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El gobierno espera que Donald Trump haga “reevaluación” de los aranceles para Uruguay si aprueba ley
El Ministerio de Economía aclaró que el 77,5% de las importaciones de EE.UU. de productos uruguayos están exceptuados de la nueva tarifa de 12,5%
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026.
El gobierno espera que, con la aprobación de la prohibición de la importación a Uruguay de productos elaborados utilizando trabajo forzoso o infantil —incluida en el proyecto de competitividad y reducción del costo de vida enviado al Parlamento—, la administración de Donald Trump revea el arancel de 12,5% aplicado desde este viernes a ciertas mercaderías uruguayas a su ingreso al mercado estadounidense.
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En un comunicado emitido hoy, el Ministerio de Economía (MEF) indicó que el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) impuso nuevas acciones en el marco de investigaciones realizadas conforme a la Sección 301 a 60 países, entre los cuales se encuentra Uruguay. El texto de la sentencia, divulgado este jueves 23, establece que Uruguay pasará de 10% a 12,5% en algunos productos.
El MEF aclara que el 77,5% de las importaciones de EE.UU. de productos uruguayos están exceptuados de la nueva tarifa. Los principales bienes excluidos son: carne bovina, pasta de celulosa, madera y naranjas, entre otros. Por otro lado, los productos que se ven afectados son el sebo bovino, químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel.
En 2025, las exportaciones de Uruguay al mercado estadounidense totalizaron US$ 1.586 millones. De ese monto, US$ 1.229 millones “hubieran quedado exceptuados de la carga arancelaria, mientras que US$ 357 millones (22,5% del total) hubieran sido alcanzados por el nuevo arancel del 12,5%” puesto en vigor ahora, señala.
“Sin embargo, el gobierno continuará trabajando para suavizar el impacto de los productos afectados", dice el comunicado. Agrega que en el marco del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, el Poder Ejecutivo "incorporó un artículo que prohíbe la importación de productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil. De aprobarse esta iniciativa, Uruguay podrá solicitar una reevaluación de su caso de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos” (USTR, por sus siglas en inglés).
En junio, cuando estaba latente la posibilidad de que el gobierno de Trump impusiera estos aranceles, el director de la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, había destacado a Búsqueda el artículo introducido en el proyecto de competitividad: “Ahora, lo que estamos haciendo es creando la normativa y veremos si está aprobado para cuando Estados Unidos tome la determinación, como un paso en la dirección correcta”.
Antes, en abril, el jerarca había señalado también entrevistado por Búsqueda: “Es bastante evidente que Uruguay es de los países del mundo mejor evaluados en materia de que no hay gran utilización de trabajo forzoso ni trabajo infantil, y que, cuando uno evalúa el comercio y lo compara con la lista que tiene de forma pública Estados Unidos con respecto a los productos y países que utilizan trabajo forzoso y trabajo infantil para producirse, Uruguay no compra esos productos. Es cierto que no existe (en Uruguay) una ley que prohíba importar esos productos, pero ese comercio no está sucediendo”.
“Habrá que analizar para cada producto afectado cómo queda respecto a su competencia”, comentó a Búsqueda la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Margarita Varela.
Nueva fase de la guerra comercial
A partir de este viernes Washington aplica nuevos aranceles de un mínimo del 10% a más de 80 países. El gobierno de Trump indicó que los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso y vendrían a reemplazar el arancel global del 10%.
La administración estadounidense justifica las nuevas tarifas diciendo que son para combatir el trabajo forzado y las prácticas comerciales injustas. En ese sentido, los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso se les aplicó un arancel del 10%, mientras que a aquellos sin dicha normativa se les impuso uno del 12,5%.
Este tipo impuesto es más difíciles de rebatir por los países afectados, pues de acuerdo a la normativa, sucedería lo mismo que con los gravámenes que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a EE.UU. de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.
Las nuevas tasas entraron en vigor al vencer el plazo de 150 días para la imposición de los aranceles anteriores que no tenían la aprobación del Congreso y fueron valorados ilegales por la Corte Suprema de Justicia.
Estos nuevos gravámenes se fundamentan en una disposición de la legislación comercial conocida como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Además, pueden mantenerse indefinidamente y ser modificados unilateralmente por el presidente Trump. Sin embargo, Se prevé que el impacto económico inmediato de los aranceles sea limitado, dado que las nuevas tasas son similares al arancel global del 10% que ya estaba en pie.
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