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    Avanza el “atropello” a la libertad de prensa y periodistas de Nicaragua

    El gobierno de Daniel Ortega actúa sin disimulo. El 22 de diciembre, sus fuerzas de seguridad llegaron a las oficinas del canal 100% Noticias, crítico de la gestión del presidente, y se llevaron detenidas a sus autoridades. Y, por si no quedaba claro el talante del gobierno, tapiaron el ingreso al edificio con láminas de zinc.

    El episodio en 100% Noticias refleja la crisis institucional en la que está inmersa Nicaragua, cuyo gobierno, según varios organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, incurre en “constantes violaciones” a los derechos humanos, con represión a ciudadanos, detenciones arbitrarias y juicios sumarios.

    La crisis actual comenzó a principios de abril, cuando las protestas populares por una posible reforma de la “ley de seguridad social” fueron reprimidas brutalmente por el régimen de Ortega, con decenas de muertos y encarcelados. Ese fue solo el comienzo de una ola de violencia que no ha parado, según los organismos.

    Los ataques y hostigamientos escalaron a lo largo del 2018 y provocaron denuncias de varios organismos internacionales. El jueves 10, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que denuncia “el debilitamiento del Estado de Derecho ante la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril”.

    “La CIDH advierte que la grave crisis de derechos humanos en el país se ha extendido por más de ocho meses debido a la instalación de facto de un Estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno, el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, así como a la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos”, dice la declaración.

    Estos factores, sostiene la CIDH, “perpetúan la impunidad de las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la represión estatal a las protestas que resultaron en la muerte de 325 personas y más de 2.000 heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; el despido de 300 profesionales de la salud y en la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”.

    Para la CIDH, “se ha generado un estado policial que busca acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos en el país a través de medidas adoptadas por la Policía Nacional para calificar las manifestaciones públicas como ilegales”.

    Arrestos y condenas

    Junto con la CIDH, varias otras organizaciones de la sociedad civil condenaron la actitud del Estado nicaragüense, en particular con los medios y periodistas.

    Uno de los hechos más cuestionados fue el arresto del presidente de 100% Noticias, Miguel Mora, bajo la acusación de conspiración.

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró la acción como “un grave atropello contra las libertades de expresión y de prensa”.

    La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, expresó que “el régimen orteguista muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país”. Domínguez, directora del diario El País de Cali, Colombia, exigió la liberación inmediata del director de 100 % Noticias y de los demás periodistas y trabajadores del medio.

    Además de Mora, fueron arrestados su esposa, Verónica Chávez, la jefa de prensa del canal, Lucía Pineda Ubau, el controlista Gustavo Cerna, un camarógrafo y el conductor Joseph Hernández. Chávez fue liberada horas más tardes. Los policías cortaron la señal del canal y sellaron los accesos a las instalaciones con láminas de zinc. Uno de los delitos de los que se acusa a Mora y Pineda es de “terrorismo”.

    “El gobierno del presidente Daniel Ortega, hundido en el autoritarismo, emprende una escalada represiva muy preocupante”, alertó al respecto de este caso la Oficina en América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

    Para RSF, “cubrir lo que acontece con la oposición política no puede en ningún caso ser considerado un acto de terrorismo. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau no tienen por qué estar tras las rejas, las acusaciones presentadas en su contra son absurdas e infundadas. Deben ser puestos en libertad cuanto antes”.

    Debido a la intensificación de la censura y de los ataques de las autoridades nicaragüenses contra los medios de comunicación independientes registrada desde noviembre, a principios de diciembre RSF pidió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que interviniera ante Ortega para que, lo antes posible, vuelva a respetarse la libertad de prensa en Nicaragua.

    Desde el Comité Para la Protección de los Periodistas, (CPJ, por su sigla en inglés) también condenaron el hecho: “El asalto a 100% Noticias es una escalada inaceptable de la ola de represión del gobierno nicaragüense contra los medios independientes del país”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.

    Una semana antes del ataque a 100% Noticias, la policía antimotines había allanado las oficinas en Managua del sitio web independiente de noticias Confidencial y de dos programas de televisión, todos ellos dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, y confiscaron equipos y documentos.

    “Estos son solo los actos hostiles más recientes que rematan un año en el que se registraron decenas de asaltos a los medios de comunicación, incluido el ataque incendiario a Radio Darío en León el 20 de abril, y la muerte el 21 de abril del reportero Ángel Eduardo Gahona, asesinado a tiros frente a la cámara mientras informaba sobre las protestas en Bluefields”, sostiene el CPJ, quien a su vez el 7 de enero le envió una carta abierta a Ortega firmada por más de 200 periodistas de todo el mundo en la que reclaman la liberación de los reporteros presos.

    “La reciente expulsión de dos organismos de monitoreo independientes establecidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el día anterior de la publicación de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas de la primavera pasada, es otro ejemplo perturbador de la indiferencia de su gobierno a la transparencia y las normas internacionales de los derechos humanos”, añade el CPJ.

    2019-01-17T00:00:00

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