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Tanto abogados independientes como juristas vinculados a la oposición cuestionaron la ley que aprobó el oficialismo para liquidar Pluna, ya que a su juicio modifica el sistema de concursos vigente para lograr que el Estado cobre primero pese a que se perjudicará a los demás acreedores.
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Bordaberry escribió en una columna publicada en la red social Facebook que “el verdadero objetivo que persigue el gobierno” con la aprobación de la ley para liquidar Pluna “puede ser cobrar el crédito que tiene el Estado antes que lo hagan los trabajadores y los otros acreedores”.
El senador colorado explicó el orden en que se paga a los acreedores según la ley de concursos.
“Primero, cobran los que tienen hipoteca o prenda. Segundo, los trabajadores y los impuestos. En tercer lugar, los quirografarios (todos los otros acreedores, menos los llamados subordinados). Por último cobran los subordinados”, enumeró.
“¿Quiénes son los subordinados? —prosiguió— Los que tienen una relación especial con la persona en concurso”. Entre ellos, “los socios con responsabilidad limitada que posean más del 20% del capital social”.
Aunque Pluna Ente Autónomo, que representa al Estado, tiene hipoteca sobre los aviones, también posee el 25% de las acciones de Pluna SA, por lo que, a juicio de Bordaberry, su crédito es subordinado. En ese caso, “el juez del concurso debe cancelar las hipotecas o prendas que el deudor hubiera otorgado a su favor”.
“Por ende el Estado tiene que esperar para cobrar a que primero cobren los trabajadores y todos los otros acreedores”, sostuvo.
En cambio, “el resultado de esta ley será que el gobierno se asegura el cobro de su crédito dejando por el camino a los trabajadores, a los que compraron pasajes y a los proveedores”.
El abogado Fernando Cabrera, especialista en procesos concursales y responsable jurídico de la Liga de Defensa Comercial, explicó que al requerirse que los trabajadores cedan sus créditos laborales al Estado para poder cobrar la compensación prevista por la ley, “cuando se vaya a pagar queda ubicado como si el Estado fuera el trabajador”.
“El Estado queda como un crédito privilegiado, o sea que va a cobrar primero como si fuera un trabajador”, afirmó.
El abogado Ignacio de Posadas, que integró el último gobierno del Partido Nacional, también criticó el sistema diseñado para liquidar Pluna en una columna publicada el sábado 14 en “El País”.
Sostuvo que el “invento” de crear “una norma ad hoc” viola “la esencia de la ley” y “el principio de igualdad”, ya que Pluna recibirá “un trato distinto al resto del Uruguay”, lo que “dará pie a un diluvio de reclamos”.
El gobierno presentó el lunes 9 la solicitud de “concurso voluntario” de Pluna SA ante la Justicia, según informó “La República” el martes 17. En el documento figura un pasivo de U$S 357 millones y un activo de U$S 346,5 millones. Una de las constataciones que aparecen ahí es que la empresa Leadgate incrementó en U$S 27,6 millones el valor de sus activos mediante “tasaciones independientes” sobre el precio de mercado de sus aviones para “mejorar” la situación de Pluna.
La jueza ordenó la apertura del concurso y convocó a la Junta de Acreedores para el 12 de noviembre.
