alertas tempranas” y actuaron con “impericia, negligencia e imprudencia” por lo que recae sobre ellos “responsabilidad civil”.
Esa responsabilidad les cabe tanto a los representantes estatales que integraban el Directorio de Pluna SA, como a los del accionista mayoritario SAO. Pero, según señala el informe, ante reclamos dirigidos a los directores del viejo socio privado “podrán citar en garantía al Estado y Pluna Ente Autónomo para que respondan”, en base al compromiso de indemnidad.
Consultado por Búsqueda, Porras dijo que no son “caminos excluyentes” sino que ambos pueden incluirse en una misma causa. En su opinión, los acreedores que se vean perjudicados pueden “iniciar una acción judicial contra el Estado” por el monto total que le adeudaba Pluna.
Un grupo de aproximadamente 2.000 pasajeros que se vieron perjudicados por el cierre de Pluna anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el gobierno, según publicó “El País”, y que iniciará denuncias penales contra los directores estatales por “apropiación indebida”, de acuerdo a lo que informó “UNoticias”.
Para Porras esos caminos son “poco prácticos” y “no obligan al pago de nada”. El abogado considera que los perjudicados deberían iniciar juicios civiles para obtener una compensación.
Un exceso injusto.
Al margen de la posibilidad de reclamos civiles, los representantes estatales que integraron el Directorio de Pluna SA tras la salida de SAO recibieron esta semana otra amarga noticia. El martes 24 “El País” informó que la jueza de feria del Juzgado de Concurso, Beatriz Tomasino, les prohibió “cambiar de domicilio y/o salir del país sin la previa autorización del Tribunal”.
La resolución abarca al asesor legal de Pluna Ente Autónomo, Marcelo Alonso, sus tres directores, Fernando Pasadores, Ignacio Berti y Daniel Delgado, y los directores de Secretaría de los Ministerios de Transporte y de Economía, Pablo Ferrer y Pedro Apezteguía.
Pasadores, que calificó como “un exceso” la medida tomada por Tomasino, informó a Búsqueda que recurrieron la resolución y esperan ahora por una respuesta.
“Es injusto porque este Directorio asumió hace pocos días y cumplió al pie de la letra con la ley de concursos”, criticó.
Otra fuente de Pluna también manifestó su molestia: “A los directores que estuvieron solo 20 días en la gestión les aplican una medida de este tipo y a los directores que llevaron la gestión durante cinco años nada”, se quejó.
“Dividido”.
En febrero de 2011 la empresa BQB pidió operar las 17 frecuencias del puente aéreo que estaban libres ya que Pluna tenía autorizadas 43 de las 60 semanales que le corresponden a Uruguay por convenio bilateral pero su pedido fue rechazado.
Ante el cese de operaciones de Pluna y su entrada en concurso, BQB reiteró su pedido de operar las frecuencias del puente aéreo que estén libres. La Junta Aeronáutica trató el tema el jueves pero hubo opiniones divididas por lo que se designó a un grupo de expertos para que emitan su opinión este jueves 26 en sesión extraordinaria.
Si bien hay un debate jurídico entre si se puede reservar las rutas de Pluna para que sean materia de negociación —como lo establece la ley aprobada la semana pasada— o si los permisos deben revocarse al entrar en liquidación la aerolínea, el debate del grupo asesor se centra en “cuántas frecuencias tenía autorizadas Pluna”.
Según relató una fuente de la Junta “no estaba claro cuántas frecuencias tenía Pluna porque algunas las tenía autorizadas y otras las operaba de hecho para que no se metiera otro operador”. La fuente explicó que en caso de que se considere que la aerolínea no tenía autorizadas las 60 frecuencias “quiere decir que hay otras que están libres y no entrarían en la reserva que establece la ley”.
Según dijeron distintas fuentes a Búsqueda, hay opiniones “divididas” entre el grupo de juristas por lo que sería difícil alcanzar un consenso. Hoy, jueves 26, al mediodía el grupo de trabajo conformado deberá dar su opinión en la sesión extraordinaria de la Junta.
Desarrollo
2012-07-26T00:00:00
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