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El ministro de Seguridad de El Salvador expuso en el Mercosur el modelo de Bukele contra el crimen organizado
Gustavo Villatoro fue el invitado especial en un encuentro oficial de ministros del Interior, del cual participó Carlos Negro
El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una visita realizada en enero al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.
“Es nuestro socio, nuestro amigo. Hizo un vuelo muy largo para explicar cómo redujo al 97% la violencia en El Salvador”. Las palabras fueron de Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay y anfitrión el mes pasado de un encuentro del Mercosur en Asunción. La referencia fue a Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador.
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Designado en ese cargo en 2021 por el presidente Nayib Bukele, Villatoro está a cargo de la estrategia salvadoreña en seguridad pública, que se ha vuelto discutida a escala global por una caída histórica en los índices de delitos, especialmente los homicidios, a partir de detenciones masivas y un fuerte despliegue policial y militar. Mientras el gobierno atribuye los resultados a la recuperación del control territorial y al combate directo a las pandillas que dominaban las calles del país, organizaciones de derechos humanos denuncian que la política se basa en detenciones arbitrarias, acuerdos con grupos criminales y restricciones a las garantías constitucionales.
Villatoro fue el invitado especial de la reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur realizada el 29 de mayo con la presencia de una delegación uruguaya encabezada por el ministro Carlos Negro. De acuerdo con el acta del encuentro, a la cual accedió Búsqueda, Villatoro “presentó las principales acciones desarrolladas en materia de seguridad pública para combatir la criminalidad organizada y los delitos violentos, destacando el fortalecimiento institucional, la incorporación de tecnología y los resultados alcanzados en la reducción de los índices delictivos”.
Ministros y autoridades de seguridad pública de países miembros del Mercosur y estados asociados, durante la reunión del bloque realizada en Asunción.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
La invitación del jerarca salvadoreño correspondió al gobierno de Paraguay, que mantiene hasta el 30 de junio la presidencia pro tempore del bloque. Los temas debatidos en la reunión giraron en torno al crimen organizado, lo que explica tanto la presencia de Villatoro —por la experiencia de El Salvador en el combate a grupos de ese tipo— como el hecho de que la apertura estuviera encabezada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien en su discurso señaló que “la única forma de combatir al crimen organizado es con gobiernos organizados”.
Fuentes que participaron del encuentro afirmaron que, sobre el final de su ponencia, Villatoro reiteró la disposición del gobierno salvadoreño de compartir medidas y buenas prácticas con otros países interesados en conocer las estrategias aplicadas en el país.
“Para nosotros, para el gobierno del presidente Bukele, ha sido un honor poder estar acá y compartir un poco las experiencias de lo que hemos hecho, mostrar cómo hemos logrado transformar un país a través de políticas firmes y valientes en materia de seguridad”, indicó el ministro en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Mercosur.
Luego se refirió a los cuestionamientos sobre esa política: “Teníamos claro que no iba a ser fácil. Tuvimos muchas muchas voces disonantes que nos atacaban, no por El Salvador, que es un país pequeño, sino por el ejemplo que estábamos dando de mostrarle a cualquier país, pero especialmente a nuestra querida América Latina y a Sudamérica, que sí se puede derrotar a las organizaciones criminales, devolverle la seguridad a la gente y recuperar el control del Estado. Datos y no relatos son los que tienen la capacidad de transformar un país”.
En la misma línea se expresó Riera, el ministro paraguayo, quien dijo que Bukele tiene “más del 97% del apoyo ciudadano porque resolvió el problema” que más afecta la vida de los salvadoreños. “Son datos que a veces matan relatos. No son cifras livianas, y no es poca cosa y no es algo tan simple ni tan sencillo, como algunos quisieran pensar, de hacer una cárcel grande para meter a todos los malos”, indicó.
El modelo de Bukele en seguridad ha causado elogios y críticas dentro de un debate internacional que continúa y que incluso abarca a Uruguay. El año pasado, entrevistado por Búsqueda, el presidente Yamandú Orsi afirmó que El Salvador “es el ejemplo de un proceso para analizar”. Sus declaraciones provocaron revuelo en el sistema político uruguayo, entre apoyos, reclamos e interpretaciones. El presidente aclaró posteriormente que sus dichos no significaban un respaldo al modelo de seguridad de El Salvador, sino que pretendía instalar la discusión sobre la necesidad de que Uruguay atienda los reclamos de la población y adopte una postura más firme frente al narcotráfico.
El pedido de Uruguay en el Mercosur
Además de Riera, Villatoro y Negro, del cónclave del Mercosur en Asunción participaron Wellington César Lima e Silva, ministro de Justicia de Brasil; Cornelia Schmidt-Liermann, directora de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina; y autoridades de ministerios del Interior de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, en su condición de Estados asociados.
Los ministros firmaron una declaración donde manifestaron su voluntad de identificar y combatir aquellas organizaciones con actividades vinculadas al crimen organizado transnacional, el negocio criminal, el lavado de activos, el encubrimiento, el apoyo logístico o de inteligencia o el apoyo político, entre otros. En el texto, propusieron además “coordinar acciones tendientes a infligir el mayor daño posible a las estructuras criminales, llevando a los actores ante la Justicia y direccionando la recuperación de activos que promuevan el desarrollo de las personas, en particular los más vulnerables, con particular énfasis en cuestiones relacionadas a la educación y la salud”.
Previo a esta declaración, durante su intervención, la delegación de Uruguay destacó que el crimen organizado transnacional constituye uno de los principales desafíos para la seguridad regional, debido a su capacidad de adaptación, diversificación de actividades y aprovechamiento de las brechas de coordinación entre los Estados. En ese sentido, subrayó la necesidad de transformar los compromisos políticos en acciones concretas que fortalezcan los mecanismos de cooperación regional, el intercambio seguro y oportuno de información y las capacidades institucionales de los países.
