Consejo advierte que el “estancamiento” económico podría seguir en 2026 y alerta sobre riesgos fiscales

El CFA —un organismo de carácter técnico e independiente integrado por los economistas Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós— señala “riesgos de deterioro del déficit estructural en el corto plazo y advierte sobre la posibilidad de incumplimiento de la meta establecida para 2026 en ausencia de medidas compensatorias”.

“Los riesgos de sobreestimación del crecimiento en las proyecciones quinquenales” advertidos en anteriores informes “se estarían materializando, al menos en el corto plazo”, subraya.

Los efectos de la desinflación

En segundo lugar, según el CFA, al igual que en 2023 y 2024, una inflación y un tipo de cambio real menores a los previstos en la instancia presupuestal podrían “reducir aún más el valor de las bases imponibles y, por esa vía, moderar el crecimiento de los ingresos estructurales, al tiempo que incrementarían el valor real de los gastos indexados” —como pasividades y remuneraciones—, lo que afectaría de manera adversa el resultado estructural.

A efectos de cuantificar estos impactos de precios sobre la recaudación, el CFA realizó un ejercicio con indexadores específicos para cada impuesto, incorporando tanto la menor inflación proyectada como la evolución del tipo de cambio y de los precios relevantes para las distintas bases imponibles. Así, constató que el deflactor implícito de la recaudación podría ubicarse entre 2% y 3%, por debajo del supuesto por el Ministerio de Economía para 2026 (entre 4,5% y 5,5% neto de los ajustes tributarios).

A su vez, señala que la indexación a la inflación pasada en las pasividades y los salarios públicos “introduce una asimetría en un contexto de desinflación”, lo que impacta en un mayor crecimiento real del gasto. El CFA menciona un ejemplo: al inicio de este año las jubilaciones y las pensiones tuvieron un incremento nominal promedio de 6%, consistente con una inflación proyectada por el gobierno de 4,1%, lo cual implicaba un aumento real cercano a 1,9%. “Sin embargo, si la inflación promedio efectiva se ubicara en torno a 3,85%, como proyecta el Comité de Expertos, el incremento real ex post ascendería aproximadamente a 2,2%”. Algo similar ocurre con los salarios públicos, que se ajustaron en enero conforme a la meta inflacionaria de 4,5%.

Recomendación de ajuste

Dado todo lo anterior, el consejo destaca la “necesidad de monitorear estrechamente los posibles desvíos que se vayan generando con respecto a los flujos fiscales presupuestados y de prever medidas compensatorias de ajuste en cuanto sean necesarias” para evitar un incumplimiento de la meta del resultado estructural en el primer año de la nueva regla, “reforzar la credibilidad” del nuevo marco fiscal y “acotar los costos de un eventual ajuste más abrupto en el futuro”.

En el párrafo siguiente, en el informe insta a las autoridades a actuar “oportunamente” este mismo año “por la posición estructural de las finanzas públicas caracterizadas por un resultado estructural que se habrá ubicado por tres años consecutivos en torno al 4%” del PIB —en 2024, 2025 y 2026—, “la postergación del ajuste hacia la segunda mitad del período de gobierno y cierta incertidumbre asociada a la mejora fiscal programada a partir de 2027, la cual descansa exclusivamente en mayores ingresos estructurales derivados de modificaciones tributarias y de mejoras en la eficiencia recaudatoria”. En ese sentido, el CFA entiende que las eventuales medidas para corregir la trayectoria “deberían priorizar el ajuste de gastos discrecionales”.

Advierte además que un déficit estructural del orden de 4% del PIB es “incompatible” con la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo; “la persistencia de un desbalance de esta magnitud constituye, por tanto, un motivo de preocupación”.

Con relación a la Rendición de Cuentas del 2025 a presentarse en junio próximo, el consejo afirma que, “dados los riesgos asociados al proceso de consolidación fiscal a partir de 2027 en la magnitud presupuestada, es especialmente importante que la gestión fiscal de 2026 sea de particular cautela” y se aparte de la “dinámica predominantemente expansiva del gasto” que históricamente tienen esas instancias presupuestales. Agrega: “La incorporación de nuevos compromisos de gasto permanente para los próximos ejercicios, que se sumarían a los ya estipulados en el Presupuesto Nacional, no contaría con márgenes fiscales que la respalden, a no ser que sean compensados con reducción de otros gastos estructurales y/o aumentos de ingresos”.

Entrevistado por Búsqueda en enero, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, deslizó que la próxima rendición no incorporaría gasto extra: “Me anticiparía a decir que nadie debería estar haciendo cuentas, pensando que en la Rendición de Cuentas de 2026 va a haber recursos adicionales de lo que está previsto”.

Como otro factor a atender, el CFA menciona que en 2026 culminará el proceso de Diálogo Social sobre Seguridad Social convocado por el gobierno para proponer modificaciones al sistema. En su informe advierte por “la importancia de un abordaje estructural que tenga en cuenta que las expansiones de cobertura o prestaciones sociales sin financiamiento permanente podrían implicar un deterioro persistente del resultado estructural en el corto y mediano plazo, en un escenario fiscal sin holguras y con riesgos a la baja”.

Con la aprobación de la Ley de Presupuesto 2025-2029, a partir de 2026 el marco fiscal eliminó el pilar relativo al ritmo de incremento del gasto real y adoptó una regla dual, con metas para el resultado estructural de corto plazo asociadas a un ancla de deuda neta de mediano plazo y un tope legal de endeudamiento neto del gobierno central expresado en unidades indexadas. Complementariamente, se incorporó una regla prudencial específica para la inversión pública vinculada a proyectos de infraestructura que impliquen compromisos de pago futuro.