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El año 2013 contabilizó la mayor cantidad de casos de censura y autocensura en Ecuador: el último año fueron 13 casos, mientras que en 2012 se reportaron siete, en 2011 cinco, en 2010 dos y en 2009 y 2008 no hubo ninguno.
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“Esto evidencia la sistemática política aplicada desde quienes ejercen el poder y otras esferas de la sociedad para impedir que cierto tipo de información se dé a conocer a la luz pública”, dice el informe de la organización no gubernamental ecuatoriana Fundamedios.
Fundamedios marcó que “los primeros indicios de autocensura en los medios, y los primeros casos reportados de censura previa en 2013, empezaron en enero en el marco de la campaña electoral” que culminaría con la reelección del presidente Rafael Correa para un tercer período.
Según la organización, en el aumento de casos influyó la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica Electoral de Ecuador, conocida como “Código de la Democracia”, que estableció restricciones para el trabajo periodístico de cara a la campaña electoral de 2013.
La norma “prohíbe a la prensa publicar mensajes que incidan a favor o en contra de un candidato” y “permite realizar cierta publicidad oficial durante la campaña”, lo cual fue ampliamente criticado por gremios y organizaciones de periodistas que cuestionaron dicha ley por inconstitucional al considerar que restringe su labor.
Ante esta situación, el 30 de enero de 2013 se dio el primer caso de censura, cuando el diario “El Universo” publicó una carta del presidente Correa en la que le exigía al medio disculparse públicamente por una caricatura publicada una semana antes que, “a criterio de los candidatos, representaba una manifestación injuriosa”.
La caricatura refería a supuestos plagios que allegados al presidente comentaron públicamente, pero Correa, amparado en la nueva norma, solicitó que el medio se retractara de lo publicado.
Otro de los casos de censura relatados por Fundamedios data del 25 de febrero, cuando “personas no identificadas impidieron la circulación del periódico ‘El Diario’ mediante una compra forzada que pretendía evitar la difusión de una noticia relacionada a un caso de incautación de droga”. Unos 500 ejemplares, que representan el 2,5% de la circulación total del periódico, fueron comprados, según la Policía, por familiares de uno de los detenidos en dicha circunstancia.
El último caso registrado el año anterior ocurrió el 6 de diciembre cuando “el secretario de comunicación, Fernando Alvarado, ordenó a través de un oficio a los medios de comunicación ‘abstenerse de reproducir’ un spot televisivo contratado por el Municipio de Guayaquil sobre su versión de las agresiones de la fuerza pública ante los desalojos que realiza el gobierno en Monte Sinaí”. Alvarado —uno de los ideólogos principales del control del flujo informativo que aplica el régimen de Correa— manifestó que el video contenía “montajes que no corresponden a la realidad y atentan contra la verdad”.
En este sentido, Fundamedios indicó en su informe que “la autocensura en los medios” es “un fenómeno silencioso que está presente”.
“Un cerco legal restrictivo que muchas veces es utilizado como un instrumento para amenazar a medios y periodistas, sumado a actos de intimidación o acoso y hasta agresiones en redes sociales o en las calles, construyen una cultura de temor que termina por calar en los periodistas, quienes ante el miedo o la incertidumbre, optan por autocensurarse”, concluyó el documento.
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