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Un “aumento sensible” de la violencia física contra los periodistas, un mayor número de procesamientos de cronistas por dar a conocer cierto tipo de noticias, además de la estigmatización por parte de varios gobiernos latinoamericanos de medios y periodistas críticos, constituyen los hechos más preocupantes destacados en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La Relatoría es una oficina creada en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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En su informe 2012, la Relatoría destacó los avances que se registraron en el continente. Así manifestó su “satisfacción” por la aprobación de leyes en materia de acceso a la información así como “el impulso de las investigaciones y procesos judiciales que han logrado esclarecer la responsabilidad de crímenes cometidos contra periodistas en años previos”.
No obstante, sobre este aspecto advirtió que “la mayoría de estos delitos permanecen en situación de preocupante impunidad”.
La Relatoría señaló también “los avances en materia judicial o legislativa, como la derogatoria de leyes de desacato o de disposiciones penales que permitían enjuiciar a periodistas por la publicación de información de interés público que pudiere ofender a las autoridades”.
Sin perjuicio de estos reconocimientos, que suponen avances, la Relatoría dio cuenta de otros elementos preocupantes. En primer lugar “el sensible aumento de la violencia” contra los periodistas asociada al ejercicio de su profesión.
Según la información que maneja el organismo, “al menos 26 personas habrían sido asesinadas en la región y varias más habrían sido desaparecidas o desplazadas de sus lugares de trabajo, por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”
“A estos lamentables hechos se sumaron decenas de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios”, agrega el informe.
Asimismo, la Relatoría Especial encontró que en varios Estados miembro, en particular en Ecuador, se registró “un aumento significativo” de periodistas procesados penalmente “luego de haber difundido informaciones u opiniones sobre asuntos de marcado interés público”.
También alertó de que aún existen “normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática”.
Estigmas.
“Al aumento de los procesos contra periodistas se suma, en algunos Estados de la región, un preocupante clima de polarización que ha conducido a estigmatizar tanto a periodistas críticos como a medios de comunicación comerciales y comunitarios, por parte de altos funcionarios públicos”, prosigue el informe.
En este aspecto la Relatoría informó que continuaron las declaraciones de “altas autoridades estatales” que descalificaron la labor periodística acusándolos de actos ilícitos “con fundamento en la línea editorial del medio o periodista”.
“Resulta particularmente preocupante —agregó el informe— que, en algunos de estos casos, a tales declaraciones les hayan seguido actos violentos o la apertura de procedimientos disciplinarios que amenazarían con el retiro de las concesiones, permisos o licencias de funcionamiento de los medios de comunicación críticos”.
Ante estas situaciones exhortó a sus Estados miembros a tomar medidas para evitar que aumente la violencia contra los periodistas así como las declaraciones de los funcionarios hostigando a los medios.
Tres países.
Tres de los países a los que la Relatoría les dedica más tiempo y análisis debido a su complicada situación en materia de libertad de expresión son Argentina, Ecuador y Venezuela.
Al referirse al caso argentino, la Relatoría alertó sobre “graves amenazas y agresiones cometidas en contra de periodistas y comunicadores sociales” durante 2012. El informe refiere más de media docena de ataques físicos y otras tantas amenazas verbales además de detenciones contra periodistas en las provincias argentinas.
Sobre el constante enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el multimedio Clarín señaló que “la existencia de un contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”.
“Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal (...) también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados”, añadió.
En cuanto a Ecuador, la Relatoría Especial hizo varias observaciones respecto a modificaciones legales que atentan contra la libertad de expresión. En particular el organismo “observa con preocupación algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, publicada el 6 de febrero de 2012, que podrían resultar en limitaciones desproporcionadas a la libertad de expresión”.
El informe sobre Venezuela se hizo en medio de la campaña electoral en ese país. “La CIDH expresa su preocupación por las agresiones reportadas contra medios y periodistas en Venezuela, así como por la falta de investigaciones y sanciones a los responsables”, agregó, tras lo cual refirió a varias decenas de ataques físicos y otros tantos verbales a periodistas en todo el país caribeño.
Estos ataques se incrementaron durante el proceso electoral, indicó la Relatoría. Ante esto dio cuenta al gobierno venezolano que “la CIDH continúa advirtiendo un agudo clima de polarización que dificulta, y en muchos casos impide, que los periodistas puedan realizar su trabajo de informar adecuadamente a la sociedad”.
